El 25 de mayo de 2010, en plena campaña presidencial, Juan Manuel Santos afirmó: “no se debe aumentar el IVA ni el impuesto a la renta” y complementó que “el aumento del IVA retiene la capacidad de compra y disminuye la dinámica comercial”. Es la muestra de que el presidente de Colombia ha hecho del engaño su principal estilo de gobierno, como ya lo sabemos quienes lo hemos sufrido por 6 años.
La tercera reforma tributaria de su mandato no será diferente al resto de su irresponsable gestión económica. La exposición de motivos que presentó al Congreso anuncia en la página 7 que los tributos directos “deben extinguirse” y las finanzas públicas deben “generar nuevos ingresos, en particular los provenientes del IVA ”. Es decir, la brillante idea de la dupla Santos – Cárdenas es que para que Colombia deje de estar entre los 10 países más desiguales del planeta, se deben disminuir los impuestos a las transnacionales, mantener e incluso aumentar los beneficios tributarios y a cambio cargar más impuestos a los consumidores y trabajadores de ingresos bajos y medios.
Ahí no para el plan. El flamante gobierno se inventó un “impuesto verde” con el engaño de que es para los ricos que tienen vehículos, cuando solo el 7% del parque automotor del país está en estrato 5 y 6. Hay más; la propuesta de reforma tributaria se inventa otros beneficios para el gran capital, como el que se otorga al “costo fiscal de las inversiones”, de los gastos de evaluación y exploración del sector minero-energético. A la cooperación internacional la obliga a registrarse ante la Agencia Presidencial para la Cooperación, en una clara persecución política que viola el principio constitucional de libertad de asociación.
La regresividad en el impuesto a la renta se mantiene,
pues las pequeñas, medianas y grandes empresas
pagan la misma tarifa
Asimismo, la financiación del Sena y el ICBF, importantes instituciones para el desarrollo económico y el bienestar social del país, se ve comprometida por la tendencia a la eliminación de los parafiscales. La regresividad en el impuesto a la renta se mantiene, pues las pequeñas, medianas y grandes empresas pagan la misma tarifa, a pesar de que el 0,01% de las más grandes concentra el 16 % de las utilidades brutas del país, mientras el 92% de las más pequeñas concentra el 12%, como lo revelan recientes datos publicados por Acopi Bogotá (Suárez-Martínez, 2016).
La propuesta de Santos y Cárdenas no es una equivocación técnica, sino una decisión política de acabar con las posibilidades de crecimiento económico del país, por absurdo que parezca. El gobierno le apostó a cumplirle a la inversión extranjera manteniendo la posibilidad de mayor endeudamiento, asegurando el grado de inversión, a pesar de que la única consecuencia posible es una recesión. Las cifras de créditos de consumo vencidos comienzan a acercarse a los niveles de 1998, en las previas de la peor crisis económica que ha sufrido Colombia.
Diversos sectores políticos, con razón, han expresado sus críticas a la reforma y las organizaciones sindicales y sociales comienzan a movilizarse para frenarla. Para evitar una profundización de la difícil situación económica por la que atraviesa el país, la única alternativa es buscar que la reforma tributaria se hunda en el Congreso. La tarea para lograrlo es de todos.
