Saludcoop, a pagar $91.133 millones tras fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría

Saludcoop, a pagar $91.133 millones tras fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría

Por ahora la entidad mantiene las medidas cautelares decretadas contra los responsables fiscales mencionados, que incluyen embargos a bienes inmuebles y cuentas bancarias

Por: Miguel Ángel Cruz
mayo 22, 2019
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Saludcoop, a pagar $91.133 millones tras fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría
Foto: Sebas151195 - CC BY-SA 4.0

La Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de $91.133 millones de pesos por la desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) que se dio en la intervención de la EPS Saludcoop, durante los años 2011 a 2013.

Si el fallo queda en firme, los responsables fiscales serán incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales, donde permanecerán hasta que resarzan el daño patrimonial que causaron.
“Se falló por una cuantía de $91.133 millones de pesos, los cuales deberá pagar solidariamente responsable Saludcoop en su totalidad. Dineros que utilizaron para gastos diferentes al objeto social de la identidad”, dijo José Miguel Char, contralor delegado de investigaciones contra la corrupción.

Fueron encontrados responsables fiscales solidarios los Superintendentes Nacionales de Salud para la época de los hechos Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo y quienes actuaron entonces como agentes interventores: Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval.

Saludcoop EPS hoy en liquidación, responde por la cuantía total del fallo, o sea $91.133 millones.
Para el contralor delegado de investigaciones contra la corrupción, José Miguel Char, los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud debían destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados de Saludcoop, se utilizaron para realizar gastos sin relación de causalidad con el objeto social de la EPS intervenida, como pagos a vinculados económicos y por contratos de leasing, los cuales sirvieron para fortalecer la infraestructura de sus IPS.

Char destacó que uno de los usos que tenían que haberse dado a estos recursos, y no se dio, era pagar a las instituciones prestadoras de salud, con las que se tenía una elevada deuda.

La Contraloría mantiene las medidas cautelares decretadas contra los responsables fiscales mencionados, que incluyen embargos a bienes inmuebles y cuentas bancarias.

 

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