De frente al próximo cambio de Gobierno en la rama Legislativa y el poder Ejecutivo en Colombia, dada la movilización social y los escaños obtenidos por las fuerzas progresistas en nuestro país, la administración del presidente Duque acelera e intensifica la consolidación de la política minero-energética de corte corporativo mediante la exploración, concesión y explotación de los bienes naturales del país, empeñándolos y dejando maniatado al Gobierno entrante para realizar cambios al respecto.
Esta estrategia se basa en la entrega total de los bienes de la nación al capital transnacional, mediante la estructuración de diversos mecanismos de concubinato entre el Estado, las empresas minero energéticas y, en no pocos escenarios, la acción coercitiva en los territorios contra las comunidades.
Es por ello que, desde el Ministerio de Minas y Energía, en asocio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Minería y de Licencias Ambientales, han desplegado una sinergia única para agilizar los procesos de explotación de fracking, proyectos de energía eólica y de minerales fundamentales para la transición energética corporativa.
Es necesario recalcar que el ideal de la actual administración es posicionar a Colombia como el tercer exportador de cobre en Latinoamérica, después de Chile y Perú, cuestión que sin lugar a dudas enfrenta las vocaciones agropecuarias, ecosistémicas y culturales que existen en la nación en relación a su geografía.
En busca de ese objetivo, la administración Duque hace ingentes esfuerzos por tramitar rápidamente las licencias, solucionar lo que llaman “cuellos de botella”, diversificar la canasta minera y desplegar un discurso en medios de comunicación enfocado en ocultar los daños ambientales, económicos y sociales de las actividades extractivas.
Lo mismo sucede con el tema petrolero: el año pasado ofertaron los bloques o áreas susceptibles de explotación en la llamada Ronda Petrolera e impusieron la explotación de fracking en la Sabana de Torres por medio de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, cuestión que va en total contravía de la voluntad de los pobladores de Puerto Wilches y de las múltiples alertas pronunciadas por la academia.
Ahora bien, la actual administración se ha empeñado en construir lo que llama ‘Áreas Estratégicas Mineras’ como forma aglutinante para ofertar de manera masiva los títulos mineros.
Este ejercicio viene acompañado de ‘Rondas mineras’ para la exploración y explotación de oro, cobre, carbón y materiales de construcción, como minerales vanguardia de dicha canasta.
Con ello buscan tener una posición de privilegio en la obtención de las licencias aunado a un despliegue de identificación geológica que permita integrar las nuevas zonas mineras, esto con el apoyo del Servicio Geológico Nacional, entidad que rastrea, ubica y sistematiza todo por medio de un sistema integrado de información, con el fin de ampliar la frontera minera del país.
Plantón realizado el 8 de abril de 2022: Manifestantes hacen un llamado urgente a la Corte Constitucional para que emita una medida provisional que evite la destrucción del cauce del arroyo Bruno, en La Guajira.
Por otro lado, el licenciamiento dado a la explotación del arroyo Bruno en la Guajira (a pesar de la Sentencia SU698 de 2017 de la Corte Constitucional que busca proteger los derechos colectivos y ambientales del pueblo Wayuu), permitiendo ahondar en la perpetuación del despojo histórico de los indígenas a costa de la empresa Cerrejón.
De igual modo, presentaron como avance la política corporativa de transición energética formulada en el CONPES 4075, la cual (contrario a lo prometido) asegura la explotación minera de carbón, cobre y la instalación de plantas de energía eólica en territorio continental y marino.
En tal sentido, el panorama a 5 meses del final de la administración de Duque nos sorprenderá con nuevas noticias nefastas, razón por la cual hacemos un llamado a estar vigilantes para asegurar la protección integral de los territorios y las comunidades.
