En esta fecha los gobiernos celebran el día de la lucha contra el uso de drogas y el tráfico de sustancias, pero miles de organizaciones de la sociedad civil realizan acciones pidiendo "Apoyar, no castigar".
Ahora bien, por primera vez en ocho años, el presidente Santos tuvo tiempo para presidir una sesión del CNE. Desde 2012, el gobierno de Colombia lideró a nivel internacional varias reuniones denunciando que la "guerra contra la drogas" es un fracaso y que era necesario un nuevo enfoque desde la ONU.
Al finalizar la reunión el presidente habló ante la prensa diciendo que "la meta de erradicación de cultivos de coca para 2018 es de 110.000 hectáreas. 40.000 serán a través de la "sustitución voluntaria" del programa PNIS; otras 70.000 hectáreas serán erradicadas por la fuerza pública de manera manual o usando orugas y drones que fumigarán con glifosato a baja altura. Esto se asimila a una fumigación terrestre y cuentan con los permisos de los Ministerios de Ambiente y Salud. Se fortalecerán cuatro Centros Operacionales contra el narcotráfico (en Tumaco, Caucasia, Tibú y San José del Guaviare). Se continuará con un plan diseñado conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos a cinco años a través del cual se pretende eliminar la mitad de la producción nacional de coca".
Además, el presidente Santos mencionó que durante su Gobierno se erradicaron 671.000 hectáreas de coca. Que en esa lucha murieron 89 miembros de la fuerza pública y que fueron heridos casi 500 uniformados. Señaló que solo en 2017 fueron incautadas directamente o en asocio con autoridades de otros países, más de 550 toneladas de cocaína, la mitad de toda la producida ese año en el mundo. El mismo mandatario saliente advirtió que en el informe anual de la Casa Blanca sobre drogas recientemente publicado, el Departamento de Estado reconoció un aumento en el consumo de cocaína en ese país del 81% solo en 2017. Por ello comentó que los países consumidores también deben hacer esfuerzos en la lucha contra drogas.
En el caso de sustitución "voluntaria" debe recordarse que el PNIS fue el resultado del Acuerdo de Paz. Sobre este programa, el Presidente informó que "77.000 familias han firmado acuerdos individuales de sustitución; 43.500 familias están arrancando sus plantas; la ONUDC ha verificado que 18.000 hectáreas ya se han arrancado". Como se puede observar, la meta de 2017, puesta por el Ministerio del Posconflicto de llegar a 50.000 hectáreas ese año no se cumplió. Las 40.000 hectáreas anunciadas para este año en este programa son las mismas que vienen del año anterior. Y esto es lógico porque se trata de un programa que requiere tiempo para cosechar resultados, pero se debiera involucrar a más familias, considerando sus derechos y no solo sus "matas".
Desde el Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos (OCCDI GLOBAL) hemos monitoreado los avances y dificultades del PNIS. Las familias campesinas que se comprometieron a arrancar su coca han cumplido, como se evidencia en el municipio de Briceño Antioquia. A pesar de la demora en el cumplimento a las comunidades inmersas en este proceso, hay que profundizar en la sustitución haciéndola más integral. Por ello, darle más oxígeno a las fumigaciones y al uso de la fuerza antes que a la construcción de paz en comunidades cocaleras no deja de ser visto como una contradicción que le brinda la posibilidad al nuevo gobierno de criminalizar más a los cultivadores, tal como fue anunciado, por quien ganó en la pasada campaña electoral.
