En materia de orden público, El Valle del Cauca, y el suroccidente del país han retrocedido 25 años en el tiempo. Estamos viviendo la misma zozobra que padecimos a finales de los 90 e inicios de este siglo.
Era la época nefasta de los secuestros masivos: el de la Iglesia de la María, el del kilómetro 18, el de los diputados del Valle. Aunque todos fueron muy dolorosos, el de los diputados generó una herida muy profunda en el alma de los vallecaucanos por la forma en la que se produjo, fueron sacados del recinto mismo de la Asamblea, y por su desenlace final: 31 de los 32 diputados secuestrados fueron asesinados por las Farc, que los tenían en su poder.
Los tibios golpes de pecho que se dieron los jefes guerrilleros, años después, no compensaron en lo más mínimo la aflicción que generó tan abominable crimen.
Pues la escalada lanzada en los últimos días por las disidencias de las Farc hace temer lo peor.
En un solo día, esos bandidos, no se les puede calificar de otra manera, pusieron una motocicleta bomba en Jamundí, asesinaron a dos patrulleros durante un ataque a la estación de Policía de Morales, Cauca, municipios distanciados por tan solo 77 kilómetros y atacaron la estación de Dagua.
Con el agravante de que los ataques se produjeron a plena luz del día y con la mayor impunidad. Lo que significa que Iván Mordisco y sus muchachos están envalentonados.
La pregunta es por qué hemos caído en esta situación. Y la respuesta es solo una: por la ingenuidad y la laxitud del Estado colombiano.
El primer culpable es Juan Manuel Santos, flamante nobel de la paz, que en su obsesión por firmar un acuerdo con las Farc que lo hiciera merecedor de ese galardón, le dio a esa guerrilla una enorme concesión: el freno en seco de la lucha contra el crecimiento de los cultivos ilícitos. De los cuales vivían.
Vaya paradoja, Santos logró firmar la paz con las Farc, pero al mismo tiempo dejó sembrada la semilla para que surgieran nuevas violencias. Durante su gobierno el área que ocupaban esos cultivos ilícitos creció de forma exponencial y al finalizar su administración había más de 160.000 hectáreas ocupadas, especialmente, con hoja de coca.
Y como el narcotráfico es el principal combustible de la guerra, pues guerra hay.
Para completar el caos perfecto, llegó el gobierno Petro con su utopía de la Paz Total. Y repitió todos los errores que en el pasado llevaron al traste con las negociaciones de paz y que al final generaron un aumento de la violencia. Y además cometió errores nuevos.
El primero de ellos, negociar con todo el mundo al mismo tiempo, cuando todos los expertos en la materia aconsejan que hay que negociar con un solo grupo a la vez.
El segundo y mayor error que cometió Petro, en el que Santos no ocurrió, fue declarar un cese al fuego al inicio de las negociaciones. Los conocedores del tema han señalado que ese tipo de medidas se deben tomar al final de las negociaciones porque de lo contrario son aprovechadas por los violentos para rearmarse y fortalecerse. Exactamente lo que hicieron las disidencias.
Además, por donde se le mire, esa negociación con las disidencias no tiene sentido. Primero, esos hombres ya tuvieron su oportunidad de hacer la paz. El gobierno Santos les ofreció unas condiciones muy generosas y ellos prefirieron seguir en el monte dedicados al narcotráfico y demás delitos. Para ellos los beneficios que les ofrecía el Estado no eran suficientes para compensar las pérdidas que les ocasionaba abandonar el narcotráfico. Cuestión de ‘business’, dirían los economistas.
Y la situación no ha cambiado, entonces no veo porque ahora sí estos malandros, que solo saben delinquir, vayan a colgar las armas para incorporarse a la vida civil.
Por donde se le mire, la negociación con las disidencias no tiene sentido
Estas disidencias son una banda criminal más. Carecen de cualquier ideología y no tienen la menor intención de tomarse el poder. El Estado puede entablar una negociación de paz con un grupo armado que tenga intenciones políticas, porque a sus integrantes se les puede convencer de que busquen materializar sus ideales a través de la vía democrática.
Aquí en Colombia hemos tenido muchos fracasos pero también negociaciones exitosas como la del M-19. Gracias a la cual Gustavo Petro pudo llegar a la Presidencia de la República. Que un exguerrillero haya podido acceder al más alto cargo del Estado, le quita cualquier justificación a la lucha armada con fines políticos.
Es más que claro que ninguno de los grupos que en la actualidad están alzados en armas tiene ninguna motivación política. Ni siquiera el ELN, que la perdió desde que se dedicó al narcotráfico, la extorsión y otros negocios lucrativos. La lucha armada que para ellos era un medio, se convirtió en un fin. Así de simple.
Con lo cual, el único camino que queda es enfrentar a todos los grupos violentos con toda la capacidad y recursos del Estado, para debilitarlos y llevarlos a que se sometan a la justicia.
Este gobierno ha hecho todo lo contrario: Ha permitido que se fortalezcan y se envalentonen. Y las consecuencias de esa irresponsabilidad las estamos sufriendo los habitantes del Valle y del Cauca.
