Se confirmó lo anunciado, los dos proyectos de ley en materia pensional más importantes que ha expedido este Congreso fueron objetados por el presidente Santos. El que plantea reducir la cotización a salud de los pensionados del 12% al 4% y el que baja a 1.150 las semanas de cotización para las mujeres (sobre dos salarios mínimos). Proyectos de altísimo impacto social que fueron tildados de “populistas” por altos funcionarios del Gobierno y que en el caso del primero se convierte en una reivindicación histórica de todos los pensionados del país. Santos incumplió una de sus principales promesas de campaña ignorando al millón y medio de pensionados que fueron determinantes para que ganará la segunda vuelta presidencial en 2014 y dejando tras de sí una estela de desconfianza que será difícil superar a corto plazo. ¿Le volverán a creer los pensionados a los eventuales candidatos presidenciales que se “comprometan” a reducir su cotización a salud?. Si un presidente-candidato les incumplió no creo que haya un candidato que seriamente se comprometa a saldar esa deuda histórica.
¿Se hundió definitivamente el proyecto? No necesariamente, vale la pena recordar que la objeción no es un veto y en esta vía se ha pronunciado la Corte Constitucional (Sentencia C-700 de 2004); todavía hay una oportunidad para que el proyecto se convierta en ley. ¿Cómo? Con movilización social y exigiéndole al Congreso que insista en su sanción. Nunca antes se había llegado tan lejos, desde 2012 se han hundido tres proyectos sobre ese tema, todos de iniciativa parlamentaria, es decir, fueron los congresistas de diferentes partidos y bancadas los autores y en su gran mayoría recibieron conceptos negativos por parte del Ministerio de Hacienda. La última esperanza se hizo sentir en diciembre de 2016 cuando en la Cámara de Representantes se incluyó en el texto de la regresiva reforma tributaria un artículo que reducía el aporte del 12% al 4% para todos los pensionados. Por presión del Gobierno ese artículo fue retirado en la conciliación del texto definitivo. Ahora, se da otra oportunidad para volver realidad ese anhelo de millones de colombianos, pero Santos decidió objetar. Al parecer, nunca estuvo realmente decidido a cumplir su promesa.
¿Qué sigue? Las objeciones se sustentan en argumentos de inconveniencia e inconstitucionalidad. Ya le corresponde al Congreso estudiar las objeciones y sí las rechaza insistir en su sanción. Con seguridad estos serán los argumentos centrales del Gobierno: reducir el aporte a salud a más de un millón de pensionados implicaría un gasto cercano a los 3 billones de pesos anuales lo que generaría un hueco en el sector salud; sector que según publicación reciente del portal Dinero.com reporta un “(…) déficit para este año (que) se calculó en $5,5 billones y la deuda de hospitales y clínicas en más de $7 billones” y que según el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2018 recibirá 22,1 billones. Sancionar el proyecto representaría una altísima carga a un sector con serios problemas presupuestarios. Asimismo, desde 2005 (por reforma constitucional) todos los proyectos en materia pensional deben responder a un principio de sostenibilidad fiscal. A partir de esas consideraciones se concluye que de convertirse en ley se vulneraría la sostenibilidad del Sistema Pensional. Ambas objeciones forman parte de los argumentos que esgrime Santos para justificar el incumplimiento de su promesa.
A pesar de esas consideraciones la objeción no se puede entender como un veto porque esto vulneraría la división de poderes. Ya recae en el Congreso amparado en el Artículo.199 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento interno del Congreso) y de la movilización social de los sectores impactados la responsabilidad de insistir en su sanción. Este proyecto le interesa sobremanera a la gran mayoría de congresistas que andan iniciando campaña y vale la pena recordar que en su último debate en la plenaria del Senado fue votado con mayoría absoluta, es decir, las condiciones están dadas para que el Congreso no se quede de brazos cruzado o funja de simple notario de las objeciones presidenciales. El Congreso tiene la facultad de insistir o en caso de inconstitucionalidad remitir el texto objetado a la Corte Constitucional para que verifique la validez de las objeciones. Esperemos que los congresistas continúen comprometidos con el proyecto. Ahora depende de ellos no dejar mamando a todos los pensionados.
