La clase dirigente samaria tiene a muchos de sus antiguos dirigentes en la cárcel, o a punto de entrar o recién salidos de ella. ¿Desde hace cuánto? ¿50, 100 años? ¿Más? No son pocos los casos en que, impedidos por sanción penal, proponen a sus hijos, sobrinos o cualquier otro de su parentela para seguir gobernando en cuerpo ajeno.
Por eso cuando en 2012 Carlos Caicedo, ajeno a esa casta política, conocido por su rectoría de la Universidad del Magdalena, que modernizó académicamente, hizo accesible a estudiantes pobres mediante becas y pagó los salarios atrasados de profesores y empleados, ganó la alcaldía, muchos sentimos que un viento fresco y esperanzador entraba en las esferas públicas de la ciudad.
Superando los ataques a veces arteros de quienes no se resignaban a perder ese poder que consideraban asegurado para siempre, logró el triunfo del candidato de su movimiento político, también sometido a golpes bajos, y, finalmente, en 2020 logró lo que parecía impensable: fue elegido gobernador del Magdalena y la candidata de su movimiento Fuerza Ciudadana, Virna Johnson, ganó la alcaldía de Santa Marta.
He mirado con satisfacción que la ciudadanía de la ciudad y el departamento haya tenido la madurez para saltar del voto vendido al voto de opinión y he esperado confiada que esos nuevos gobernantes correspondan brindando mejores condiciones de vida a quienes depositaron en ellos sus esperanzas.
Son tres periodos de gobierno de ese movimiento en la ciudad, pero muchas de las condiciones que hacen difícil la vida en Santa Marta no muestran ninguna mejoría. Desde luego, no sería justo esperar que problemas que llevan cien años de atraso se resuelvan en 10, pero sí hay derecho a exigir que se muestren avances tanto en la realización material de los derechos como en la eficiencia y probidad de la administración pública.
Tomemos el ejemplo del agua y alcantarillado: pasamos de Metroagua a Veolia y luego al actual ESSMAR con la promesa de que eso se traduciría en un mejor servicio, pero esto no sólo no se ha logrado sino que la situación empeora cada día. Cómo es posible que haya que soportar tres años sin el servicio de agua, reclamando un día sí y otro también a la empresa hasta cuando finalmente enviaron una cuadrilla que trajo un compresor, lo aplicó a los tubos y el agua llegó. ¿Tres años sin agua por esa desidia?
Ahora en el verano el asunto se agrava: la empresa decide por qué tubos envía agua. Por el que pasa frente a mi casa eso no ocurre desde hace quince días y la respuesta de la empresa es: “hoy se restablece el servicio”. Pero no lo hace. Sé que los niveles de los ríos bajan en esta temporada, pero creo que una planeación técnica y equitativa permitiría que por lo menos (aceptando resignadamente una disminución de mi derecho) un día a la semana brinden el servicio para poder almacenar agua hasta la semana siguiente.
Lo del alcantarillado es trágico: muchos barrios se construyeron con pozas sépticas, hoy en día rebozadas, que los inundan con su pestilencia. Solucionar eso no tiene mayor costo. Solo exige funcionarios acuciosos que conecten esas casas al alcantarillado. Pero cuando se llama a la secretaría de ambiente, dicen que el alcantarillado no les compete como si las graves consecuencias ambientales de esa situación no fueran el objeto de su entidad. ¿Por qué no hacen brigadas con el ESSMAR y recorren los barrios para ubicar esos focos de infección y propician un ambiente más saludable? Eso no tiene costo, da réditos políticos y evita el permanente olor a alcantarilla.
Hay algo peor: cuando un ciudadano propone al ESSMAR soluciones viables, lo remiten a unas empresas privadas con las que deben hacerse obligatoriamente, a unos precios exorbitantes. Ese es el equivalente samario de las latas de atún de $19.000 de otras alcaldías. ¿Por qué si la empresa da las especificaciones de la obra y señala que hará la supervisión, eso mismo no puede hacerlo el particular por la cuarta parte del precio contando con esa misma supervisión?
El predial que se paga para disfrutar de ese edén es alto. Comparemos con Bogotá: aquí una casa, sin agua y en medio de la pestilencia, paga el doble que un apartamento con un autoavalúo dos veces superior allá.
La alcaldía viola sus propias normas, como ocurre con el POT. Barrios residenciales que pagan tributos altos están siendo invadidos por dependencias distritales; la contraloría distrital compró apresuradamente una casa a finales de 2019 (¿para aprovechar los estertores de la vigencia fiscal?) y luego la ha dejado abandonada como un inmenso basurero. En un lote en el que los vecinos impidieron, acudiendo a la secretaría de Planeación, que se montara un taller de mecánica, otra dependencia distrital montó un depósito, frente a otra casa que también ha ocupado abusivamente la alcaldía. Eso ha sometido al barrio a ruidos estruendosos, tráfico pesado e invasión del espacio público por parte de la entidad encargada de evitar que eso ocurra. Para ellos no existe el POT.
Las marchas del 29 de abril fueron encabezadas en Santa Marta por el gobernador Caicedo y la alcaldesa, como corresponde a dos mandatarios progresistas. Cuando los vi desfilar, sonrientes, complacidos por la aprobación que sabían que ese gesto generaría en la ciudadanía, no pude menos que pensar: esa es la sonrisa de los que tienen agua en sus casas.
