Uno de los mayores perjuicios que deja el agudo enfrentamiento entre el gobierno y los maestros es haber desperdiciado la oportunidad de trabajar juntos en favor de una mejor calidad de la educación.
El errático manejo del paro por parte de la ministra Parody, pretender apagar un incendio con gasolina, equiparable al “tal paro campesino no existe”, ha causado un grave daño a los propósitos y metas educativas del presidente Santos. Independientemente del resultado de las negociaciones que mantiene el gobierno con Fecode, el que más perdió es el gobierno nacional y particularmente la ministra Gina Parody. Un paro que se hubiera podido evitar si el gobierno hubiera cumplido con la palabra empeñada en la campaña electoral y atendido con seriedad las peticiones de los maestros durante los casi dos meses de negociaciones que precedieron al paro.
Tanto el presidente Santos como la ministra Parody nunca se tomaron en serio las demandas de Fecode y su capacidad de movilizar al magisterio. El presidente Santos no solo incumplió los acuerdos que había firmado en septiembre del 2013, también incumplió los acuerdos pactados con el magisterio en la campaña presidencial. Un respaldo que no fue de poca monta, si se tiene en cuenta que por primera vez en sus 60 años de existencia Fecode y el magisterio habían tomado la decisión de votar por un candidato que no fuera de izquierda.
La pérdida de respetabilidad y credibilidad de la ministra ante el magisterio y buena parte de la opinión pública es evidente. Parody no tiene hoy el liderazgo, la respetabilidad y la credibilidad necesarios para lograr el apoyo del magisterio al propósito de mejorar sustancialmente la calidad la educación y “convertir al país en el más educado de América Latina”.
Ninguna política de transformación de nuestro sistema educativo será posible sin el concurso del magisterio. El sinnúmero de reformas que se han intentado adelantar sin contar con los maestros han terminado en mediocres resultados. Es hora ya de que las políticas educativas de Estado abandonen el esquema estrecho y mezquino de un patrón que ordena y dispone a su leal saber y entender, y unos trabajadores que simplemente deben obedecer y preocuparse solo por su salario y prestaciones sociales.
Los maestros no son simples asalariados, son profesionales de la educación que tienen en sus manos la insustituible tarea de educar y enseñar. Como lo ha señalado el científico Rodolfo Llinás “los maestros son personas que no son tan respetadas como deberían ser. En el resto del mundo un maestro de escuela es una persona importante, que les está enseñando a nuestros hijos a pensar; en Colombia es como si los maestros fueran simplemente cuidadores de niños. Es un problema social no reconocer a los docentes”.
La educación pasa por los maestros. La manera como ellos hagan su labor es determinante en los resultados de su calidad. Pero su actividad profesional debe ser respaldada antes que vigilada y supervisada unilateralmente. Las relaciones no pueden estar basadas en la desconfianza de su quehacer en el aula, ni en la vigilancia y evaluación punitiva. Lo que se requiere es una relación de apoyo mutuo, de empujar en el mismo sentido en favor de la transformación de la educación y el mejoramiento de su calidad y pertenencia.
Uno de los motivos centrales del actual paro es la evaluación de los docentes. Nadie pone en duda la necesidad y conveniencia de contar con un sistema de evaluación. El problema radica en que el gobierno persiste en utilizar la evaluación como una talanquera con propósitos meramente fiscalistas y presupuestales. La prueba de competencias para ascenso en el escalafón que se aplica a los maestros nuevos, de conformidad con el Estatuto Docente contenido en el Decreto-Ley 1268 de 2001, la superan muy pocos docentes y muchos de los que la superan no pueden ascender porque el presupuesto previsto no alcanza. Esto es lo que los maestros califican como una medida típicamente fiscalista. De esta manera el ascenso en el escalafón, que debiera ser un mecanismo para mejorar el salario y la calidad de la educación, resulta siendo una farsa.
Los problemas de calidad de la educación solo se resolverán aplicando una estrategia integral que contemple la atención de todos los factores asociados a la baja calidad, comenzando por la alimentación y salud de los niños y las niñas, el estado del hábitat escolar, el tiempo de duración de la jornada escolar y la dotación de textos. La misma afirmación vale con respecto a la calidad de los maestros, que depende primero que todo de la formación inicial y permanente que reciban y por supuesto de la remuneración y trato que el Estado les dé.
Si el gobierno y Fecode tienen la voluntad política de resolver el problema de la evaluación deberían ponerse de acuerdo para realizar una evaluación inicial que no tenga ningún propósito punitivo ni sea condición para ascender en el escalafón o determinar los incentivos al magisterio. Una evaluación que permita tanto al Ministerio de Educación como a Fecode establecer cuál es el estado actual del desempeño profesional de los docentes, cuáles son sus métodos y prácticas de enseñanza, cuál es su nivel de actualización en las disciplinas que enseñan. Una evaluación que le diga al país cuál es el estado actual del ejercicio profesional de los educadores, cuáles son las fortalezas del magisterio, así como sus debilidades y falencias. Una evaluación de este tipo debe contar con el concurso de las universidades públicas como garantes de la objetividad e imparcialidad en el diseño y realización de las prueba.
Una evaluación diagnóstico no punitiva permitiría sentar las bases para de común acuerdo establecer un sistema de evaluación que incluya tanto los estímulos y reconocimiento al buen desempeño de los maestros, como estrategias para apoyar a los que obtengan bajos resultados, y por supuesto un sistema de sanción a quienes den muestras reiteradas de incompetencia profesional y bajo desempeño en su labor docente.
Resuelto el paro, tanto el Ministerio como Fecode deben aunar esfuerzos para reconstruir la confianza, superar las heridas causadas por el paro y encaminar las energías del Estado y los maestros en torno a un propósito educativo común.
Fecode y el conjunto del magisterio tienen la inmensa responsabilidad de demostrarle al país que su lucha no tiene un fin meramente salarial o reivindicativo, sino que también están comprometidos con la suerte y calidad de la educación. Demostrar que su lucha no es por unos pesos de más, sino por lograr una transformación y mejoramiento de la calidad de la educación, y que en este propósito está dispuesto y es capaz de aunar esfuerzos con el gobierno para lograrlo.
