La Defensoría del Pueblo asegura que “cada 34 segundos en Colombia se presenta una tutela por violación al derecho a la salud”.
La Constitución Política de Colombia reza en su artículo 49: “Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. El país cuenta con 50 millones 193 mil 318 habitantes, según el último censo realizado en el año 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
De acuerdo a cifras registradas por el Ministerio de Salud, con corte a agosto de 2019, de ese total poblacional, 22 millones 827 mil 541 pertenecen al régimen Subsidiado; 22 millones 753 mil 319 al régimen Contributivo; 2 millones 160 mil 659 al régimen de Excepción y Especiales, para un total de 47 millones 741 mil 519 personas afiliadas al sistema de salud, sin contar a las 312 mil 696 que pertenecen a la Población Pobre No Asegurada (PPNA).
Más acceso y calidad de la salud para los colombianos, prioridad de este gobierno, así se titula una noticia publicada el 2 de enero de 2019 en la página web oficial de la Presidencia de la República de Colombia. Cinco meses después, el 6 de junio, RCN Radio publicó que “el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, firmó un pacto con entidades del sector con el fin de mejorar la calidad en el servicio que se les presta a sus pacientes en todo el país”.
Así mismo, la reciente evaluación de los servicios de las EPS que realiza anualmente el Ministerio de Salud, ejecutada por la empresa Bioestadística S.A.S., que constó de 60 preguntas relacionadas al acceso, la oportunidad y la satisfacción y se aplicó a 25.760 personas, entre septiembre y noviembre de 2018, en 104 municipios de los 32 departamentos del país, reveló que: el 72%, afirmó que en los últimos seis meses les han prestado un servicio bueno y muy bueno dentro de las entidades de salud, por otro lado, el 22% restante aprobó el servicio como regular, y solo el 6% como malo y muy malo.
¿Será que esa encuesta se la hicieron a los usuarios de los estratos más altos del país? No, es que ni siquiera los cotizantes de salud de los estratos 4, 5 y 6, cuyo aporte supera los 200 mil pesos mensuales están satisfechos. Basta con acudir a un centro de salud para darse cuenta que los enfermos abundan tanto como las quejas.
Si la satisfacción fuera total y en realidad se garantizaran los derechos, no habría necesidad de contar con entidades como la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Salud para que hagan gestiones defensoriales y de vigilancia y tampoco estarían 312 mil 696 personas sin seguro social. Además, ¿de qué sirve tener una cobertura del 95,12 por ciento, según MinSalud, si el servicio brindado es pésimo? Bueno, los resultados nunca serán desfavorables en una encuesta que delega uno mismo.
Hay incongruencias entre los anuncios del Gobierno y la realidad: casos diarios de inasistencia pululan por todo el territorio nacional. Varios medios de comunicación nacional han hecho visibles distintas historias ocurridas durante el 2019. Noticias Uno reveló el caso de Jhon Jairo Galeano, un policía retirado, quien espera un tratamiento médico por una peritonitis que adquirió durante el proceso de recuperación de una herida, que siete años después le mantiene el abdomen abierto (ver). El periódico La Nación, hizo visible la historia de María Antonio Sepúlveda Gómez, a quien el pasado mes de febrero, Medimás E.P.S. le formuló a la paciente, diagnosticada con cáncer de mama metastásico, 126 cápsulas de Palbociclib de 125 mg, pero nunca ha sido suministrado. Sus familiares aseguran que ya informaron a la Superintendencia, quien hasta el momento, no ha intervenido (ver).
Pero las desdichas no cesan tampoco para los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas en situación de discapacidad, quienes por ley tienen derecho a recibir atención especial; esto parece ser “letra muerta”. Un reciente caso evidenciado por el Canal TRO el 6 de septiembre, informó que, en Cúcuta, seis niños con cáncer están a la espera de recibir un tratamiento médico por parte de SaludVida E.P.S. y, más de 10 niños han fallecido por negligencia administrativa en el 2019 (ver aquí).
Según balance actualizado en la página web de la Superintendencia de Salud, con corte a agosto de 2019, en un comparativo con agosto de 2018, el número total de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) asciende a 67 mil 023, lo que significa un incremento porcentual del 34,21 por ciento. Sin embargo, pese a tantas vulneraciones al derecho a la salud, al Gobierno y a las EPS la situación parece no preocuparles.
Macromotivos más frecuentes de PQRD registrados durante agosto de 2019
La página web oficial de la Presidencia de la República de Colombia informó el 2 de enero que “el presupuesto del sector salud para 2019, alcanza los 32.3 billones de pesos, 7.7 billones más que en 2018, y es “una de las asignaciones más altas del gobierno nacional. Estos recursos incluyen los $3.8 billones adicionales a lo previsto inicialmente”. Si eso es verdad, por favor, ¡que alguién diga dónde está invertido ese dinero! Porque en la realidad diaria que viven los usuarios no se ve reflejado.
Pero bueno, ya que el gobierno asegura que todo está perfecto, pues entonces ¡brindemos! Por el mal servicio, ¡salud! Por la demora en las asignaciones de citas, ¡salud! Por los altos costos en los procedimientos médicos, ¡salud! Por la demora en los tratamientos, ¡salud! Por los niños, ancianos y embarazadas, muriendo día a día en el paseo de la muerte, ¡salud! Pero, eso sí, no lo “jartemos” fondo blanco, este trago tan amargo hay que tomarlo de a sorbitos.