Las relaciones de hermanos siameses unidos por la frontera más larga y viva de Suramérica, que han tenido Colombia y Venezuela a lo largo de la historia colonial y republicana, ha estado plagada de amistosos gestos y rabietas, originados en la disputa de territorios y zonas marítimas, la gran cantidad de colombianos que desde hace décadas han emigrado a su territorio aprovechando las bonanzas petroleras para buscar mayores ingresos.
En una reunión ciclotímica de amor y odio alternados, varios han sido los motivos de integración y discordia desde que Venezuela era una capitanía dependiente del virreinato de la Nueva Granada durante la época colonial. Después de la hermanada lucha libertadora, al triunfar la causa independentista cumpliendo el sueño de Bolívar, junto al Ecuador nos integramos en el efímero sueño de la Gran Colombia; pero según algunos historiadores, por divergencias entre seguidores del “padre de la Patria”, partidarios de coronarlo rey, como a Napoleón y “santanderistas” de acuerdo con la elección de los mandatarios, las diferencias entre los caudillos se agudizaron, matizadas por ambiciones personales y grupistas de poder político y material, expresadas en Venezuela por Paéz y sus amigos, en Colombia, por seguidores del “hombre de las leyes”, en disputa con el patriota Urdaneta, y en Ecuador, con el general venezolano Flórez, erigido en presidente, después del magnicidio de Sucre y partidario de la separación de las tres repúblicas.
Desde entonces en Venezuela prosperó la idea que los colombianos santanderistas fueron los enemigos de Bolívar que lo llevaron a su temprana y triste muerte después del “Laberinto del Libertador”, que literariamente reconstruyó García Márquez y este sentimiento se reforzó en el vecino país, a partir del ascenso al poder del Comandante Chávez, quien ordenó hacer ordenar un estudio de sus huesos sospechando que lo habían envenenado, y reforzó el odio contra la oligarquía bogotana y con mayor fuerza al chocar con el presidente Uribe, después de albergar en su territorio a guerrilleros de las Farc y el Eln, nacionalizar empresas y predios de nacionales y extranjeros, cerrar la importación de numerosos productos colombianos e implantar polémicas medidas económicas cambiarias y proyectos industriales y agropecuarios para impulsar el proceso socialista bolivariano, repitiendo procesos estatistas que fracasaron por ineficientes en la antigua Unión Soviética y países como Cuba.
Los diversos encontrones entre gobernantes colombianos y venezolanos, antes y después de la “revolución bolivariana”, hasta ahora se habían manifestado en duros cruces de palabras, algunos coscorrones y amenazas de guerra, como sucedió en el gobierno de Barco, cuando la corbeta Caldas de la marina colombiana debió abandonar aguas del Golfo de Maracaibo ante la amenaza de ser atacada por naves venezolanas. Afortunadamente este incidente y diferendos limítrofes alrededor de islotes como los Monjes, no han llegado a extremos cruentos o a la construcción de muros, como el que elevaron los gringos en la frontera de Arizona con México y el acabado de iniciar por el gobierno argentino de Cristina Fernández viuda de Kirchner, en la frontera con Paraguay.
Maduro, como sucesor de Chávez, en momentos económicos y políticos internos críticos, como el actual, buscando aglutinar a las mayorías de venezolanos y colombianos pobres que han sido beneficiarios de las viviendas gratis, dotadas con electrodomésticos chinos, atención gratuita en salud y educación y alimentación básica subsidiada,en vísperas de elecciones ha recordado este sentimiento anti –santanderista, alertando sobre atentados en su contra y la amenaza paramilitar impulsada desde Colombia por el expresidente Uribe, aliado con la oposición venezolana, encarnando el peligro en los habitantes de barriadas asentadas en los municipios tachirenses donde decretó el “Estado de excepción” y donde habitan ‘pimpineros y bachaqueros’ que son contrabandistas minoristas y cuyos ranchos procedió a marcar con una D, antes de demolerlos.
La derrota por un voto de la proposición colombiana buscando que la OEA citara a reunión de cancilleres para tratar el problema de los colombianos acusados de paramilitares y contrabandistas en el Táchira, donde han demolido sus viviendas, era de esperarse considerando la intensa diplomacia económica realizada en la región desde la época de Chávez, cuando impulsó la creación de Unasur, el Alba y Petrocaribe, gracias al gran poder que le garantizaba los altos precios del crudo y el regalo y subsidio de combustibles a países no productores.
Aunque Venezuela, Estados Unidos, los países de la Unión Europea y del resto del planeta están en su derecho de controlar sus fronteras y exigir a los extranjeros el cumplimiento de sus leyes, cuando ingresan en su territorio, la actuación autoritaria de un gobierno que se precia de ‘socialista’ ha causado justa indignación a colombianos y extranjeros que han vivido y visto por los medios de comunicación el deshumano desalojo, destrucción de sus precarias viviendas y escasos enseres sufridos por los más pobres (‘ bachaqueros’, o contrabandistas de pequeñas remesas) en la cadena de la ilegalidad que desde hace décadas se vive en la frontera y de la que hacen parte no solo delincuentes comunes, narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros colombianos, junto a funcionarios y militares de ambos países, que a gran escala aprovechan la gran diferencia de precios que existe en la gasolina, alimentos subsidiados y en el dólar oficial venezolano, para en enormes camiones que nadie ve por las trochas y con grandes transacciones monetarias, contrabandearlos a Colombia obteniendo multimillonarias ganancias.
Eso sin olvidar la existencia en Venezuela del ‘Cartel de los soles’ cuyo jefe según organismos de inteligencia gringos e importantes medios de comunicación internacionales es Diosdao Cabello, el intocable Comandante de las Fuerzas Armadas venezolanas, que facilitó a las Farc y grandes narcotraficantes de las llamadas ‘bacrim’ de origen paramilitar con jefes como “Cuchillo”, “Jabón” y otros del clan Usuga y demás bandas criminales colombianas, instalarse sin contratiempos e invertir en el vecino país, compartiendo ganancias del negocio, y en el caso del narcotráfico para despachar vía aérea y marítima, grandes embarques para México, Estados Unidos, África y Europa.
En opinión expresada en el programa Semana en vivo, Ronald Rodríguez, del “Observatorio Venezuela” de la Universidad del Rosario, la medida tomada por Maduro en los municipios de la frontera tachirense es la más extrema ejecutada en todo el territorio venezolano, en la lucha del gobierno contra la delincuencia común, que logró contener Chávez, especialmente la originada entre jóvenes milicianos del movimiento bolivariano, que armó el difunto comandante, con los 100 mil fusiles ametralladoras AK-47 comprados a Rusia; pero que a Maduro no le obedecen y un grupo significativo se dedicó a la delincuencia común ligada al narcotráfico, contrabando, atracos, extorsión y otros delitos similares a los que explotan pandillas como las centroamericanas de los ‘maras salva-truchas’ o las colombianas de las oficinas de Envigado, los Usugas, ‘rastrojos’, ‘águilas negras, y otras que reclutan a los ‘parches’ de jóvenes de los barrios populares.
En el estado Táchira, además, existe además la más férrea e histórica oposición al gobierno de Maduro, que ante la sequía del chorro de dólares al desplomarse el precio internacional del petróleo, el derroche de subsidios y la corrupción reinantes durante la bonanza, el caótico manejo de la economía, la cercanía de las elecciones y las altas posibilidades de perderlas, busca afianzarse no solo golpeando en el terreno a sus principales opositores, sino despertando el fantasma nacionalista de la conspiración del enemigo externo que ya no son el diablo de Bush y Obama restableciendo relaciones con Cuba, sino los paramilitares colombianos, comandados por el expresidente Uribe –quien no perdió la oportunidad de discursear en la frontera- y de cuyos ejércitos hacen parte los miles de desarrapados colombianos que, buscando beneficiarse de la subsidiada economía venezolana y del contrabando al menudeo, construyeron sus rústicas viviendas en las poblaciones venezolanas donde Maduro decretó el “Estado de Excepción” y amenaza con extenderlo a otros municipios del Táchira y otros Estados vecinos como el Zulia, limítrofe con La Guajira y Apure con Arauca.
Mientras el presidente Santos y el fiscal Montealegre anuncian acudir ante la ONU y la Corte Penal Internacional, para anunciar los atropellos contra colombianos expulsados del vecino país, el diálogo directo entre los mandatarios de Colombia y Venezuela se avizora como la salida más viable y pronta a la crisis, según han expresado públicamente varios internacionalistas.
