Desde que la embarcación El Susurro fondeó el pasado 6 de mayo en la bahía Los Almendros, el nuevo coronavirus dejó de ser una noticia lejana para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La pandemia llegó a sus orillas y se convirtió en una verdadera amenaza para el archipiélago, que sumaba 17 contagiados hasta el 9 de junio.
La tripulación zarpó de Cartagena con varios miembros infectados, disparó los casos entre los isleños y desnudó la vulnerabilidad de este pedazo del Caribe. Las islas ahora afrontan la crisis de salud más grande de su historia reciente con un sistema sanitario débil y una economía agonizante, después de tres meses sin turistas tras la cuarentena nacional decretada por el presidente Iván Duque.
Los ánimos están crispados en este territorio de 27 kilómetros cuadrados, después de que el gobernador Everth Hawkins culpó a los isleños por el aumento de los contagios. Una opinión por la que debió disculparse días después. A esto se suma el clima de polarización que dejaron las últimas elecciones regionales y que se mantiene hasta hoy con enfrentamientos en redes sociales entre detractores y partidarios de la actual administración. Quien cuestione al gobernador suele ser calificado como enemigo político y escarbar para acceder a información pública es una tarea difícil en un territorio pequeño, sin una variada oferta informativa en los medios de comunicación locales y donde algunos periodistas son contratistas de la Gobernación. Solo en los últimos tres meses se han firmado 19 órdenes de prestación de servicios, por 492 millones de pesos, para la redacción de comunicados, monitoreo de medios y servicios audiovisuales, según información publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
En la carrera por mitigar el impacto del coronavirus en este departamento, Hawkins ha suscrito desde marzo pasado hasta el 8 de junio 16 contratos por 9.702 millones de pesos, publicados en el Secop. Ahora existen denuncias ante los organismos de control por posibles sobrecostos, y dudas sobre la calidad de algunos insumos adquiridos. Varios contratistas son conocidos en San Andrés por su cercanía con el gobernador.
Hawkins es uno de los tres gobernadores (junto a los de Arauca y Guaviare) citado a interrogatorio por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia en calidad de indiciado. Contra él existen dos indagaciones por supuestos malos manejos de plata durante la pandemia.
El pasado 21 de mayo, cuando hizo el anuncio, el fiscal general Francisco Barbosa no dijo cuáles de los contratos originaron las pesquisas contra Hawkins. Tampoco entregó detalles del resto de mandatarios, pero reveló que pronto habrá “decisiones con nuevas imputaciones e imposición de medidas de aseguramiento” contra algunos.
Esta sombra de corrupción no es nueva para los isleños, cuyos dos últimos mandatarios, Aury Guerrero y Ronald Housni, salieron del cargo investigados por celebración indebida de contratos y concierto para delinquir agravado. Hoy ambos están condenados a 14 y 15 años de prisión respectivamente. La justicia comprobó que pedían a los contratistas hasta el 10 % del monto negociado. Unas coimas que la Fiscalía calculó en al menos 9.000 millones de pesos. Casi la misma cifra contratada ahora durante la cuarentena.
Un hospital en cuidados intensivos
La administración de Hawkins ha invertido la mayor parte de los nuevos recursos en compra de mercados, equipos e insumos sanitarios; y en la adecuación del sótano del Hospital Departamental Clarence Lynd Newball, para convertirlo en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Esa obra, contratada por 1.468 millones de pesos, debe estar lista antes de julio y quedó a cargo del capítulo San Andrés y Providencia de la Sociedad de Arquitectos.
El archipiélago necesita con urgencia más camas y respiradores, pues solo tiene nueve para cuidados intensivos, insuficientes para afrontar los posibles contagios, ahora que el país comienza a reactivar su economía y a relajar el confinamiento. A mediados de mayo la mitad de esas camas y respiradores estaban ocupados por pacientes con otras enfermedades.
El archipiélago tiene una cama de cuidados intensivos por cada 8.854 isleños, si el cálculo se hace con la proyección del DANE de casi 80.000 habitantes para 2020. Una relación lejana de los estándares internacionales, cuyo promedio es de tres camas hospitalarias por cada mil habitantes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La relación de camas por número de pacientes potenciales es aún más crítica si los cálculos se hacen basados en los 110.000 habitantes que la Gobernación estima. Especialmente en San Andrés se habla de un subregistro demográfico, porque desde la declaratoria de Puerto Libre, en 1953, sus residentes no han dejado de aumentar, y durante los últimos 20 años la sobrepoblación comenzó a ser otro problema medular del archipiélago.
La audiencia en contra del gobernador Everth Hawkins se realizó en septiembre de 2020.
Ubicado en el sector Bight de San Andrés, el Hospital Clarence Lynd Newball también atiende a quienes lleguen con complicaciones médicas de las vecinas Providencia y Santa Catalina. Dos islas ubicadas a tres horas de navegación o a 20 minutos en avioneta, donde solo cuentan con un centro médico local que brinda atención básica, y cuya infraestructura es similar a la de un puesto de salud de barrio en la Colombia continental.
El de San Andrés es un gigante con pies de barro. Por fuera, desde la avenida San Luis, el hospital se ve como un imponente edificio de cuatro pisos con sótano y con un segundo bloque de un piso para la atención ambulatoria. Desde su inauguración en 2007 fue presentado por el gobierno de Álvaro Uribe como un centro para prestar servicios de alta complejidad, pero allí abundan los problemas administrativos y las carencias de insumos han limitado su capacidad. Muchos isleños suelen viajar a Barranquilla o a Medellín para recibir sus tratamientos médicos.
A los problemas de infraestructura se suman la falta de insumos sanitarios y, en ocasiones, los pagos impuntuales a su personal médico. En 2018 la crisis tocó fondo. Para abril de ese año no había ni guantes ni pinzas para los cordones umbilicales de los recién nacidos. La Procuraduría pidió a la Gobernación declarar una emergencia sanitaria y ambiental. Los residuos permanecían acumulados sobre la calle, a las afueras del hospital, sin protección ni aislamiento.
En los últimos dos años los indicadores de gestión del hospital han mejorado, pero su funcionamiento sigue en medio de obstáculos. El 14 de mayo pasado, su operador -Sermedic IPS- devolvió a la Secretaría de Salud 5.500 mascarillas, porque no eran seguras para proteger a trabajadores y pacientes del coronavirus. La devolución la hizo Yudy Eugenia Gallego, directora Administrativa de Sermedic IPS, a través de una carta enviada al secretario Julian Davis Robinson.
Justo por un contrato de insumos sanitarios, que la Gobernación firmó el 26 de marzo pasado, la Procuraduría anunció el 21 de mayo una investigación al gobernador Hawkins y a su secretaria de Gobierno, Jacqueline Blanco Yepes. El contratista que vendió los tapabocas, geles sanitarios y guantes no era idóneo para esa negociación, pues se dedica a la organización de convenciones y eventos comerciales; a la consultoría de gestión; al comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, y al catering.
Con todos esos problemas a cuestas, San Andrés transforma el sótano de su hospital en una unidad de cuidados intensivos para mitigar el impacto de la pandemia los próximos meses. Mientras avanza la remodelación y crecen los casos de contagio, los equipos médicos para su dotación están almacenados en una bodega.
Posibles sobrecostos
El 19 de marzo Hawkins y el secretario de Salud, Julian Davis Robinson firmaron por 3.524 millones de pesos la compra de ventiladores, tensiómetros y monitores de signos vitales para la nueva unidad de cuidados intensivos.
La Gobernación hizo el trato con la empresa barranquillera DM Medical Health Care SAS, dedicada a la importación y comercialización de insumos médicos y representada legalmente por Elizabeth Niebles Barceló.
Casi dos meses después la compra bajó $803.048.959, tras una denuncia ciudadana ante la Contraloría General por posibles sobrecostos. Una reducción que quedó consignada en dos otrosíes, como se llama en lenguaje jurídico a las modificaciones que sufre un contrato.
La reducción de los montos, dijo la Gobernación en los otrosíes, se debió a dos razones. La primera fue el transporte de los equipos, cuyo costo fue asumido por la Fuerza Aérea colombiana en sus aeronaves por gestión de la Federación Nacional de Departamentos. Sin embargo, esa suma nunca se detalló en el contrato inicial pues, según la Gobernación, estaba contemplada “de forma implícita” en los equipos médicos. Por eso no era posible determinar el valor neto que la administración Hawkins pagaría por cada equipo.
La segunda razón se debe a la fecha de la cotización inicial, realizada en marzo. Para aquellos días, dice la Gobernación, hubo un “alza vertiginosa” de precios en los dispositivos y equipos médicos, debido a una demanda mundial sin precedentes de estos aparatos con el auge de la pandemia. Esa situación ha ido cambiando -se lee en una de las modificaciones del contrato- las últimas semanas por el aumento de la oferta y la flexibilización de los fabricantes en India, China y la Unión Europea.
En su revisión, la Contraloría encontró diferencias en los valores unitarios de estos equipos.
Según información a la que tuvo acceso La Liga, el costo de cada uno de los 25 monitores de signos vitales no sobrepasaba los 8.743.623 pesos. La administración Hawkins los había negociado en $13.812.500 pesos por unidad.
En esa misma cotización, en la cual basó la Gobernación su contrato inicial, dos carros para el transporte de medicamentos costaban 12.070.000 pesos. Pero la Contraloría los tasó en $8.355.943.
Los dos desfibriladores, aparatos electrónicos que ayudan a restablecer el ritmo cardiaco, fueron cotizados por la Contraloría en 39.932.966 pesos. La Gobernación los iba a pagar por 64.553.250.
Los valores cotizados por la Contraloría incluían impuestos y costos de transporte a San Andrés.
Los organismos de control y la Fiscalía deberán determinar si hay corrupción en los contratos firmados por el gobernador Hawkins durante la emergencia sanitaria. Mientras tanto, los isleños se enfrentan a una pandemia en medio de una gran incertidumbre. El turismo mueve el 80% de la economía del archipiélago y sus habitantes se preguntan cómo será en adelante su cotidianidad, sin los 90.000 viajeros mensuales que solían visitar estas islas antes del coronavirus.
* Texto original de La Liga Contra el Silencio con el título Coronavirus en San Andrés: una carrera contra la corrupción
