El pasado 9 y 10 de febrero se llevó a cabo en Bogotá el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, que reunió a más de 170 organizaciones de todo el país pertenecientes a sectores indígenas, campesinos, afros, estudiantiles, sindicales, sociales y políticas. Su principal conclusión fue la hora cero del paro cívico nacional para el próximo jueves 25 de abril.
Colombia atraviesa una profunda crisis social y económica. Para el año 2017, el 26.9% de la población colombiana se encontró en la pobreza (1), lo que significa que más de 13 millones de colombianos/as ganan menos de $250.620 mensuales. Además, la tasa de desempleo en el país creció al 12.8% para el año 2019, lo que traduce que 3.1 millones de personas se encuentran sin trabajo. Lo anterior sin contar con que de las 21.6 millones de personas ocupadas, el 75% se encuentran empleadas informalmente.
Pero eso no es todo. Colombia presenta una alta desigualdad en la propiedad de las tierras, como lo muestra el índice Gini de 0.92 en la concentración de tierras para el 2018. Colombia presenta una gran crisis humanitaria y de derechos humanos que se sintetiza en los más de 130 líderes y lideresas asesinadas en lo que va del gobierno de Iván Duque y un total de 584 líderes sociales asesinados (2) del 1 de enero de 2016 al 9 de febrero del 2019. Ah, y no podemos olvidar el golpe propinado al proceso de paz con la objeción de Duque a varios de los artículos medulares de la justicia transicional que garantizaban verdad a las víctimas.
En este contexto, el pasado 17 de junio del 2018 quedó electo Iván Duque con 10 millones de votos. Su gobierno de derecha imprimirá toda su política neoliberal en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que cursa trámite en el Congreso de la República para su aprobación y que contiene una agenda contra los acuerdos de paz, el trabajo, los derechos fundamentales y la vida. Hoy las organizaciones sociales y políticas del país pretenden hacerle frente a este plan de muerte por medio del paro cívico
¿Qué es un Paro Cívico Nacional?
El paro o la huelga general se han constituido históricamente como el instrumento más poderoso de movilización social, debido a la presión económica que logra ejercer sobre los gremios económicos, las multinacionales y el gobierno, para los cuales el único lenguaje que parecen entender son las millonarias pérdidas por un día de paro y la desvalorización de sus acciones en las bolsas de valores.
“El PCN fue concebido y preparado como una huelga nacional de trabajadores, que podía contar con el apoyo de los pobladores de los barrios populares, en donde el aspecto central sería el paro en el aparato productivo, sin embargo, lo que ocurrió fue un gigantesco estallido de los sectores populares urbanos, en la mayoría de los casos sin coordinación de los comités de paro o de las organizaciones de izquierda” (Molano, 2010).
El paro cívico nacional más contundente que se ha dado en Colombia fue en septiembre de 1977, que fue alimentado previamente por paros cívicos municipales, regionales y sectoriales (estudiantes, campesinos, sindicatos y sectores populares, etc.), una de las principales características fue el estallido popular en las ciudades, la participación de las juntas de acción comunal alrededor de exigencias como los servicios públicos y mejores condiciones de vida, uno de los pliegos de exigencias de este paro cívico que expresó la CSTC y la CGT al presidente de turno fue (3):
1. Aumento general de salarios en un 50%.
2. Congelación de precios y tarifas.
3. Levantamiento del estado de sitio.
4. Reapertura y desmilitarización de las universidades.
5. Plenos derechos sindicales para los trabajadores del Estado.
6. Tierra para los campesinos y cese de la represión en el campo.
7. Jornada laboral diaria de 8 horas y salario básico los trabajadores del transporte.
8. Abolición de los decretos de reorgánicos del ICSS lesivos para los usuarios y trabajadores de la entidad.
Pliego de exigencias nacional
Los elementos de unidad que podría contener el pliego de exigencias del movimiento social a presentar y pelear en la calle el próximo 25 de abril contendría varios elementos que emanan de experiencias de unidad y lucha:
1. Pliego de exigencias radicado por las organizaciones sociales el 9 de marzo del 2016 al presidente Juan Manuel Santos.
2. Declaración política del encuentro de organizaciones sociales y políticas 9 y 10 de febrero 2019.
3. Documento político minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz del suroccidente.
4. Declaración política de la UNEES de emergencia B.
Como resultado de la compilación tenemos:
1. Protección de la vida y la paz: parar los asesinatos a los y las lideresas sociales, compromiso expreso a respetar los acuerdos de paz de La Habana y continuar la agenda suscrita entre el gobierno y el ELN.
Elementos políticos adicionales: i) Compromiso con la JEP tal y como emano del acuerdo del Teatro Colón. ii) exigir que Iván Duque reactive la mesa de negociación con el ELN. iii) Desmonte del paramilitarismo. iv) investigaciones prontas y resultados de autores materiales e intelectuales en asesinato a líderes.
2. Desarrollar un programa estructural con medidas de emergencia para el pueblo guajiro y otros más donde la hambruna y la muerte de la niñez, es una vergüenza para Colombia.
3. Cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y las diferentes organizaciones representativas de los trabajadores, pensionados, campesinos, afros, estudiantes, indígenas, transportadores y empleados agrarios.
4. Frente a la carestía de la vida, demandamos alza general de los salarios y del subsidio de transporte, con equidad salarial para las mujeres y reducción de las tarifas de los servicios públicos y el transporte urbano. Disminución del costo de la canasta familiar y el establecimiento de mínimos vitales en los servicios públicos. Frenar los desalojos forzados producto de Planes de Ordenamiento no consultados con las poblaciones urbanas.
5. Defensa del patrimonio público, especialmente Ecopetrol (construcción del PMRB, no a la venta de las filiales ni al cierre de campos petroleros) y las empresas públicas territoriales, entre otras: Aseo, ETB, EAAB, EEB, Emcali y la participación del Estado territorial en ISA, Isagen.
6. Evaluación y revisión de los Tratados de Libre Comercio. Defensa de la producción nacional, tanto agropecuaria como industrial, mediante mecanismos arancelarios, tributarios, financieros, condonación parcial de deudas y rebaja de intereses para los productores agropecuarios, entre otros. Rechazo a la importación de alimentos con arancel cero y el desmonte de las licoreras.
7. No a la privatización de la salud y la educación a cargo del Estado, y demandamos incremento presupuestal para estos sectores. Dignificación de la salud de los y las docentes y pago de deudas laborales. Reforma Universitaria democrática y concertada, y la condonación de deudas de estudiantes con el Icetex y el fortalecimiento presupuestal del Sena.
Elementos políticos adicionales: la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES) definió: i) Exigir reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30, en aras de un sistema adecuado de financiación asumido por el Estado. ii) reforma al icetex que tienda a la democratización y a reasignar utilidades a la base presupuestal de las IES públicas. iii) Reforma al Sistema General de Regalías. iv) Plan progresivo de pago de la deuda histórica del Estado al Sistema Universitario Estatal.
8. Promoción del empleo en condiciones de trabajo digno y decente, política de formalización laboral y ampliación de las plantas de personal en el sector público y privado, con quienes cumplan funciones permanentes y misionales, así como la protección del derecho al trabajo y acceso al espacio público para los informales.
9. Promover un ordenamiento territorial con base a la protección del medio ambiente, el agua como un derecho humano fundamental y los ecosistemas estratégicos esenciales para la vida. Exigimos la moratoria minera, los acatamientos a los fallos de la Corte Constitucional, la consulta previa vinculante y decisoria para los proyectos minero-energéticos y prohibirlos en los cascos urbanos.
Elementos políticos adicionales: i) protección a la fauna y flora del país ii) prohibir la explotación animal para todo tipo de negocio y acto de entretenimiento público iii) clínicas veterinarias públicas.
10. Reducción de los precios de los combustibles y congelamiento de peajes, así como también, impedir la cesión de corredores viales.
11. La reforma tributaria no puede ser de carácter regresivo, por consiguiente, exigimos se elimine las exenciones tributarias a las multinacionales y grandes empresas otorgadas en ley de financiamiento, se reduzca el IVA, no se amplié su base gravable, ni se impongan cargas tributarias a la clase trabajadora y pensionados, y se elimine el 4x1000.
12. Defensa de la tierra y los territorios para la producción agropecuaria del campesinado y el reconocimiento de sus derechos. Fortalecimiento de la economía propia. Sustitución concertada y gradual para los pequeños productores de cultivos de uso ilícito.
13. Fortalecimiento de las autonomías y gobiernos propios de indígenas, campesinos y afrodescendientes: i) Derecho propio de los pueblos indígenas y derecho consuetudinario del campesino y demás sectores populares. ii) Reconocimiento del campesinado como sujeto de Derechos. iii) Guardia indígena, campesina y cimarrona.
14. Garantía plena de los derechos humanos, libertades sindicales y no criminalización ni judicialización de la protesta social y reparación colectiva. Desmonte del Esmad. Eliminar el componente obligatorio del servicio militar.
15. Fortalecimiento del régimen de Prima Media (Colpensiones) y no realizar modificaciones o reformas al régimen pensional que busque reducir el tiempo de cotización o la tasa de recuperación. pleno reconocimiento de los derechos prestaciones de militares y policías en retiro.
16. Disminución de la tasas de interés de referencia del banco central, disminuyendo la especulación financiera, protegiendo al sector de la economía solidaria (cooperativas, cajas de compensación).
17. Definir una política pública concertada de lucha contra la corrupción y la impunidad, que tenga en cuenta el fortalecimiento de los órganos de control y la justicia. Elementos políticos adicionales: Incorporar por decreto presidencial las 7 propuestas de la consulta anticorrupción en el ordenamiento nacional. ii) Exigirle la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez. iii) Adelantar una investigación imparcial de los casos de corrupción del fiscal cuando fue asesor de Corficolombiana para Sarmiento Angulo.
18. Compromiso del gobierno de Iván Duque de no intervenir política, militar o económicamente en las decisiones soberanas de Venezuela y rechazar la posible intervención militar de los Estados Unidos en la república Bolivariana de Venezuela.
19. Mayor protección a las mujeres y las diversidades de género: Establecer una ruta nacional efectiva de atención a violencias basadas en género, rechazar como política de Estado los feminicidios y los transfeminicidios.
Ahora bien, el paro cívico nacional del 25 de abril se realizará en el marco de un gran acumulado de movilización: el paro nacional estudiantil que se extendió hasta los primeros días de 2019; la minga social del suroccidente que ha recogido departamentos como Cauca, Valle, Nariño, Chocó, Putumayo, Huila y que se proyecta como minga Nacional; la negociación de las distintas convenciones colectivas de todos los sindicatos y centrales obreras del país, que tienen hoy por ejemplo al Magisterio en paros escalonados, y un gobierno que pese a toda la movilización social ha seguido adelante con su PND de muerte, que tiene plazo de ser aprobado hasta el 7 de mayo según los artículos 314 y 25 de la ley 152 de 1994.
El paro implica bloquear la circulación del capital, por lo tanto bloquear las principales vías del país, como autopistas, entradas a puertos marítimos, aeropuertos, dejar sin comunicación a multinacionales, empresas e instituciones estratégicas para el Estado, etc. El inicio del paro debe tener por objetivo lograr el apoyo generalizado de la opinión pública, para esto debe lograr articular las redes sociales, los medios de comunicación alternativa y los hackers activistas como forma de lograr socializar las demandas y exigencias entre la población colombiana.
Pero además del clásico bloqueo de vías, es necesario explorar otras formas efectivas de boicot económico; la protesta en días pasados que se hizo contra Sarmiento Angulo en redes sociales por su participación en el escándalo de corrupción Odebrecht, generó una campaña de desafiliación a los bancos del grupo Aval y el cambio de las cotizaciones en pensión de Porvenir (propiedad de éste multimillonario) a Colpensiones, lo que generó una caída del 4.03% de la cotización de sus acciones en la bolsa de Nueva York y una pérdida neta de US$ 1.000 millones; el paro por lo tanto debe impulsar una campaña comunicativa y en redes sociales como instrumento de presión contra los principales conglomerados económicos que han afectado al país y que se han evidenciado en escándalos de corrupción; una campaña que implique promover el retiro del dinero en efectivo de todos los usuarios de estas entidades financieras en cuestión, vaciar sus cuentas en una fecha y hora cero determinada, al igual que la desafiliación masiva de estas entidades financieras: bancos privados, aseguradoras, intermediarias financieras, etc.
En Colombia, solo 1.424.048 personas se encuentran sindicalizadas (4), es decir el 3.1% de la población total colombiana que hoy comprende 45.5 millones de personas, según el censo poblacional del DANE 2018. La estructura social en Colombia es urbana, para el año 2018 el 77.8% de la población colombiana se encontró asentada en ciudades (5) y cabeceras municipales, y tan solo el 15.1% en el sector rural. Otra característica es que de los 45.5 millones de colombianos el 51.4% son mujeres y el 48.6% hombres, poblacionalmente el 68.3% se encuentra en la población productiva que se ubica entre los 15 y 64 años: La organización del paro cívico tendrá que tener en cuenta estas particularidades poblacionales, es decir esté paro debe ser protagonizado principalmente en las ciudades por los barrios populares, con efectiva participación de las mujeres que se encuentran en la población productiva, sin dejar a un lado los otros factores decisivos.
El 25 de abril es la hora cero de un paro nacional que busca modificar e incidir en la planeación y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, frenando la política económica de muerte y promocionando el pliego de exigencias de los sectores sociales y populares. Sin embargo, el carácter cívico del paro nacional solo lo dará la historia según las circunstancias de los acontecimientos, la cual tiene una estrecha relación con la adecuada interpretación de la voluntad nacional de quienes hoy promovemos un paro de la producción generalizada. Se debe entender que esta jornada de movilización va más allá de lo reivindicativo, se enmarca en un pulso de dos modelos opuestos de país.
(1) Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2017.
(2) Declaración política del encuentro de organización sociales y políticas del 9 de febrero de 2019.
(3) Frank Molano Camargo. 2010. El Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977 en Bogotá. Comunidades de Investigación.
(4) Censo Sindical 2017, Ministerio del Trabajo: CUT, CGT, CTC, CNT, CSPC y CTU.
(5) Censo nacional de población y vivienda, Dane. 2018.
