El pasado 20 de diciembre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), actuando como juez de competencia desleal, decidió que Uber debía dejar de prestar servicios de transporte individual de pasajeros. Al conocer la noticia, muchos acusaron a la SIC de favorecer a los taxistas en desmedro de las nuevas tecnologías y la economía colaborativa. En la audiencia de fallo, el delegado de la SIC concluyó que tanto Uber como los taxistas ofrecen el mismo servicio: trasladan personas desde un lugar a otro a cambio de un pago, sin sujetarse a una ruta u horario. Además, para ofrecer este servicio deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se incluyen afiliarse a una empresa debidamente autorizada, contratar ciertas pólizas de seguros y contar con un vehículo debidamente autorizado.
La SIC tomó su decisión porque Uber no cumple con los requisitos legales para ofrecer transporte individual de pasajeros. Si bien Uber alegó que no estaba obligado, pues su servicio es relacionar conductores con pasajeros mediante una aplicación, la SIC consideró que al obtener un beneficio económico y promover el uso de vehículos que no cuentan con la debida autorización estaba obteniendo una ventaja inadecuada frente a las empresas de taxis que cumplen con todos los requisitos.
Y aunque la sentencia puede ser formalmente adecuada, las críticas y la controversia que ha levantado son síntomas de que algo no está bien en la ley. Los requisitos que tienen que cumplir los conductores son el resultado de una reglamentación que controla la oferta. Para que un vehículo preste el servicio de transporte debe contar con una autorización conocida como “cupo”. Estas autorizaciones son limitadas y solo se crean como resultado de una encuesta y un procedimiento para determinar la necesidad de equipos de transporte. Según el Decreto 172 de 2001, si se determina que el porcentaje de tiempo productivo de los vehículos es inferior al 80% no se autoriza la entrada de nuevos carros. Además de controlar el número de vehículos, también se controlan las tarifas, de modo que se trata de un sector ampliamente regulado que deja poco lugar a la innovación. El resultado es un mercado de cupos, cuyo valor es superior al de los vehículos en sí mismos.
Al no poder pagar el valor del cupo, la mayoría de taxistas prestan el servicio con vehículos alquilados. Por su parte, los dueños de vehículos tienen que gastar más en pagar por el derecho de ingresar al mercado que en mejorar sus carros o en capacitar a los conductores. Estos sobrecostos se traducen en aumentos en las tarifas para el usuario final, aumentos que en algunas ocasiones han sido el resultado de protestas y bloqueos del gremio de taxistas.
En un mercado en donde se controla la oferta para asegurar los intereses de los propietarios de vehículos, en perjuicio de conductores y usuarios, no es extraño que surjan alternativas por fuera de la ley. Por ejemplo, está el gemeleo (que consiste en hacer pasar un carro sin licencia por uno autorizado), la piratería y el surgimiento de prestadores no profesionales (personas que ofrecen sus servicios con carros particulares). Esta última opción es la que explotado Uber, que con su plataforma contacta a transportadores y usuarios a cambio de una comisión. Una actividad que se ha convertido en la única alternativa de ingresos para muchas familias.
Resulta paradójico que la SIC tome una decisión para proteger la libre competencia basada en una ley que crea unas condiciones que favorecen injustamente a los dueños de vehículos, permitiéndoles mantener un monopolio injustificado que excluye a nuevos actores, le impide a muchos conductores convertirse en propietarios y deja insatisfechos a los usuarios.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el libre acceso al mercado, tanto para los prestadores del servicio como para los usuarios. Revisar el modelo que favorece a los capitalistas que no innovan y perjudica el emprendimiento y el trabajo es una necesidad urgente para alcanzar el desarrollo. La existencia de plataformas como Uber demuestra que hoy es posible regular el mercado de formas mucho más creativas y eficientes que la limitación de la oferta.
La buena noticia para los usuarios y conductores es que existen múltiples alternativas a Uber. Ya veremos cuál será el próximo intento de los propietarios de taxis para bloquearlas.
