A pesar de que el Fondo de Vigilancia de Bogotá que operó durante la alcaldía de Gustavo Petro fue liquidado y en su remplazo creada la Secretaría de Seguridad liderada por Daniel Mejía aún quedan varios cabos sueltos en la contratación de esa entidad que son materia de investigación en la Fiscalía. Uno de esos contratos que tiene enredado judicialmente al exdirector Mauricio Solano es el numero 620 por más de $30 mil millones suscrito con la firma Verytel con el fin de instalar un sistema de video y cámaras en la ciudad. Éste se habría ejecutado con irregularidades y aunque el tema no lo involucra penalmente al exalcalde Petro si puede significarle un alto costo político.
De las 570 cámaras que debería tener la ciudad solo 300 de ellas están en funcionamiento. El subsecretario de seguridad Daniel Mejía es consciente de la precaria situación y pondrá en marcha primera etapa del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) que dotará a la ciudad con más de 4 mil nuevas cámaras, muchas de las cual serán instaladas en la intervenida zona del bronx en el centro de Bogotá.
