Ernesto Samper pudo terminar el mandato a pesar de que su campaña electoral recibió dineros del cartel de Cali y sobrepasó los topes establecidos. Bajo la legislación vigente en esa época, su continuidad en el cargo dependía exclusivamente del Congreso. Entonces apareció el representante Heine Mogollón expidiendo la absolución del mandatario y sumiéndonos en un cuatrienio de incertidumbre y vergüenza.
Ahora, sin embargo, las cosas pueden ser a otro precio para el presidente Santos. La razón es que en el año 2009 se expidió un Acto Legislativo que regula de manera tajante la violación de los topes, y quita la consideración del asunto a esa rosca de compadres que es el parlamento.
Poco a poco se va conociendo más sobre aquel “íntimo” del presidente que es Roberto Prieto. Entre sus mañas se cuentan la de no ponerle atención a los conflictos de intereses, y la de abusar de su posición y relaciones.
Ya en la época de la campaña Santos Presidente en el 2010, Prieto había asumido un papel protagónico en la estrategia de consecución de recursos y votos. Fue entonces cuando bajo su sombra se produjo una primera irregularidad: la recepción de cuatrocientos mil dólares entregados por Odebrecht en Panamá, los cuales se invirtieron en la impresión de afiches destinados a contener la ola verde de Mokus. El asunto representó una doble violación de la ley electoral por ser el aporte de una empresa extranjera y por no haber sido registrado en la contabilidad de la campaña. Por esos días también se habrían recibido sin ser declarados, más de doscientos mil dólares aportados por los socios de Interbolsa.
Durante la etapa de reelección pudo presentarse una violación de igual carácter. En palabras del fiscal Néstor Humberto Martínez, celebró un contrató “con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho Bbdo, por la suma de un millón de dólares, para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país. Esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el gobierno del Presidente Santos¨.
A lo anterior se agrega el testimonio de Otto Bula sobre la presunta entrega de un millón de dólares provenientes de Odebrecht a un amigo cercano de Prieto, suma que tendría como destino contribuir al esfuerzo reeleccionista.
Mientras Prieto descuidaba las espaldas
de su amigo presidente,
no hacía lo mismo con sus propios intereses
Mientras Prieto descuidaba las espaldas de su amigo Presidente, no hacía lo mismo con sus propios intereses. Las actividades de su compañía familiar, Marketmedios, fueron creciendo. Iban acaballadas en la proximidad de dueño a los altos círculos del poder. Un mes después de la primera elección la empresa firmaría un contrato con Odebrecht por valor superior a los mil millones de pesos. El objetivo era el de posicionar la constructora extranjera.
Llegaron tiempos aún mejores. Prieto fue nombrado representante de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington. A su regreso al país había logrado la aprobación de varios créditos entre los que se cuentan uno para Mintransporte por valor de USD 17 millones encaminado a implementar la política de seguridad vial, y otro con destino a Findeter por seiscientos millones de dólares, dirigido al programa de ciudades sostenibles. En desarrollo de estos proyectos Marketmedios obtendría la entrega sin licitación de contratos por valor total de siete mil ochocientos millones de pesos. Adicionalmente un consorcio liderado por esa empresa suscribió contratos por más de $50 000 millones con la Cancillería para organizar la VI Cumbre de las Américas en Cartagena.
Por cuenta de amigos tan aventajados y dinámicos, el presidente Santos está metido ahora en un problema que podría costarle la investidura. Lo anterior es así porque según el Artículo 109 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 2009, “Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sanciona con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”.
El texto es claro, contiene un mandato expreso, no mediado por la intervención de autoridad judicial o de entes inanes como la “Comisión de Absoluciones” de la Cámara. Una vez declarada la violación por parte de la autoridad competente, que sería el Consejo Nacional Electoral, procede la destitución. La norma menciona la necesidad de una Ley reglamentaria, pero ella solo se requeriría para reglamentar los demás efectos, o sea aquellos distintos a la pérdida del cargo.
El drama actual consiste en que el destino del presidente y el de nuestra institucionalidad, han quedado en manos de quienes gestionaron la campaña reeleccionista y conocen las intimidades de ese proceso. Como en el mundo estamos y humanos somos, ojalá a ellos no les vaya a dar por exigir privilegios o prebendas a cambio de su silencio.
