Una democracia en la que no operen bien los servicios de salud, justicia y educación no llega a ser verdadera por mucho que se realicen elecciones cada dos o cuatro años. Cuando en ellos impera el negocio y la corrupción las personas del común se sienten desprotegidas y no hay progreso. Claro, si lo entendemos en un sentido muy distinto al de las utilidades de las empresas o la ganancia de unos pocos.
Los gobiernos de los últimos años saben que estos sectores funcionan mal y cada uno a su turno ha intentado reformarlos, pero con soluciones legalistas o, mejor, legislativistas, es decir promulgando leyes malas o improvisadas que no mejoran los problemas de fondo y al contrario, permiten que se enquisten los mismos males que se quieren acabar.
Con Juan Manuel Santos ha sido igual. Anuncia proyectos, lo presenta, los tramita en el Congreso, da mermelada para que los aprueben y cuando se conoce que los están cocinando Senado y Cámara, se ve que por ahí no es la cosa, que con esas leyes nada se resuelve.
Primero fue la reforma de la educación superior con María Fernanda Campo quien, de la Cámara de Comercio de Bogotá, aterrizó en el espinoso campo de las universidades públicas. Lo que intentó cambiar no mejoraba la educación, ni garantizaba la subsistencia competitiva del sector público en ella y su reforma terminó hundida en medio de merecidas protestas.
Luego fue el fracaso estruendoso de la Reforma a la Justicia en manos de juristas conocedores del sector pero “casados” con los intereses, negocios y prebendas que rodean a la Temis colombiana. La ciudadanía indignada llevó al retiro apresurado de esta ley en buena hora.
Ahora es el turno de la salud. Tiene al frente un ministro al que nadie puede tildar de politiquero, pero está improvisando soluciones a problemas mucho más profundos. Tramitada de urgencia, presionada por lobistas representantes de los millonarios negocios de las EPS, está a punto de ser aprobada en medio de un malestar creciente.
Los problemas, cuando se dejan sin resolver no se resuelven solos, se crecen. Y es así como estamos reencontrando males en educación y justicia. Lástima, lo que se escucha como solución es la misma receta: presentar proyectos de ley para reformarlos, algún día…
No nos dejemos engañar más. Las soluciones no están en el Congreso. No se acaba la corrupción en la justicia prohibiéndola. ¡Eso ya está prohibido! No retomará su dinámica la educación pública porque un acto legislativo lo diga. ¡Ya lo dice la Constitución! No nos entregarán los medicamentos debidos ¡aunque lo ordene una reforma!
El estado necesita operar de verdad, con liderazgos reales, con ministros que se la jueguen por aplicar lo que ya está vigente. Leyes hay ya bastantes para todo. En su cuenta de twitter la exsenadora Dilian Francisca Toro recuerda, por ejemplo, que buena parte de lo que se busca hoy con la reforma de la salud ya se había aprobado en la ley 1438 del 2010, que nunca fue reglamentada. Y seguramente si se revisara la hemorragia legislativa pos-Constitución del 91 encontraríamos miles de artículos, incisos y normas que nadie aplica.
Que hayan magistrados corruptos, jueces venales, EPS bandidas, universidades privadas piratas, hospitales públicos quebrados, etc., etc., no se arregla con más leyes, sino con más y mejor gobierno y sobre todo con una ciudadanía más activa, que no solo se movilice para tumbar reformas malas, sino que lo haga para denunciar corruptos y exigir resultados.
¿Empezamos ya? ¡Vamos a tumbar al magistrado Villarraga!
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