Recientemente una decisión en segunda instancia del Tribunal Superior del Cauca salvó a Santander de Quilichao de la bancarrota al resolver a su favor una demanda que venía haciendo trámite desde 1999 y cuya cuantía superaba ya los 120.000 millones de pesos.
Esta demanda, digamos, fue el “coco” de todos los mandatarios locales, desde la administración del exalcalde Ricardo Cifuentes, pasando por la de Carlos Julio Bonilla, Juan José Fernández Mera, Luis Eduardo Grijalva y el actual, Álvaro Mendoza Bermúdez, por las gravísimas implicaciones que una decisión en contrario hubiera podido ocasionar a las finanzas públicas.
Esta demanda tiene su origen en 1999 cuando por circunstancias que aún no son del todo claras el exalcalde de Santander de Quilichao William Ortiz Ararat decide, sin más, desconoció a Cedelca como prestador del servicio de alumbrado público y concesionó mediante licitación pública la prestación de este servicio.
Por errores en la formulación de los pliegos, de los requisitos y de los procedimientos establecidos, denunciados apropósito por los vocales de control de esa época, la Unión Temporal Morelco, ganadora de la licitación, no pudo ejecutar el proyecto por lo que procedió a demandar al municipio por perjuicios, lucro cesante y otros ítems.
Por su complejidad esta demanda duró cerca de 20 años, lográndose, al final, demostrar que la acción ya estaba prescrita. Así lo sustentó el fallo de primera instancia en septiembre de 2105 el cual fue apelado por Morelco y su confirmación por el Tribunal Superior del Cauca en abril de 2018.
Es importante destacar de este proceso, como en otros, la labor de los abogados y colaboradores externos, de la oficina jurídica de la alcaldía y de los dos últimos alcaldes, Luis Eduardo Grijalba Muñoz y Álvaro Mendoza Bermúdez, quienes cargaron en la recta final de este proceso, por decir lo menos, con la presión y la responsabilidad de llevarlo a buen término.
Pero, ¿qué habría ocurrido si el municipio hubiera perdido esta demanda? Lo primero es decir que estos 120.000 millones de pesos los cuales representan los ingresos corrientes de libre destinación de 10 años aproximadamente, sin incluir los intereses de la deuda, le hubieran significado al municipio su muerte financiera y, puesto que el 60% de estos ingresos se destinan a la inversión social y a obras públicas y, el otro 40% a gastos de funcionamiento, durante 10 años o más, el municipio se hubiera visto obligado a disminuir a mínimos históricos la inversión en estos sectores y a prescindir de un número importante de funcionarios y funcionarias incluidos los que hoy se encuentran amparados en carrera administrativa. Esto en consideración a la ley que regula el procedimiento de reestructuración de pasivos (Ley 550).
Esta es pues una muy buena noticia para Santander de Quilichao y, sobre todo, para quienes por costumbre o necesidad han orientado sus esfuerzos en los últimos tiempos a reseñar lo malo y no a resaltar lo bueno de un municipio que para prosperar necesita de la buena crítica y del concurso de todos y de todas.
