La fuga espectacular de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, no solo perpetúa la impunidad de la que goza el congresista y obstaculiza el proceso de paz, sino que también lo daña gravemente y pone en entredicho la credibilidad de la JEP, tribunal al que se le asignó el mandato de enjuiciar a los principales responsables de las violaciones más graves. Por consiguiente, se afecta el funcionamiento de nuestras instituciones nacionales y de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, en particular el de los métodos de intervención judicial y la aplicación de otras medidas de corrección en el contexto del proyecto de reconciliación que impulsa el gobierno del Estado.
Ahora bien, tras la fuga de Santrich, parece bastante claro que el proceso de paz y reconciliación nacional ha perdido totalmente la credibilidad y la legitimidad, sino también la JEP su responsabilidad, en particular en momentos en los que constantemente se pone a prueba la eficacia de sus procedimientos de trabajo y los sistemas de rendición de cuentas. Esta sería una violación flagrante de los acuerdos de paz firmados, que no hacen sino reforzar la cultura de impunidad y los temores que podamos albergar, por lo que el gobierno debería asumir sus responsabilidades en este momento crucial —una función rectora— del que puede depender de una manera significativa el futuro de la paz en Colombia y llevar a los responsables de violaciones de las normas del derecho internacional ante la justicia internacional.
Esta alarma es porque se está atentando contra las normas jurídicas obligatorias. Creo que un gobierno como el nuestro, por un lado, debería repudiar con firmeza, con vigor, y hablar con franqueza a nombre del derecho y de la justicia y, por otro lado, exigir con mayor firmeza el cumplimiento de lo acordado e impedir una vuelta a la violencia y a la represión, junto con la aplicación de medidas selectivas. Lo importante ahora es reconocer el desafío sin precedentes que supondrá para Colombia, tanto en lo que respecta a la captura como del procedimiento jurídico relativo a la custodia y entrega a la autoridad judicial competente.
El comportamiento del Santrich no solo ha sido una afrenta para los derechos de las víctimas, la soberanía de los ciudadanos y los derechos humanos, sino también para todas las partes y por diferentes motivos y dice mucho acerca de las complejidades que genera la "negociación" de la justicia y el “negocio de la paz” al basarse en el desprecio a la ley y a la dignidad humana; el acuerdo de paz se ha convertido en un símbolo del desprecio absoluto hacia el Estado de derecho, el individuo y sus derechos en franco ultraje de la voluntad mayoritaria.
Una fuga como esta manifiesta un profundo desprecio por las normas jurídicas internacionales como nacionales, revelando descarnadamente la terrible indiferencia hacia la paz, la justicia, la verdad y la reparación y una absoluta falta de consciencia y vilipendio total hacia las autoridades gubernamentales, la opinión pública y la sociedad en general. Este acto de provocación del congresista Santrich constituye una violación manifiesta de las normas y los principios fundamentales del derecho internacional, demuestra su falta de interés en cumplir el acuerdo, es un acto o una intención criminales en contra del diálogo pacífico y la reconciliación nacional y constituye una amenaza excepcional y grave para la nación, y debe tratarse como tal. Esta situación propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza de los ciudadanos y de las víctimas hacia la administración de justicia y hacia el sistema jurídico en lo que respecta a la prevención, la investigación y la sanción de los crímenes.
Al impedir que los responsables de violaciones de las normas del derecho internacional rindan cuenta de sus actos ante la justicia sin exigir suficientes garantías y que se tomen las medidas que correspondan ante tanta barbarie, el Estado colombiano perpetúa una cultura de la impunidad que menoscaba los esfuerzos por lograr una paz duradera y la confianza en el proceso político nacional, incluida la capacidad de las partes de realizar los cambios que requiere el acuerdo general de paz y, lo más importante, amenaza nuestras vidas y nuestra seguridad cotidiana. Este contexto de impunidad perpetúa la violencia y la promoción de venganza como un hecho aceptado en la sociedad colombiana en menoscabo del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, inflamando aún más los sentimientos de injusticia. Más aún, tememos que la inacción ante la reiteración de estas irregularidades vaya haciendo surgir una cultura de impunidad con variantes cada vez más intolerables y la falta de respeto por el Estado de derecho, que es un requisito mínimo para cualquier gobierno legítimo. No debemos ser cómplices u observadores despreocupados de la conspiración contra el pueblo colombiano, falta de respeto, insultos y burlas de la democracia. Ningún ciudadano del país puede aceptar tan perverso ultraje a su dignidad y soberanía.
En fin, considero que la evasión del señor Santrich constituye, tanto en la forma como en el fondo, un auténtico escándalo. Un escándalo porque nunca antes se habían tergiversado y violado hasta tal punto las normas de derecho y la jurisprudencia constante de nuestra Constitución y de las prácticas y decisiones administrativas y la jurisprudencia de los tribunales. Un escándalo porque el asunto Santrich fue objeto de una politización excesiva y unas presiones políticas inauditas, a actitudes de enfrentamiento y al uso de dobles raseros, selectividad y dualidad de criterios por parte de los amigos y aliados políticos o altos funcionarios del señor Santrich. ¡Qué hipocresía y cuánta mentira! Este es el auténtico escándalo y no depende —al menos en este momento— del gobierno, esto hay que decirlo. Este es el auténtico escándalo del déficit democrático y la instrumentalización política en el sector de la seguridad, la justicia y el estado de derecho existente en el país. No podemos permanecer inactivos, presenciando cómo la brecha se hace más profunda, hay que reaccionar con determinación para defender nuestra libertad y hacer justicia a las víctimas, demostrando a los principales victimarios y sus cómplices políticos que han fracasado en la consecución de sus objetivos. “Reclamar justicia es un derecho y responsabilidad de toda comunidad cuando aboga por su legítima facultad de forjarse una vida sustentable para las personas que la conforman y su descendencia”.
El señor Santrich vive peligrosamente siempre en el filo de la navaja. Ese modo de vida político es en realidad característico de los grupos y partidos políticos violentos y extremistas que promueven el conflicto y la inestabilidad y a menudo el terrorismo. Resulta particularmente deplorable que, a estas alturas, se ignoren las víctimas. Expresamos nuestras condolencias por las víctimas de esa violencia. Algún día responderán ante la justicia internacional los responsables de estos miles de asesinatos y de estas graves violaciones a los derechos humanos, cínicamente hoy despreocupados por la posibilidad de ser llevados ante la justicia internacional. “La frustración ha creado una sensación de que el campamento de la paz no puede traer la paz en un plazo razonable. La paz no puede arraigar en una parte del país mientras se perpetúa la inestabilidad y la violencia extrema en la otra”. Amén.
