Nuestra economía y, en especial, las finanzas públicas, dependen del petróleo. Desde 2010 hasta 2014 los precios del petróleo estuvieron en niveles excepcionales y la producción de crudo creció, de manera que entraron a las arcas del gobierno central recursos sin precedentes, que impulsaron el crecimiento económico. En 2016 mejoraron, pero no lo suficiente. En 2017, cuando se avizoraba catástrofe, porque el gasto público para mantener el crecimiento se estaba financiando con deuda la situación se enderezó de nuevo, y el presidente Santos termina con cifras decorosas si la economía se valora solo en función del producto interno bruto. Por supuesto es preciso mirar la situación desde una perspectiva más amplia.
Es cierto que el gasto público ha sido de deficiente calidad desde 1991, gobierno de Cesar Gaviria, cuando el país improvisó una nueva constitución, inspirada en el propósito de construir el Estado Social de Derecho y defender de manera efectiva los derechos fundamentales consagrados en los tratados fundacionales de las Naciones Unidas, pero cuyos procesos conspiran contra ese propósito. Eso no es culpa de Santos, pero sí es motivo de seria preocupación nacional que el coeficiente de Gini es prácticamente igual antes y después de impuestos. Eso significa que el Estado hoy no incide de manera positiva en la distribución del ingreso, en uno de los países con mayor inequidad en la materia en el mundo.
Ello es reflejo del nivel de corrupción al que hemos llegado, y el gobierno saliente queda en deuda con el país en esta materia, por omisión, pues no se hizo esfuerzo serio en la materia; por el contrario, se robustecieron los espacios para la intervención de los políticos profesionales en la especificación de cómo usar recursos públicos para favorecer sus intereses. Duelen la degradación del Fondo Nacional de Desarrollo - FONADE - a la condición de vehículo para evadir normas, el tardío reconocimiento de elementos inconvenientes en el texto final de una reforma constitucional con el propósito de mejorar el desempeño de la rama judicial, el intento fallido de favorecer a Thomas Gregg & Sons en los procesos de contratación del ICFES con intervención activa de Juan Fernando Cristo poco antes de su nombramiento en el Ministerio del Interior y el escaso interés en las iniciativas gubernamentales en el Congreso a finales del año pasado cuando no hubo cómo movilizar recursos para distribuir mermelada.
Corrupción desbocada, es uno de los resultados más negativos.
Corrupción desbocada, es uno de los resultados más negativos
Es motivo de honda preocupación el desprestigio que experimenta la justicia, sin que hayan avanzado iniciativas apropiadas para hacerla más efectiva, más técnica, menos sesgada y sin puerta revolvente: el servicio judicial debe ser vocación de vida. Santos es consciente de que el Estado colombiano está diseñado para promover la corrupción y poco o nada hizo para enfrentar esta situación. La irresponsabilidad con que se administraron los recursos públicos sin precedentes fue nociva para el aparato productivo, porque el despilfarro impidió usar recursos públicos para mantener la tasa de cambio de manera sostenida en niveles que reflejen la productividad del país comparada con la de otros países. Sin cadenas de valor sostenibles será muy improbable lograr desarrollo sostenible.
Por supuesto, no todo es malo. Así, cabe destacar el esfuerzo de Alejandro Gaviria para poner coto a los abusos de laboratorios internacionales en los precios de los medicamentos a expensas de las arcas públicas, así los resultados se hayan desdibujado por las estrategias de mercadeo para aumentar los consumos.
Es de rescatar el esfuerzo por atajar los abusos de las multinacionales farameceúticas en cabeza del ministro Gaviria - Foto: mineducacion.gov.co
El Ministerio de Salud bajo Gaviria inició además importantes tareas para ofrecer a los usuarios de servicios de salud sistemas de información integrados; esa labor puede ser muy importante pero quedó inconclusa; ojalá el nuevo Ministro la valore y la preserve. Gaviria puede calificarse como el ministro más eficaz, pues neutralizó al menos en forma parcial las consecuencias de la inadecuada gestión de Diego Palacio durante los siete últimos años del gobierno de Uribe en Protección Social y la efímera gestión de Mauricio Santamaría y Beatriz Londoño en los dos primeros de Santos. Sin embargo, no sobra recordar que toleró la perturbación de Roy Barreras en la ley estatutaria, cuyo costo puede ser inmenso, y en la Superintendencia de Salud.
También es preciso resaltar la consolidación institucional de la Agencia Nacional de Infraestructura, hoy en capacidad de acometer las tareas que el país requiere para ponerse a tono con las exigencias de esta época. Es una lástima que Luis Fernando Andrade haya accedido a recibir una cantidad de veces a Roberto Prieto y que Odebrecht haya tenido la política de contaminar los procesos de contratación de toda Latinoamérica; es de esperar que Andrade resuelva con éxito la compleja situación que enfrenta en materia penal y que Dimitri Zaninovich, quien lo reemplazó, sea confirmado por el nuevo gobierno, para capitalizar los beneficios de los esfuerzos acometidos.
Importante logro la consolidación de la ANI para la contratación de la infraestructura, proceso enlodado por las coimas de Odebrecht - Foto: ANI.
No es acierto del gobierno haber terminado los contratos que estaban en ejecución a cargo de Odebrecht, pues la parálisis de las obras tiene grandes costos en la ejecución posterior y, sobre todo, no se logran los beneficios de tener las vías al servicio de la economía y la sociedad. Se podrían haber intervenido esos contratos sin paralizar las obras, y asegurar gestión transparente en lo que falta para terminarlas, para beneficio de todos.
En contraste, Santos sale indemne por el ingreso de dineros de Odebrecht a sus campañas, en montos nada despreciables. Para completar el inventario de la gestión en infraestructura, los sistemas de transporte masivo que impuso la administración de Uribe con un esquema discutible, inspirado en el sistema de Curitiba, en Brasil, pero sin tren ligero o metro, como el de allá, quedaron al garete, abandonados por el gobierno central, y ninguno funciona de manera satisfactoria: solo los usa quien no tiene alternativa.
En educación el gobierno reconoció la importancia de establecer la jornada de día entero para la educación básica y media, que nunca se debería haber abandonado, y se formularon enunciados acertados en lo relacionado con la necesidad de impulsar educación permanente para toda la población con el fin de mantener vigencia en el mundo de hoy, pero los resultados, en la práctica, son más de lo mismo. Fecode, entidad sindical cuya relación con el Ministerio de Educación es patológica, sale fortalecida al terminar el gobierno de Santos, empoderada para hacer paros con frecuencia, y en lo curricular el centralismo se consolida.
Se destruyó el sistema de ciencia al arrasar con Colciencias, uno de los últimos legados del Llerismo, que había recibido sorprendente respaldo bajo Uribe. Los recursos de regalías para proyectos de ciencia, tecnología e innovación se asignaron sin respeto por los procedimientos establecidos en el mundo, con fundamento en el juicio de pares, que se cambió por el criterio de los gobernadores.
La firma del Acuerdo de paz el mayor logro del gobierno en sus 8 años quedó ensombrecido por su precaria implementación - Foto: Presidencia.
Sin duda son los Acuerdos de La Habana donde el gobierno podría haber escrito página dorada en la historia del país, pero la incapacidad para ocupar los espacios que dejaron las FARC con motivo de la desmovilización de sus huestes, el abandono a la base de la guerrilla que se desmovilizó y la precaria trayectoria de los miembros de la Justicia Especial de Paz ponen en entredicho el crédito que una buena gestión en la materia habría recibido.
La deficiente gestión, que incluye no haber hecho nuevo plebiscito tras haber perdido el de Octubre de 2016, les quitó fuerza política a los Acuerdos, así el Congreso y la Corte Constitucional los hayan avalado en el plano formal. Es pertinente recordar la ridícula argumentación de César Gaviria y Rafael Pardo para impulsar la aprobación del plebiscito: decían que habría ahorro por menor gasto de defensa, sin considerar que la razón por la cual las FARC controlaban aún en 2016 un treinta por ciento del territorio nacional era precisamente la ausencia del Estado en los más de 240 municipios donde las FARC administraban justicia, de los cuales unos 80 son de interés de las cadenas de valor de la cocaína, lideradas por los carteles mexicanos de Sinaloa y los Zetas. Es importante observar que las áreas donde operarán las circunscripciones electorales consecuencia de los Acuerdos coinciden con territorios donde hay cultivos. La paz solo se logrará si se construye un Estado eficaz, que haga presencia en todo el territorio, incluidas las barriadas de las ciudades.
Hacia adelante, preocupa que el nuevo gobierno no haga esfuerzos para arreglar el diseño institucional del país de manera integral. Se dice que hay un equipo a cargo de estudiar el asunto, a cargo de Carlos Enrique Moreno, cuñado de Álvaro Uribe. Ojalá se haga bien la tarea, se corte de tajo la inclinación, por diseño, de los procesos públicos a promover la corrupción, y la orientación al caudillismo del sistema político actual, sin verdaderos partidos políticos. Si ello no ocurre, el balance en 2022 puede ser desolador. No bastarán las buenas intenciones del gobernante.
