Otra muestra de la corrupción vigente en la Administración Pública Municipal de Santander de Quilichao la acaba de poner en evidencia la Misión de Observación Electoral -MOE– entidad que entregó los resultados de la investigación sobre la relación entre financiación de campañas y contratación pública en las elecciones locales de 2015.
La MOE encontró que en 183 municipios donde las administraciones locales adjudicaron contratación a sus financiadores, estas se efectuaron usando modalidades de único proponente (el 65% de los contratos) y sin criterios de transparencia (el valor de los contratos adjudicados es 39 veces el dinero donado a las campañas).
En lo que hace referencia a la Administración Pública Municipal de Santander de Quilichao, para quienes tienen una concepción de lo público como ejecución administrativa inviolable en beneficio de las comunidades y de los ciudadanos que aportamos individual y colectivamente para su funcionamiento, es una entidad que ha venido degenerándose hasta parecer hoy privatizada en beneficio de unos cuantos avivatos que simulan ser políticos o dirigentes, para estimular la corrupción.
En comprobación de lo anterior, se iniciaron una serie de informes que pondrán en evidencia lo afirmado, con un llamado a las entidades de control, disciplinaria y penal, si es el caso, para que asuman con urgencia la garantía pública de la eficacia en sus gestiones investigativas y en las decisiones consecuentes.
Miremos un primer caso registrado por la MOE. Se trata del actual director o jefe de la oficina asesora de planeación municipal, el señor Wilson Zapata, quien fue gerente de la campaña electoral del 2015 en la cual resultó elegido como alcalde Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez. Se deduce que Zapata fue nombrado en el cargo, en compensación o a cambio de un aporte de $12 millones de pesos que hizo a esa campaña electoral. Por ese aporte se desempeñó primero como secretario de Bienestar Social y Participación Comunitaria. En todo caso, nombramientos que a pesar de que no representan necesariamente la comisión de un delito, sí es bastante atípico, irregular y clientelista, un negocio de compra-venta, pues su designación no respondió a un proceso de méritos, competitivo, transparente y eficiente.
Esta oficina asesora de planeación ha sido un nido donde se ha incrustado otro sujeto que se convirtió en urbanizador privado después de haber ejercido por varios años como director o jefe de planeación y regresa a la oficina cada vez que necesita, es decir, tiene más poder que el mismo alcalde Mendoza, pues viene de la administración anterior, de la escuela del exalcalde Luis Eduardo Grijalba Muñoz, quien pretende aspirar a la Gobernación del Cauca.
Gustavo Ledezma Jiménez (en la foto) ha hecho de la oficina asesora de planeación municipal su puerta giratoria, de donde se marcha a trabajar a su propia empresa urbanizadora, obteniendo beneficio de su cargo y produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, en beneficio propio y en perjuicio del interés público.
Yo creo que Santander de Quilichao es el único municipio donde un urbanizador privado ha sido jefe y director de la planeación municipal, ahora dispone de otra “asesoría”, precisamente en la oficina que debe controlar a los urbanizadores. Y ofrece sus servicios como “tramitador” ante la misma oficina donde trabaja. Un urbanizador que es el que coordina el trabajo de formulación y definición del Plan de Desarrollo del Municipio y el Plan de Ordenamiento Territorial. El urbanizador que debe realizar estudios de factibilidad y evaluar proyectos de carácter social, económico, territorial y ambiental para la toma de decisiones estratégicas de desarrollo. Un urbanizador que define y ejecuta la estrategia general de ordenamiento urbanístico del territorio y ejerce la acción urbanística referida a las decisiones administrativas relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo y que supuestamente verifica el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el municipio, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y de construcción. Además, un urbanizador que ejerce funciones de control y vigilancia de las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, que determina los índices de ocupación en las áreas cedidas por los urbanizadores o constructores para zonas verdes y equipamiento comunitario.
Un urbanizador que usa información privilegiada y por tanto, se beneficia de su posición pública, circunstancia que, lógicamente, lo convierte en corrupto potencial pues crea políticas en las mismas áreas que necesita para su gestión privada.
Señor alcalde, ¿esto no es para usted corrupción? ¿Este fenómeno no provoca evidentes conflictos de intereses entre las responsabilidades de la Alcaldía con una empresa privada cuyo único objetivo es la maximización del beneficio?
Para mí es una situación que crea corrupción compartida, pervierte y prostituye la Administración Pública Municipal, pues permite de forma aparentemente legal y encubierta que se practique una transferencia de competencias y capacidades del sector público hacia el sector privado pues hace de la Oficina de Planeación una instancia privada que hace trámites oficiales y para la compra y venta de propiedades urbanas, y rurales.
En resumen, parece que en Quilichao se impuso otra modalidad de corrupción, una refinada práctica conocida como ‘La puerta giratoria’.
Cuando estos asuntos ocurren en un Municipio la ciudadanía pierde la confianza en sus administradores y se vuelve quisquillosa, exigente y suspicaz. Por ello, haremos el respectivo seguimiento al nuevo plan de vivienda que se presentó públicamente el pasado fin de semana, Villa María, porque tiene orígenes poco consistentes y provocó una modificación al POT, según lo denunció Darío Fernando Reyes en el Concejo Municipal el año pasado y que puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.proclamadelcauca.com/reversazo-la-alcaldia-santander-quilichao/
A propósito, sobre asuntos similares ya se había pronunciado el fiscal general Néstor Martínez Neira: “Decenas de alcaldes locales encontraron una fórmula mágica para enriquecerse. La llaman ‘volteo de tierras’ y consiste no en desfalcar el erario, sino en desfigurar a la ciudad misma. La receta es tan simple como silenciosa: entre los asuntos que cotidianamente tramitan los alcaldes y los respectivos concejos municipales se introducen propuestas de ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Parecen reformas menores, pero escondida va alguna que hace el milagro. Así, de la noche a la mañana, el municipio amanece con variaciones en el uso del suelo, de tal forma que terrenos que eran agrícolas se agregan al perímetro urbano con todo lo que ello implica. El propietario de esa faja de tierra se acuesta como agricultor y despierta convertido en rico urbanista”. Y más adelante explicó el senador Carlos Fernando Galán, quien ha investigado el fenómeno en 15 municipios de Cundinamarca: “Hemos evidenciado un ‘modus operandi’ en el que alcaldes, funcionarios, políticos y contratistas se están enriqueciendo a cambio del crecimiento desordenado, sin vías, sin servicios, sin espacio público y sin tratamiento de aguas residuales, y esos son problemas que harán colapsar los municipios”. (Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/corrupcion-en-los-planes-de-ordenamiento-territorial/533383)
