Para nadie, al menos en Colombia, es un secreto la terrible situación de inseguridad que padece el departamento del Cauca. Recién iniciada la presente vuelta al sol de nuestro planeta, todos los medios de comunicación, locales y nacionales, han dado cuenta de los homicidios, feminicidios, secuestros, atracos y amenazas en contra de la integridad física y patrimonial que ha sufrido la sociedad caucana y, en especial, la comunidad de Santander de Quilichao.
No se detendrá el suscrito, por lo menos en este breve espacio, a elaborar un análisis de todas las causas de estas actividades delincuenciales o de su incremento, solo quiero detenerme a denunciar la irresponsabilidad de una entidad privada, que aunque tiene como su única misión, brindar uno de los elementos de seguridad, para prevenir la actual ola criminal, ha optado por “facilitar” con sus decisiones el accionar de las bandas criminales que tienen azotada la tranquilidad de la tierra de oro nortecaucana.
Ya en otro momento y en otros espacios, quien les escribe, había mencionado el preocupante conflicto entre la Compañía Energética de Occidente, encargada de comprar y revender energía eléctrica a la ciudadanía caucana y las administraciones de algunos municipios caucanos, entre los que se encuentra Santander de Quilichao. Estas administraciones municipales se han venido oponiendo al cobro del alumbrado público y del servicio de energía para los edificios municipales que hace la Compañía Energética, aduciendo que existen acuerdos elevados a escrituras públicas en las que se establece que la prestadora del servicio de energía no cobraría estos conceptos.
La Compañía Energética de Occidente, en adelante CEO, ha afirmado en varias ocasiones que dentro del contrato de concesión que la habilitó como prestadora de este servicio público, no quedó claro el no cobro de estos conceptos (alumbrado público y energía a los edificios estatales), lo que ha desencadenado un puja jurídica, que para el caso de Quilichao, hasta el día de hoy, no se ha resuelto.
Para resumir la historia, la CEO, entre cuyos socios se encuentra un banquero estrechamente relacionado con las concesiones de las vías 4G, de las que hicieron parte; las del escándalo Odebrecht y las del puente caído en la vía Bogotá Villavicencio, ha optado, como es obvio, por darle rienda suelta a sus ansias de lucro, al fin y al cabo es una empresa privada, deponiendo su responsabilidad social con la ciudadanía quilichagüeña.
Desde hace rato, la CEO ha tratado de presionar a las administraciones municipales de Santander de Quilichao para que efectúen el pago de los conceptos antes mencionados, a pesar que el asunto aún se encuentra en litigio en las altas cortes colombianas, mediante continuas y largas suspensiones del servicio de energía eléctrica, tanto en los edificios estatales como en el espacio público.
Teniendo en cuenta el recrudecimiento de la ola criminal que azota el norte del Cauca, anotada al principio, a todas luces, no las de la CEO, es arbitraria, irresponsable y hasta cruel, la medida de privar a la ciudadanía quilichagüeña del servicio de alumbrado público, tomada por la Compañía Energética, desde hace ya varios días. No se puede entender cómo una entidad, así sea del orden privado, que tiene bajo su responsabilidad brindar un elemento necesarísimo para la seguridad ciudadana, como lo es el alumbrado público, privilegie su afán de ganancias, en desmedro de la seguridad física, moral y patrimonial de sus clientes, eso en otras partes se llama abuso de la posición dominante, yo lo aproximaría a un concierto para delinquir, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho
Santander de Quilichao en las noches parece un pueblo fantasma, sometido a un forzoso toque de queda decretado por la delincuencia y la CEO, así sea sin querer queriendo. Esas, ahora solitarias y oscuras, calles quilichagüeñas; nos traen memorias de la pesadilla que vivieron las buenas gentes de Quilichao y de Colombia, cuando quienes decretaban los toques de queda nocturnos eran los paramilitares y la guerrilla.
