En la década de los años 80, Europa vivió el nacimiento y la expansión de la devastadora epidemia del SIDA. Muchos de los contagios se daban entre usuarios de drogas por compartir jeringuillas. Ese panorama obligó a estudiosos y tomadores de decisión a reconsiderar esa tradicional cruzada contra las drogas llevada adelante de manera represiva y punitiva, y a aceptar que este enfoque no estaba dando resultado.
Ante este contexto se hizo obligatoria la implementación de estrategias de reducción de daños tales como los programas de jeringas, programas de sustitución de opioides, entre otras, que demostraron ser efectivas en los índices de salud y de orden público, lo que abrió las puertas para considerar un paso más en el tema de salud pública y derechos humanos: pensar en las salas de consumo de drogas.
Fue Suiza el país que hace cuarenta años desarrolló la primera sala de consumo supervisado del mundo, en un momento crítico en el que, según datos recogidos, 1 de cada 3 usuarios de drogas inyectables era portador del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH).
Aunque para algunos era difícil de concebir, para otros muchos la propuesta era arriesgada pero innovadora y necesaria. Y exigía de los países más afectados del primer mundo un nivel de atrevimiento pocas veces visto. Fue así que en esas salas se dispusieron mesas, sillas y material higiénico de inyección, estableciendo un espacio no oculto para las personas.
Ante las protestas de grupos políticos opuestos a la iniciativa se logró demostrar jurídicamente que las salas de consumo supervisado no eran como se creía "un espacio de fomento del uso de drogas", sino un espacio seguro para priorizar la salud y la vida de las personas, lo que dio vía libre a que se replicaran más espacios como estos de manera abierta y legal y con todo el profesionalismo que requerían los respectivos protocolos.
Según explican desde la Corporación-ATS, organismo que implementa estas salas en Bogotá:
“Desde sus inicios, los objetivos de este tipo de instalaciones fue el de reducir los riesgos de salud individuales asociados al consumo de sustancias, pero también el de reducir las implicaciones que este tenía en los territorios comunitarios. En la década del 90’, Suiza, Alemania y Países Bajos ampliaron las SCS para garantizar más acceso, y mientras tanto en Sídney, Australia y Vancouver Canadá, abrieron a principios de los 2000”.
El aterrizaje de las salas de consumo supervisado a Bogotá
Desde hace más de diez años, la organización Acción Técnica Social (ATS) ha venido promoviendo varias líneas de investigación y acción sobre estos temas. Algunos de los proyectos de ATS son:
El conocido Échele Cabeza (Cuando se dé en la cabeza), Zonas de rumba segura, el Servicio de Análisis de Sustancias –SAS-, el proyecto #COCAREGULADAPAZGARANTIZADA, el Festival de Cortos Psicoativos, Nicotina (reducción de riesgos y daños), así como el Proyecto CAMBIE: programa integral de reducción de riesgos y daños para Personas que se Inyectan Drogas -PIDS- establecido en Bogotá, Cali y Pereira.
En 2014, justamente, creó en Colombia el primer programa de dispensación de material higiénico de inyección, que funcionó en diferentes ciudades del país. Desde 2023 este programa comenzó a implementarse como opción integral para personas que se inyectan drogas en la capital, siempre con el ánimo de cubrir las necesidades de poblaciones expuestas y vulnerables y con el objetivo de incidir positivamente en los indicadores de salud pública desde un enfoque de derechos humanos y reducción de riesgos y daños.
No faltan las tergiversaciones de la apuesta, pero Daniel Rojas Estupiñán, de la TAS, corrobora, con datos, los avances que se han tenido en un corto tiempo de estudio, intervención y evaluación de resultados:
—1409 visitas de uso de inyección bajo supervisión.
—14 sobredosis atendidas y revertidas (4 fuera del dispositivo).
—Ha entregado +25.782 jeringas estériles para inyección de menor riesgo.
—Ha brindado +6445 kits de material higiénico de inyección para las PID.
—Ha logrado recuperar +9.257 jeringas usadas entre el espacio público y el retorno de los usuarios ante un proceso de educación para evitar dejar este material en el espacio público.
—Ha entregado +99 dosis de naloxona en el ámbito comunitario.
Los retos, principalmente, los de reputación y justificación del programa, son imperativos, pues como añaden desde la ATS: “A pesar de que Colombia en su actual política de drogas, nombra a las salas de consumo supervisado, aún no se cuenta con lineamientos que regulen y respalden este tipo de dispositivos en el país, estableciendo retos y obstáculos para que ciudades como Cali, Pereira-Dosquebradas, Medellín, y otras que tienen una inmensa prioridad, [para] implementar estos dispositivos para el beneficio de los usuarios y la comunidad.
