Cada diciembre el gobierno nacional y los sindicatos dan apertura a una disputa que pareciera solucionar en algo los verdaderos problemas estructurales que tiene este país, pero realmente esta discusión no tiene alcance ni para ser un pañito de agua tibia.
Es normal encontrar en la ciudadanía opiniones como: “La plata no alcanza”, “El salario mínimo debe estar en $1.200.00” y “Mi familia sobrevive con un mínimo". A eso se le suma la utópica opinión de los sindicatos al establecer un límite de $1.000.000 para el 2020.
El salario mínimo se establece históricamente como una medida internacional en rechazo a la explotación laboral, sin embargo, su trasfondo es muy crudo: una persona que devenga un salario mínimo entiende que si le pudieran pagar menos lo harían y sin ningún tipo de reparo.
¿Pero por qué es desacertada la discusión?
Para el 2019, según el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane) la Canasta Básica Familiar (CBF) compuesta por los productos y servicios más consumidos por los hogares colombianos tiene un precio de $3.488.577 mensuales, mientras el salario mínimo se ubica en $828.116. Lo que significa que se necesitan 4.21 salarios para poder acceder a los productos de la CBF. Este análisis traduce que el salario mínimo está muy lejos de solucionar los índices elevados de pobreza que tiene nuestro país.
Aumentar a $1.200.000 el salario mínimo es la puerta de entrada a una crisis económica muy profunda, donde los principales afectados son los trabajadores y las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). Pues vendrán despidos masivos y la tendencia empresarial de solo quedarse con el personal más productivo. El cierre de muchas empresas, principalmente Pymes, que difícilmente puedan soportar estos costos y el periodo inflacionario que es inevitable cuando se toman estas “medidas de choque”.
Aumentar el ingreso no es la solución, la verdadera pregunta que debe estar sobre la mesa es: ¿cómo disminuir el precio de la Canasta Básica Familiar, para garantizar que muchas personas accedan a esta?
Hay que atacar el gasto y no el ingreso, pues, en nuestro país tan solo el 50% de la población activa recibe ingresos formales, inmediatamente la discusión sobre el salario mínimo excluye a otro 50% de esta población que no reciben ningún tipo de salario, que ve imposible cotizar las semanas completas para pensionarse, una población que ni siquiera tiene acceso a una seguridad social y que vé en la des informalidad una opción de paupérrimos ingresos.
La solución está en la buena distribución de nuestra renta, evitar la corrupción, más subsidios para el transporte público, gratuidad de la educación, en la disminución de la gasolina y su efecto positivo en los precios de los alimentos más consumidos por los hogares colombianos, mas tierras para cultivar, mas subsidios para el agro, la solución a nuestros problemas estructurales caminó por las calles de todo el país el 21N.
