“He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro”. José Saramago
Preocupante las estadísticas reveladas por parte de la personería de Soledad sobre casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (VSCNNA). Según la información revelada tan solo en lo corrido de este año 2017 la cifra de niños y adolescentes violentados sexualmente supera los (115) casos en comparación de los (318) que se registraron en el año 2016.
Esta denuncia del ministerio público en Soledad coincide precisamente con la advertencia que se dio en días pasados acerca de la importancia de que en el municipio se revisara la política pública encontrada por esta administración y de aquellas que debieron ser formuladas obligatoriamente en el plan de desarrollo “soledad confiable y segura”.
Las estadísticas como las que hoy denuncia el personero municipal necesariamente constituyen una alerta sobre la amenaza creciente que se cierne sobre esta población en particular. Densos nubarrones se avizoran de no replantearse con urgencia cualquier política pública para la niñez y adolescencia que se esté ejecutando en Soledad.
Son los resultados más que cualquier retórica del gobierno la que le devuelven la tranquilidad a un pueblo cuando acecha el peligro. Si los resultados manifestados muestran un aceleramiento en los casos de vulneración de derechos de niños y adolescentes en materia de garantías a su integridad sexual es porque el accionar del gobierno y de las autoridades policivas no ha sido suficiente para prevenirlo y contrarrestarlo.
Para el ministerio público soledeño la actual administración ha perdido en los últimos cinco meses de su segundo año de gobierno el control sobre las políticas de prevención contra el delito sexual y el liderazgo como autoridad política sobre las demás instituciones que le colaboran armónicamente. El alcalde como responsable de la administración debe poner el mismo empeño, esfuerzo y animo que pone ante los medios de comunicación para mostrar sus dotes de boxeador y de viajero frecuente, y dirigirlos para enfrentar la problemática denunciada.
Según informe del DANE, en Colombia existe una población general que asciende a (48.000.000) de los cuales (15.450.000) la conforman niños y adolescentes. En cuanto a los índices de violencia contra niños y adolescentes, el instituto de medicina legal en su informe FORENSIS para el año 2016 informa que en Colombia se presentaron (17.711) casos de violencia contra niños de los cuales (7.648) casos fueron por abuso sexual, registrándose en el municipio de soledad según el informe (163) de estos.
¿Por qué el Consejo de Política Social (C.P.S) en Soledad no ha cumplido con su responsabilidad de cuya responsabilidad de diseñar la política pública y dictar las líneas de acción para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y asegurar su protección?, ¿cuál ha sido el papel que ha cumplido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en soledad como responsable del Sistema Nacional de Bienestar Familiar?, ¿por qué es el ministerio publico quien asume la denuncia pública siendo que por competencia legal es el ICBF los que tienen a cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos?, ¿conoce el concejo municipal los informes que sobre esta materia está obligado el C.P.S remitirle? Las cosas en materia de protección de los niños y adolescentes no marchan bien en la tierra del menchor caro.
El mensaje enviado por el órgano de control es que en Soledad las garantías de protección en la constitución y en la ley a favor de esta población pareciera que fueron un sueño de los constituyentes y del legislador y se convirtieron en un idealismo para una comunidad internacional que lo pacta como tratado. Vale recordarle al gobierno que la protección integral de niños y adolescentes es la razón de ser y del deber ser del estado dentro de sus fines contenidos en su adhesión a la carta política y de ese deber no se sustrae ningún gobierno local ni está sujeta a su arbitrio.
