La memoria política de la sociedad es fundamental en tiempos donde la impunidad y la ilegalidad se toman cada espacio e institución del país de manera abrupta y sin ningún tipo de contemplación democrática. Los hechos abundan para explicar la incoherencia y descrédito del que gozan gran parte de los políticos del país, sin embargo, cuando estas actuaciones trascienden a la burla y la humillación nada podría ser peor. Este es el caso de Jesús Santrich, quien en octubre de 2012 al ser cuestionado sobre si pedirían perdón a las víctimas respondió de manera jocosa con un “quizás, quizás, quizás”, tildando a manera de chiste los más de 50 años de guerra y conflicto provocados por su propia mano en el bloque caribe de las Farc.
Desde aquel momento se veía venir que para los cabecillas de la guerrilla activa más antigua de América el proceso de paz era simplemente un juego; en Noruega y frente a toda la prensa internacional que lucía atónita por el inicio de las conversaciones Santrich pronunció estas palabras que, más temprano que tarde giraron en su contra. Lo demás que conocemos es historia patria, aunque no estaría de más recordar cómo el gobierno se arrodilló ante una guerrilla asesina, brindando toda clase de privilegios enmascarados bajo la mal llamada “justicia transicional”. Máximos responsables sin pagar cárcel, curules en el Congreso sin pasar por la justicia, hacer del narcotráfico un delito conexo a la rebelión sueldos y puestos en la Unidad Nacional de Protección, una Justicia Especial para la Paz con magistrados afines a las Farc y cabecillas prosiguiendo actividades relacionadas con el narcotráfico son algunos de los factores que han quebrado las bases fundamentales de un tambaleante proceso de paz.
Por si fuera poco y reafirmando el temor de todos los colombianos la semana pasada quedó en evidencia lo que era un secreto a voces; las Farc siguen delinquiendo y esta vez usurpando los beneficios otorgados por el estado. A Jesús Santrich le llegó su hora y fue capturado con fines de extradición por presuntamente conspirar en el envío de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos entre junio de 2017 y abril de 2018. El análisis a priori de esta captura se ha tergiversado a favor del gobierno nacional haciendo ver que, según las declaraciones del presidente Santos “no le temblará la mano para autorizar la extradición previo concepto de la Corte Suprema”, tal como dio a conocer en su alocución el día de los hechos. Sin embargo, en la indagación profunda de este vergonzoso hecho quedan claro dos elementos: las Farc continúan burlándose del estado y la sociedad mostrando la falta de rigurosidad y temple del gobierno nacional en la negociación del acuerdo de paz. Impunidad llama a impunidad, no podría esperarse menos de una manada de bandidos que fueron privilegiados como si de héroes se tratase, con la única diferencia que ya no envía la cocaína desde la selva sino desde la ciudad; ojo, próximamente lo harán desde el Congreso.
Se debe lamentar Santrich de no poder asumir su curul en la Cámara de Representantes. Un salario cercano a los 30 millones de pesos y seguridad personal habrían sido el combustible fulgurante para repuntar su ascenso en el bajo mundo del narcotráfico. Ahora la sociedad colombiana se vuelca con total decisión a decirle que “quizás, quizás, quizás” sus horas en el país están contadas.
