Recuerdo que hace muchos años, antes de mi ingreso a la guerrilla, en una entrevista radial de Yamid Amat a Jaime Pardo Leal, por entonces presidente de la Unión Patriótica, el avezado periodista quiso introducir a su entrevistado en un asunto espinoso. Hablaban del tratamiento que debían recibir ciertos delincuentes, a lo que el doctor Pardo respondía con criterios sociológicos, invitando a su interlocutor a considerar la serie de factores paralelos al delito.
Tal y como es habitual en los grandes hombres de la prensa cuando interrogan a un dirigente de izquierda, el periodista quiso interpretar las palabras del exmagistrado y catedrático de Derecho Penal en la Universidad Nacional, como un intento de defender a los delincuentes, y mostrarlo a él como simpatizante con la comisión de esos delitos. Jaime Pardo lo cortó en seco con una afirmación, Usted no sabe de derecho penal, Yamid, no diga disparates.
La anécdota viene a cuento con ocasión de la andanada desatada contra Jesús Santrich, el recién posesionado representante a la cámara por el partido Farc. Pienso que con independencia de las simpatías o antipatías que puedan originar su carácter y sus particulares inclinaciones políticas, lo que sucede con él en el parlamento y en el mundo de la política oficial, puede considerarse como un extremo arrebato de intolerancia, ausente además de un mínimo de conocimiento legal.
Cualquier alumno de derecho penal general aprende rápidamente que en materia jurídica existe una garantía para todo ciudadano. No puede ser detenido, ni molestado, ni sometido a prisión o arresto sino mediante una orden de autoridad competente, siguiendo todas las formalidades previstas en la ley y únicamente por motivo previamente definido en las leyes. De no ser así, cualquiera podría ser hostigado o privado de su libertad por capricho de un funcionario.
Al mismo tiempo, ese ciudadano goza de un derecho reconocido desde muchos siglos atrás, definido con la expresión latina in dubio pro reo, conocido comúnmente como la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente, mientras no se demuestre lo contrario en un juicio formal. Se trata de un principio universal del derecho, producto de las luchas de todos los pueblos por contener el abuso del poder, un triunfo de la civilización sobre la barbarie.
Hablar de él no puede ser interpretado como argumento de comunistas, guerrilleros o narcotraficantes. Ni siquiera se le puede endilgar al marxismo o a las ideas socialistas. Encarna las conquistas obtenidas por el pensamiento liberal, ese que para bien de la humanidad logró imponerse sobre las monarquías absolutas, y abrió al mundo la noción de democracia y garantías constitucionales. Los principios del derecho penal son reconocidos en todo el planeta.
Otra forma de expresarlo, que choca a muchos fanáticos de la arbitrariedad, consiste en aquella fórmula según la cual es preferible dejar libre a cien culpables que condenar a un solo inocente. La ley, el Estado, los jueces tienen como guía elemental la justicia, no pueden obrar contra ella, no se crearon para sellar injusticias. No es el ciudadano el que está obligado a demostrar su inocencia, sino que son las autoridades competentes las que están obligadas a demostrar su culpabilidad.
Es cierto, Santrich ha sido acusado de cometer un ilícito.
Pero ese solo hecho no lo hace culpable.
Existen procedimientos judiciales establecidos por la ley, y funcionarios para investigar y fallar
Es cierto, Santrich ha sido acusado de cometer un ilícito. Pero ese solo hecho no lo hace culpable. Existen procedimientos judiciales establecidos por la ley, y funcionarios encargados de investigar y fallar en torno al hecho. La acusación proviene de un tribunal en los Estados Unidos y llegó acompañada de la solicitud de extradición. La Jurisdicción Especial para la Paz, encargada del asunto, conceptuó negativamente sobre la fecha del delito por falta de pruebas.
Y lo hizo con fundamento en competencias reconocidas por la Corte Constitucional. Además se trató de un fallo de primera instancia, de manera que ya hay en trámite una apelación. Habrá que esperar la decisión de la sala de segunda instancia. Que puede gustarnos o no, pero que será definitiva. Del mismo modo, fue el Consejo de Estado quien declaró la investidura de Santrich, y fue la Corte Suprema de Justicia quien asumió en consecuencia el proceso.
Es a esta última a la que corresponde emitir la sentencia final. No es al presidente de la República ni a los congresistas de su partido político o de cualquier otro. Estamos en un Estado de derecho, en el que cada rama del poder tiene su función específica y está obligada a respetar las otras. Que el país no es solo una esfera jurídica es cierto, hay esferas políticas, esferas sociales, esferas morales. Colombia también escogerá entre ellas, con sus consecuencias para el partido Farc.
Lo que no se puede es pervertir el orden jurídico. Uribe llevó los más grandes narco paramilitares al Congreso y allí los aplaudieron. El tiempo los puso en su lugar. Los caminos a la dictadura hay que bloquearlos, ya veremos después.
