Trascribo a continuación un artículo escrito en las redes sociales por el profesor Jesús Martínez Betancourt, actual Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas dela Universidad de Nariño, reconocido escritor y periodista. En el texto él hace un análisis de la situación por la que atraviesa la construcción de la calzada Rumichaca - Pasto, asignada a la Constructora Española SACYR.
Cabe anotar que las fueras vivas del departamento han constituido una Veeduría Cívica para hacerle seguimiento a la obra, que como lo reseña el artículo adolece de múltiples incumplimientos en lo que tiene que ver con el inicio y otras situaciones anómalas en las que han incurrido SACYR y la ANI.
Lo planteado por el catedrático tiene soportes documentales de prueba, como hechos que han acaecido en la realidad social con las comunidades indígenas a quienes se ha pretendido mal intencionadamente responsabilizar de los incumplimientos.
SACYR compañía multinacional de infraestructuras y servicios de España se ha apropiado de todo el paquete accionario de la Concesionaria Vial Unión del Sur encargada de construir la llamada doble calzada Rumichaca - Pasto. Para quedarse con toda la empresa, habría sacado a empellones a sus socios ecuatorianos poseedores del 47% del consorcio, que no solo tienen una buena maquinaria, sino que, cuentan con una gran experiencia en obras de infraestructura como todos lo hemos visto al visitar nuestro vecino. Se supone que SACYR es ahora el único responsable del proyecto que subcontrataría trabajos, lo cual despierta intereses regionales inmediatistas.
SACYR ya tuvo líos en la construcción del Canal de Panamá; en Colombia fue multada con 77 millones de dólares por incumplimiento en la construcción de la troncal del Magdalena Medio, hoy Ruta del Sol.
La ANI inicia proceso de caducidad en contra de SACYR por 9 meses de incumplimiento en las obras de rehabilitación de 196 kilómetros de vía que une los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico conocida como Ruta de Montes de María. SACYR pide cerca de un billón de pesos más para continuar las obras.
En enero de este año la ANI expidió 5 resoluciones sancionando a SACYR por incumplimientos y por la suma de 11.000 millones de pesos.
SACYR ya tiene un pleito con la Doble Calzada Rumichaca - Pasto por el tramo comprendido entre Catambuco y Pasto por cuanto el contrato obliga a hacer MEJORAMIENTO (que significa recortar curvas y ampliación), pero SACYR solo quiere hacer REHABILITACIÓN (que significa dejarla en el estado como fue diseñada para su inicio). Este pleito está en manos el “Amigable Componedor” –léase Cámara de Comercio de Bogotá- solicitado por el concesionario que debe dirimir la controversia y el costo del concepto es de aproximadamente $ 400 millones.
SACYR le ganó a 3 empresas más la licitación de la doble calzada Rumichaca -Pasto que incluía MEJORAR la actual vía y construir otra (para que una sea de ida y otra de regreso) con 7 túneles y 17 puentes. Pero una vez ganó, solicitó modificaciones al contrato, que consistieron principalmente en no hacer túneles y puentes y, en su lugar, construir una variante de dos carreteras (para un total de tres con 6 carriles). Estos cambios fueron aceptados por la ANI el 8 de febrero de 2017, 8 días después de la reunión en el Ministerio del Transporte con la clase dirigente de Nariño liderada por el Gobernador de Nariño.
Las 2 variantes son más costosas que los túneles y los puentes, tienen pendientes peligrosas porque sobrepasan los parámetros internacionales y normas colombianas; e implica además incurrir en mayores costos operacionales de los transportadores. Esas 2 variantes pasan por una zona de poco trafico 4.804 vehículos al día, (TPD) sector San Juan - Pilcuán. En cambio, el tramo de Catambuco - Pasto que tiene un flujo vehicular de 8.00 al día (TPD) quedará con la misma actual vía solo “rehabilitada” agudizando más el problema de cuello de botella que limita el ingreso a la capital.
Las variantes bordean las montañas agotando los mismos 83 kilómetros de Pasto a Ipiales, así sea de un solo sentido cuando de lo que se trata es de acortar distancias utilizando túneles y puente para hacer las vías más rápidas (competitivas); más ahora, que el aeropuerto de Ipiales será el alterno al de Pasto.
Para justificar las variantes denostaron de la actual vía Pasto-Ipiales diciendo que tiene fallas geológicas; pero lo que hay, son deslizamientos que los advirtieron los estructuradores del proyecto y conocía plenamente SACYR; con ese conocimiento licitaron. (Se sabe que el Túnel en construcción paralelo al de Buena Vista en la vía Bogotá -Villavicencio tiene 11 fallas geológicas).
SACYR sustenta la construcción de las variantes en la integración de 3 municipios poblados y en que el par vial del contrato inicial afectaría significativamente la arqueología de la zona; sin embargo, su propuesta avalada en el OTRO SI, pasa por 3 municipios densamente poblados con más historia y arqueología que los sitios por donde disponía el Contrato inicial.
Sorprende también, como desechan el trazado del contrato inicial cuando dicen que “solamente son puntos obligatorios el inicio del proyecto en Ipiales y terminación en Catambuco y Pasto” es decir, les da patente de corso para construir por donde les dé la gana, sin puentes ni túneles como demanda la ingeniería moderna.
Llama poderosamente la atención que el 28 de diciembre del 2016 con la firma de 19 funcionarios de la ANI se produce el “Estudio de conveniencia y oportunidad” para el Otro Si del contrato; ahí se sostienen férreamente en el contrato inicial; pero, 40 días después, el 8 de febrero, cambian radicalmente su posición. Por ejemplo, desestiman los estudios del estructurador del proyecto y estudios financieros realizados por Capax y Opex a quienes ahora descalifican diciendo que sus “cálculos aritméticos corresponden a un ejercicio aritmético somero”. De igual manera, desestiman los manuales nacionales e internacionales sobre pendientes de carretera.
De una manera infame la ANI y SACYR culpan a las comunidades indígenas de oponerse a la construcción del proyecto en el proceso de Consulta Previa que es un Derecho Legal de convivencia con el medio ambiente, que es obligación contractual del concesionario establecida en el Apéndice 8 del contrato. Sin embargo, a la fecha las comunidades indígenas de Catambuco y Tangua ya autorizaron el proceso. Así entonces, ya pueden comenzar las obras en el tramo Catambuco –Pedregal (la mitad de la obra). La licencia Ambiental la pudieron sacar simultáneamente a la Consulta Previa. ¿Qué esperan?
El único responsable de las demoras es SACYR y sus problemas administrativos internos que llevaron a renunciar a la Gerente del proyecto. SACYR ganó el contrato en julio de 2015, y solo hasta ahora están adelantando las consultas previas y buscando las licencias ambientales. Se espera que ya tengan hecho el cierre financiero de toda la obra, que no lo hemos visto, hasta ahora.
SACYR ya ha incumplido reiteradamente, porque según el contrato, debió iniciar trabajos el 28 de octubre de 2016 pero ahora dice que comenzará en octubre y no en julio y en septiembre como se había comprometido ante los nariñenses.
Sepan que después de la vía Pasto- Tumaco, hace 35 años, en Nariño no se ha concluido una sola obra de infraestructura importante para la integración de Nariño al desarrollo del país y de América del Sur: todas están inconclusas como por ejemplo las de Pasto-Mocoa, Circunvalar al Galeras, El Empate-La Cruz y doble calzada Pasto-Popayán entre otras. No queremos que se repita la nefasta experiencia de DEVINAR encargada del mejoramiento de la vía Aeropuerto-Pasto-Ipiales que se alzó con la plata dejando sin terminar las obras y además tiene demandado al Estado por cerca de 700 mil millones de pesos.
Así las cosas, Nariño sigue condenado a padecer otros cien años de soledad, pero no perdemos la esperanza de lograr una “segunda oportunidad sobre la tierra”. Para empezar a recuperar la esperanza, es necesaria la unidad de todos los nariñenses para exigir que se respete el contrato inicial de la doble calzada Pasto-Ipiales y que la llamada clase dirigente regional liderada por el Gobernador asuma el papel que le corresponde defendiendo los bienes comunes.
