El incidente en la Comisión Primera de la Cámara, cuando Jesús Santrich, en una audiencia sobre circunscripciones de paz fue tratado de asesino por el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez, no hace sino recordarnos que el camino hacia la reconciliación en Colombia será largo y culebrero. Según Rodríguez, su hermano, militar, fue asesinado en Valledupar por las Farc.
En un contexto diferente, cuando en la Cámara de Representantes se aclamó en el 2004 a Mancuso, Isaza y Báez, brillaron, por solitarias, las protestas de Gina Parody y Rafael Pardo. En las barras, el futuro senador Iván Cepeda agitó una foto de su padre, asesinado diez años atrás por las autodefensas. Fue desalojado.
Considero que el acuerdo de paz con las Farc supera, de lejos, lo realizado entre el gobierno de entonces y los paramilitares. Sin embargo, las atrocidades de lado y lado dejaron cicatrices que no han sanado. En uno y otro caso hay víctimas que percibieron que no se impartió justicia. En el proceso actual, aunque el despliegue de la Justicia Especial para la Paz representa una oportunidad sin precedentes que, con certeza, contribuirá a la reconciliación, la foto al día de hoy es intolerable para algunos: ¿Cómo así que representantes de grupos que asesinaron parientes míos se pavonean en el Congreso?
Hay que dar una mirada a dos tipos de violencia distintos: la física y la simbólica.
La violencia física, de hecho, ha disminuido en Colombia. Sin embargo, la de carácter simbólico, la de las palabras, los gestos y las actitudes, está al rojo vivo. Podría, además, revivir la violencia física, la de los asesinatos y las desapariciones. Una razón para ello: algunas de las víctimas de lado y lado sienten que tienen toda la razón del mundo para odiar a los victimarios. Lamentablemente, ahí está el cuento nocivo: las víctimas de mi lado son las que pesan, las de los del otro bando son despreciables. Algunos políticos, en grado sumo de oportunismo, exacerban la violencia simbólica para obtener dividendos electorales.
La reducción de los indicadores de violencia física es un argumento serio para respaldar el acuerdo de paz con las Farc. Que la desmovilización de las Farc, la entrega de armas y material bélico se traduzcan en vidas salvadas de civiles, militares y guerrilleros, debería bastar para que la sociedad en su conjunto, incluyendo los partidos políticos de todo el espectro, se comprometieran en sacarlo adelante.
Para observadores extranjeros resulta inexplicable que haya tal grado de oposición a la puesta en marcha de los acuerdos, comenzando por el resultado del plebiscito del 2 de octubre del año pasado. Mas allá de la reducción de la violencia física, es obvio que un país en paz podría generar mas riqueza y mayor equidad. Sin embargo, las campañas políticas se montan, mas allá de las consignas, casi obvias, contra la rampante corrupción, en si le caminan o no a la puesta en marcha de los acuerdos. Millones sueñan, sin medir las consecuencias, en echar atrás el proceso. Parece inentendible.
Considero que el proceso con las Farc fue, de lejos,
más riguroso y comprehensivo
que el llevado a cabo con los paramilitares
La reducción de la violencia física es solo una dimensión, necesaria pero insuficiente, para construir un país en paz. Considero que el proceso con las Farc fue, de lejos, más riguroso y comprehensivo que el llevado a cabo con los paramilitares. Durante las negociaciones se evitaron los errores cometidos entre 1999 y el 2002. La composición y la tenacidad del equipo negociador permitió la firma de un acuerdo que, imperfecto, fue el mejor posible. La
cadena de custodia en la entrega de las armas, la concentración de la tropa, el hecho de que las disposiciones asociadas al acuerdo tengan gran juego en el Congreso, marcan diferencias notables con los acuerdos de Ralito y Fátima.
Sin embargo, aún a pesar de las inmensas manchas del proceso con los paras, incluyendo la entrega de armas de juguete o peleas regionales como la de los Llanos Orientales entre el bloque Centauros y las Autodefensas unidas del Casanare, centradas en el negocio del narco y las rentas públicas, también es posible constatar reducción global del número de masacres y, por ende, de homicidios.
Ambos procesos, sin embargo, han estado cargados de violencia simbólica, es decir, de aquella que se asocia al no reconocimiento del otro. En el caso que nos ocupa, en considerar que las víctimas que valen son las mías.
Esto solo signfica que, mas allá del marco legal, hay un inmenso reto: poner en plano de igualdad a todas las víctimas. En el contexto que nos ocupa, el de la aplicación de los acuerdos, el partido político de las Farc debe dar ejemplo realizando, a lo ancho y largo del país, sinceros actos de contrición en lo que les corresponde por su papel de victimarios. Se requiere que la JEP, por supuesto, funcione. Que organizaciones de la sociedad civil promuevan una cultura que reduzca los niveles de violencia simbólica y, por qué no, que líderes cuyos padres fueron asesinados por las Farc y las AUC, se den un abrazo de reconciliación en algún futuro no lejano.
