Lo primero que debo decir es que el próximo domingo votaré con entusiasmo en Bogotá para alcaldía por Clara López y para Concejo Distrital por Yezid García Abello.
Sin embargo, considero casi una obligación presentar por adelantado mi punto de vista sobre lo que posiblemente ocurra. Tengo la convicción de que el analista debe hacer el esfuerzo de anticiparse a los acontecimientos, prever lo que puede ocurrir, identificar los antecedentes y las causas, y poder así, posteriormente y de acuerdo a los resultados, reafirmarse o corregir con base en lo que suceda. No me gusta llover sobre mojado ni llorar sobre leche derramada.
No deseo ser ave del mal agüero ni actuar como Casandra ante el desastre. Sé que un día antes de las elecciones una simple opinión no va a cambiar la decisión de la gente. Por eso espero que no vaya ocurrir como en el remoto pasado que ante una situación de fracaso, se elegía un chivo expiatorio que casi siempre era al mensajero o el pregonero, para calmar a la comunidad y conseguir que los causantes de la situación ocultaran su responsabilidad.
Todo parece indicar que el próximo 25 de octubre finaliza el período de tres gobiernos de izquierda en Bogotá. Ese ejercicio político-administrativo es parte del ciclo de gobiernos progresistas que en Latinoamérica se inició con Chávez en Venezuela en 1999, seguido de lo ocurrido en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Ecuador.
Los antecedentes de este acceso de fuerzas democráticas y de izquierda a los gobiernos de diversos países de Sudamérica y de algunas ciudades importantes, fueron las grandes y poderosas movilizaciones contra el Consenso de Washington y su modelo neoliberal que protagonizaron los trabajadores, indígenas y campesinos, y los habitantes de las barriadas populares de las ciudades de esta región. Sin ese antecedente ello no hubiera sido posible.
La pregunta es… ¿el descalabro de la izquierda en Bogotá será el inicio del fin del ciclo progresista en toda América Latina? Sabemos que Colombia casi siempre se ha adelantado en todo pero no ha logrado “coronar” y consolidar los procesos de cambio. Recordemos que la Constituyente de 1991 fue precursora de los procesos constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Ahora, por eso nos preguntamos… ¿nos estamos adelantando también en la derrota de los gobiernos progresistas?
Las elecciones locales en Bogotá
Sabemos, porque lo hemos comprobado desde la década de los años 90s del siglo pasado (XX), que un buen sector del pueblo bogotano es independiente. Esa independencia se expresó con la elección de Antanas Mockus en 1994 y 2000, y de Enrique Peñalosa en 1997. Luego, gran parte de ese electorado independiente giró hacia la izquierda en protesta contra las ejecuciones neoliberales y privatizadoras de esos gobiernos. Se eligió entonces, a Lucho Garzón en 2003, a Samuel Moreno en 2007 y en 2011, una parte de esa población se sostuvo en una posición de izquierda para elegir a Gustavo Petro, que ganó con un 32% de los votos ante la enorme división de la derecha.
Ese electorado premió a Petro por haber denunciado con valentía la corrupción del Cartel de la Contratación que con la complicidad de Samuel Moreno saqueó las arcas del Distrito Capital con el concurso de algunos concejales de los partidos de la U, el Polo, Cambio Radical y Liberal. Fue un triunfo minoritario que requería de una estrategia muy fina para poder revertir la mala imagen que había quedado de la administración polista de los hermanos Moreno.
Hoy la situación es similar a la de hace 4 años pero mucho más compleja. Las derechas se mantienen divididas pero no es tanta su dispersión como entonces. Los conservadores, Cambio Radical y un sector de los “verdes” se alinearon con Peñalosa. El liberalismo gavirista se alió con el partido de la “U” (santista) alrededor de Rafael Pardo, quien recibió a última hora el respaldo de otro sector de los “verdes”. El Centro Democrático de Uribe sostiene a Francisco Santos pero un sector de sus bases se ha ido desplazando hacia Peñalosa.
La izquierda finalmente terminó agrupándose alrededor de Clara López, la candidata del Polo Democrático Alternativo. Los Progresistas de Petro, la UP, Marcha Patriótica, otro sector de los “verdes”, MAIS y otros grupos pequeños, respaldan su propuesta. Sectores liberales de la “casa Samper”, la “casa López”, y algunas personalidades conservadoras también se han sumado a su candidatura.
A pesar de las positivas cifras de gestión que presenta el gobierno de la Bogotá Humana en materias sociales, la matriz de opinión que han logrado imponer los grandes empresarios, los poderosos contratistas, los políticos privatizadores y los dueños de los monopolios comerciales, usando con parcialidad y descaro los medios de comunicación privados, consiste en afirmar que la ciudad ha retrocedido enormemente en construcción de vivienda, movilidad y seguridad. Ha hecho carrera la idea de que Bogotá vive en caos y que sufre de falta de autoridad. El “partido de la desinformación” logró su primer triunfo.
Todo lo anterior ha logrado confundir a buena parte de la población bogotana. La campaña contra el denominado “castro-chavismo” que se confeccionó alrededor del proceso de paz y de la confrontación fronteriza con el gobierno de Venezuela, también ha hecho mella. Esa población que tiene un marcado carácter independiente, que es la que ha inclinado la balanza y decidido en las últimas cinco elecciones, se encuentra desconcertada, dispersa, algunos escépticos, otros desilusionados. Muchos se han separado de la izquierda. Algunos de ellos votarán por Pardo, quien se ha convertido en un factor aparentemente neutral pero que en últimas favorece a Peñalosa.
A ello se suma que Clara no logró “despartidizar” su propuesta. El gran frente social y de izquierda no mutó hacia una propuesta realmente ciudadana que, como lo ha planteado acertadamente Yezid García Abello, “combine creativamente la acción política de las viejas y las nuevas ciudadanías”. Dicho frente priorizó los acuerdos entre partidos y grupos “por arriba” pero no consiguió trasmitir un espíritu de participación ciudadana y comunitaria, única fórmula para impedir la corrupción y el burocratismo, y un ingrediente necesario para ganar las elecciones en la recta final de la campaña.
En ese punto es donde se conecta la experiencia bogotana de la izquierda progresista con los procesos de cambio de los gobiernos bolivarianos y progresistas de América Latina.
Los procesos de cambio de América Latina
Es indudable que el momento de auge democrático en los países sudamericanos que han elegido gobiernos como el de Lula y Dilma en Brasil, los Kichner en Argentina, Pepe Mujica y Tabaré Vásquez en Uruguay, la Bachelet en Chile, Chávez y Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo en Bolivia, está en declive. Ahora estamos empezando a vivir situaciones inéditas. Protestas manipuladas por las derechas pero con algunas razones evidentes. Corrupción incrustada en los “Estados Heredados” protagonizada por dirigentes de los partidos de gobierno.
En Brasil las protestas contra la realización del mundial de fútbol sorprendieron al mundo. Ahora se han hecho sentir grandes movilizaciones contra el gobierno de Dilma Rousseff por peculados en Petrobras. La imagen de Maduro en Venezuela no es la mejor y se corre el riesgo de perder las elecciones legislativas. En Bolivia el pueblo protagonizó una fuerte protesta contra el “gasolinazo” que el presidente Morales intentó aprobar y también, las comunidades indígenas amazónicas se movilizaron en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS). Y en Ecuador los indígenas y trabajadores del Estado han protagonizado diversas protestas e intentaron en 2015 realizar un paro nacional.
Del auge democrático hemos pasado a una situación paradójica de protestas e inconformidad popular, que así no sea todavía muy fuerte y profunda, debe ser una alerta para quienes se autodenominan los gobiernos de las organizaciones sociales, los trabajadores o la ciudadanía. Mucho más cuando las arcas estatales sufren por la caída de los precios del petróleo y de algunas materias primas.
La mayoría de los gobiernos le achacan esos brotes de protesta a la intervención imperial que utiliza ONGs y agencias gubernamentales de los EE.UU. como USAID u otras, a los complots oligárquicos que intentan desestabilizar a los gobiernos, y a la manipulación de los medios de comunicación privados. Sin embargo, es indudable que existen causas reales que justifican algunas de esas protestas.
Lo que nos interesa señalar es que existen problemas de fondo que afectan los proyectos políticos que dicen estar en camino del “socialismo del siglo XXI”. Dichos problemas deben ser identificados y resueltos para poder retomar el rumbo y el ritmo de las transformaciones estructurales que se requieren para poder satisfacer los anhelos de cambio de las grandes mayorías. Solo así se pueden profundizar los procesos democráticos para avanzar con certeza y coherencia hacia fases post-neoliberales y post-capitalistas.
Los problemas de fondo
Pareciera que la bonanza de los precios del petróleo y de las materias primas (commodities) hubiera hecho ilusionar a los gobernantes progresistas con la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de su población sin necesidad de realizar cambios drásticos en las relaciones sociales y productivas, en la estructura del Estado y en la forma como estamos relacionados con las metrópolis capitalistas (relaciones de dependencia y subordinación).
Una alianza con la burguesía tradicional o con burguesías emergentes para impulsar una especie de capitalismo “andino” o “latinoamericano” se ha ido fraguando a la sombra del progresismo. La idea es impulsar una política “desarrollista” que se convierta en el soporte de la integración regional y sirva para construir una verdadera autonomía económica. Sin embargo, las necesidades inmediatas, las presiones electorales y las contingencias coyunturales están obligando a financiar la supuesta independencia del imperio estadounidense con empréstitos e inversiones provenientes de otras potencias económicas como Rusia, China, Irán, India o el mismo Brasil, que ya actúa como sub-imperio.
En esa dirección la integración sudamericana y latinoamericana avanzaba con cierta dinámica. La creación de organismos multilaterales como MERCOSUR, UNASUR, ALBA, CELAC y otros, mostraba signos alentadores de que el ideal de la Patria Grande Latinoamericana se convertiría en una realidad. Pero el grave problema es que al frente de ese intento se mantiene la “hegemonía ideológica colonial y capitalista” y no se ven signos de que se realicen serios esfuerzos por diseñar y construir una Hegemonía Social de los Pueblos y los Trabajadores.
Lo que preocupa es que el modelo de desarrollo no se cuestiona para nada. El paradigma del progreso basado en el crecimiento económico sigue intocable, e incluso, la integración latinoamericana se proyecta sólo alrededor de la construcción de infraestructura (carreteras, vías férreas, oleoductos, etc.) para mejorar el intercambio comercial, mientras que la integración de los pueblos y los trabajadores para compartir nuevas experiencias en la visión y apropiación colectiva del territorio, de lo productivo, educativo, cultural, ambiental, comunicativo, etc., no se estimuló ni concretó en verdaderos proyectos conjuntos.
Lo que observamos es que una vez se evidencian las limitaciones económicas frente a la nueva ofensiva de los EE.UU. en el terreno económico, cada quien, cada gobierno o líder carismático, vuelve a su nación a resolver los problemas y a apagar los fuegos que empiezan a encenderse. Sabemos que el imperio estadounidense impulsa un nuevo tipo de guerra económica alrededor del control monetario. Los estrategas norteamericanos lograron diseñar una estrategia para conseguir un relativo auto-abastecimiento de combustibles fósiles utilizando la técnica salvaje del “fracking” y, con base en esa situación, han promovido la caída de los precios internacionales del petróleo y la revaluación del dólar. Ello incrementó exponencialmente la deuda pública de diferentes países, trayendo consigo crisis fiscales y económicas latentes en las naciones que dependen de la extracción de petróleo y de otras materias primas.
Hoy, los grandes proyectos de integración están aplazados. La política de “buenos vecinos” que diseñó Obama con Cuba, Venezuela y ahora, las FARC en Colombia, empieza a dar sus frutos. Ante la realidad de los hechos los gobiernos se ven obligados a realizar sus propios ajustes, muchos de ellos asumiendo la agenda de derecha. Sus economías absolutamente dependientes de los proyectos extractivistas, obligan a los gobiernos a ser más moderados en el tratamiento contractual e impositivo con las empresas transnacionales y –en ocasiones– a enfrentarse política y físicamente con comunidades que rechazan esos proyectos.
En esa dinámica los gobiernos progresistas y de izquierda realmente se han limitado a aplicar políticas asistencialistas principalmente en las áreas de la educación y la salud, replicando los planes y programas diseñados por el Banco Mundial basados en “subsidios condicionados en efectivo para poblaciones vulnerables”, se han reversado algunas privatizaciones, renegociado contratos con transnacionales, pero en lo fundamental, la esencia del neoliberalismo y del sistema capitalista no ha sido intervenido ni tocado.
Se argumenta que no existe la suficiente correlación de fuerzas para intentarlo. Pero, conectado con esa situación, el problema principal es la evidente incapacidad de impulsar procesos de organización social y ciudadana que les permitan a los pueblos y a los proyectos políticos del cambio, construir nuevos tipos de democracia “desde abajo”, que sirvan para acumular y consolidar la potencia popular organizada para sustentar cambios sustanciales.
Ni siquiera se han hecho esfuerzos por desarrollar procesos organizativos que nos permitan contrarrestar los vicios propios de un Estado Heredado, que por esencia es colonial y capitalista, burocrático e ineficiente, promotor de la corrupción y el despilfarro, y que en la actual coyuntura, por el contrario, se ha convertido en herramienta para cooptar y corromper a los dirigentes de las organizaciones sociales y de los partidos políticos de izquierda.
En el caso de Bogotá durante estos 12 años en esta materia no se ha avanzado gran cosa. Muchos dirigentes sociales se transformaron en funcionarios directos de la administración o en “gestores” y “agentes” de ONGs. Las alcaldías locales han reproducido las perversiones administrativas que se han incrustado en la administración distrital. El ideal del dirigente es ser edil, concejal o simple candidato para poder negociar y acceder a los contratos. La acción ciudadana, el control social, las veedurías comunitarias se quedaron en el discurso.
Y, de acuerdo a lo que nos informan desde otros países donde los movimientos denominados bolivarianos, ciudadanos, progresistas o “socialistas” administran el Estado Heredado, la situación es igual o hasta peor.
Necesidad de replanteamientos y nuevos paradigmas
Es indudable que se requiere un serio replanteamiento. Los gobiernos retroceden frente a las presiones del capital financiero y paralelamente, han desarmado y descuajado al movimiento social y popular que era su gran soporte.
En Colombia, en América Latina y en el mundo, se necesita repensar la estrategia. El sólo hecho de que las fuerzas de izquierda de la capital de Colombia estén enfrentando un debate electoral tan cerrado después de 12 años de gobierno, ya es una derrota.
Nota: Como no todo puede ser negativo, en el sur de Colombia tenemos un ejemplo interesante de continuidad de gobiernos alternativos. En el departamento de Nariño está asegurado el triunfo del candidato “verde” Camilo Romero. Él representa la continuidad familiar de una serie de luchadores demócratas y de izquierda, y a la vez, es la feliz secuencia de gobiernos progresistas desde 2001 cuando ganó la gobernación Parmenio Cuéllar en representación del PDI. Además en su programa de gobierno impulsa y reivindica la visión del “buen vivir” y de la economía colaborativa. Hay que aprender de dicha experiencia.
E-mail: [email protected] / @ferdorado
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