Luego de que las masivas movilizaciones sociales de batas blancas que inundaron las calles de las principales ciudades del país, y de que el luto se hiciera popular entre los trabajadores de la salud como símbolo de rechazo a la reforma de ley ordinaria que el gobierno adelantaba en el Congreso para modificar la ley 100 por una peor, seguramente, luego de esto, el gobierno se vio en la obligación de maniobrar archivando este polémico proyecto de ley que había despertado indignación al interior del gremio de la salud y le apostó a sacar adelante una reforma estatutaria que enmarcaría la nueva etapa de desarrollo, para solventar la crisis que atraviesa el sistema en su conjunto.
Consecuentemente se aprobó la reforma estatutaria y la Sala Plena de la Corte Constitucional el declaró “exequible” (que se ajusta a la constitución) el proyecto de ley que regula el acceso al derecho fundamental a la salud, haciéndole previamente algunos ajustes. Seguido a este acontecimiento, recientemente el ministro de salud Alejandro Gaviria anuncia que ya no es necesaria una reforma ordinaria que organice el sistema, que por medio de decretos harán los cambios correspondientes.
Bueno, ¿por qué no es necesario? Simplemente porque ninguna ley (que provenga de ellos), va a pagar la enorme deuda que tienen las EPS con los hospitales y clínicas del país. Era necesaria una etapa de transición que conservara el carácter privatizador del sistema de aseguramiento; donde se salvaran aquellas EPS que con los paseos de la muerte y la apropiación privada de recursos públicos, acumularon suficiente capital para dejarlas continuar funcionando: pues estas son las que mejor entienden la dinámica del negocio que ha querido imponernos el modelo neoliberal del banco mundial, desde el desmonte del estado de bienestar en todo el mundo con la disolución de la Unión Soviética.
Pero por supuesto que el “sálvese quien pueda” también aplicará para las IPS; aquellas clínicas consolidadas en el negocio de la salud, se fortalecerán, y seguramente los hospitales públicos debido a sus millonarias deudas (ya que tuvieron la obligación de brindar asistencia a la población más necesitada), serán víctimas de liquidaciones y venta, a mejores postores privados (seguramente multinacionales).
La deuda de cerca de 10 billones de pesos de las diferentes EPS con las IPS (hospitales y clínicas), es un problema que se solucionará por medio de paquetes de reformas por decreto que no solo liquidará hospitales públicos, limitará la cantidad de EPS (menos plata que repartir entre quienes se apoderan de nuestros impuestos), sino que también restringirá la autonomía profesional del personal de salud. Un mecanismo, ya bien probado, es continuar las formas de contratación informales (más del 70 % de los trabajadores están contratados por OPS) que limiten la capacidad de organización sindical del gremio, y, finalmente, impondrán el principio de Evidencia Científica al arbitraje de la industria farmacéutica.
Definitivamente el gobierno nos ofrece un sombrío panorama a los trabajadores dela salud; el problema es que juegan con la Salud. Y la Salud no es el sistema complejo ese de la ley 100, conformado EPS, IPS y sus diversos intereses; sino que la salud, es en ultimas, de la gente.
Nicolás Durán Sandoval
Representante de la Facultad de Salud – UIS
Vocero Regional FUN Comisiones MODEP
