Santa Marta, es hoy una ciudad asfixiada por la violencia y la impunidad, sumida en una crisis que la substrae de su esencia y amenaza la seguridad de sus habitantes.
A lo largo de este año, la ciudad ha registrado cifras escalofriantes: 136 muertes violentas, de las cuales 127 son homicidios y nueve feminicidios. Estos números son más que frías estadísticas; son un reflejo de una realidad cada vez más desoladora que parece no tener freno.
El panorama no puede ser más desalentador y perturbador. Así lo revela el programa Santa Marta Como Vamos, en su más reciente documento, que muestra resultados en materia de seguridad en la ciudad, la tasa de homicidios es de 17,3%. Lo que ubica a Santa Marta como la quinta ciudad más peligrosa, entre las 23 principales del país y ocupa el segundo lugar de la Región Caribe con la mayor tasa de homicidios, lo que nos remonta a la década de 1990, cuando hubo un recrudecimiento de la violencia paramilitar y situó a Santa Marta entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, situación que también se registró durante el 2023 y sigue la trilla en lo que va del 2024.
De acuerdo con versiones periodísticas la situación en el sur de la ciudad es pavorosa, sectores como El Pando, María Eugenia y Primero de Mayo, “están prácticamente desiertos, con negocios cerrados y el sonido cotidiano de disparos, sirenas y lágrimas por las pérdidas”, están a la orden del día.
Son varios los hechos que reflejan el deterioro de la violencia en este territorio. Fines de semana violentos con más de 5 asesinatos y miércoles negros o sangrientos como el festivo del 7 de agosto, solo por mencionar dos recientes que deja como saldo tres muertos y dos heridos en diferentes hechos. Las autoridades se amparan en que esta flamante progresión de la violencia en la ciudad obedece a la disputa entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y 'El Clan del Golfo', por apropiarse del territorio y las rutas del narcotráfico.
El pasado 8 de agosto, un día antes de que el mundo celebrara el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la sangre de Wilfrido Segundo Izquierdo Arroyo, un joven estudiante universitario y líder indígena, manchó la tierra de Santa Marta. Su asesinato es un recordatorio brutal de que la violencia en la ciudad no discrimina, sino que se ensaña con quienes luchan por el bien común, por la preservación de sus culturas y por un futuro más justo.
Esta tragedia ocurre en un contexto donde la administración del presidente Gustavo Petro ha abierto un nuevo frente en su política de paz total. A través de una resolución, se dio luz verde para iniciar conversaciones socio-jurídicas con el Clan del Golfo, uno de los grupos armados más temidos y poderosos del país. Seis voceros fueron reconocidos, y se solicitó la suspensión de sus órdenes de captura, incluyendo a Giovanni de Jesús Ávila, alias “comandante Javier” o “Chiquito Malo”, actual comandante de los Gaitanistas –también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)– uno de los grupos criminales más poderosos de Colombia y a alias “Camilo”, temido líder @ de esta agrupación en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde han sembrado el terror.
Es irónico y trágico que mientras se promueven diálogos de paz, en las calles de Santa Marta siga corriendo la sangre de sus ciudadanos. Día a día, la situación se torna aún más horripilante cuando se analiza la figura del alcalde Carlos Pinedo, quien debería ser el garante de la seguridad y el orden en la ciudad. Sin embargo, su nombre ha sido vinculado en repetidas ocasiones con grupos paramilitares.
No es la primera vez que la familia Pinedo se encuentra en el ojo del huracán por sus presuntos lazos con la para-política, una mancha que parece no desvanecerse, sino más bien intensificarse con el paso del tiempo. Recientemente, ha circulado una imagen perturbadora en la que aparece alias “Camilo”, uno de los máximos comandantes del Clan del Golfo, abrazado con el alcalde.
Este tipo de relaciones no solo genera desconfianza en la ciudadanía, sino que también socava cualquier intento real de restaurar la paz y el orden en Santa Marta. ¿Cómo puede esperarse que las autoridades locales enfrenten a los criminales cuando están tan íntimamente vinculadas a ellos?
La Policía, por su parte, parece ser una fuerza ausente en las calles. La mano dura que debería proteger a los samarios brilla por su ausencia, dejando a la población a merced de la violencia y la delincuencia. No es de extrañar que muchos ciudadanos sientan que la ciudad les ha quedado grande a quienes están en el poder, y que Santa Marta se ha convertido en una tierra de nadie.
La situación es muy compleja y esta permeada por el Narcotráfico. La guerra entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras tiene en desasosiego a la población. En las últimas semanas han aumentado los homicidios, e incluso desmembramientos en otros territorios, pero ligados a lo que sucede en el Distrito.
Para algunos investigadores el Clan del Golfo tiene el poder en los barrios, copando su territorio, como una especie de fraccionamiento geográfico con crímenes selectivos, con el propósito de frenar que los peones del microtráfico mercadeen con los conquistadores de la Sierra, y eso por supuesto ha incrementado la violencia que ronda en cada barrio de la ciudad y permea a la juventud.
Esta situación no puede ser ignorada. Las vidas perdidas, los lazos entre las autoridades y los grupos armados, y la falta de respuesta efectiva de las fuerzas de seguridad son una vergüenza para Santa Marta y para todo el país. Es hora de exigir cuentas, de romper con la impunidad y de recuperar la ciudad que alguna vez fue un símbolo de belleza y tranquilidad. Santa Marta no puede seguir siendo rehén de la violencia y la corrupción; sus habitantes merecen mucho más.
La tragedia que a diario viven los samarios evidencia la falta de capacidad de las autoridades para dirigir la ciudad, así como su alarmante desinterés para enfrentar la criminalidad y proteger la vida de los samarios. La dirigente alternativa y ex candidata a la alcaldía de Santa Marta, Patricia Caicedo, cuestiona el papel del alcalde Pinedo en toda esta tragedia, por la ausencia de medidas y se pregunta dónde está el Plan de emergencia para esclarecer este hervidero de crímenes y detener la oleada violenta que atraviesa el Distrito y también reclama una articulación efectiva de la alcaldía con la fuerza pública para someter a la delincuencia organizada.
