En octubre se cumplieron tres años del gran paro nacional universitario del 2018.
Duque llevaba dos meses posesionado en la presidencia y para ese momento el Sistema Universitario Estatal (SUE), integrado por las rectorías de todas las universidades públicas del país, venía alertando sobre la crítica situación financiera en la que se encontraban las Instituciones de Educación Superior (IES).
Esta alerta sigue vigente y hace unas semanas el presidente de SUE encendió las alarmas de nuevo, al informar a la opinión pública, que, si las universidades públicas no reciben recursos adicionales del Gobierno Nacional, para el 2023, podrían dejar de funcionar.
La deuda histórica del Gobierno es de más de $15 billones, sin contar los gastos adicionales que la pandemia trajo, sumado a los de la tan necesaria presencialidad, luego de más de un año y en medio de virtualidad; aumentan aún más las necesidades presupuestales de las IES públicas.
Por ello, el SUE formuló una propuesta de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1993, que avanzaría en la financiación de las IES, señal de la urgencia con la que las universidades requieren estos recursos para poder seguir cumpliendo con sus fines misionales.
Ante esta alerta, el SUE ha estado organizando conversatorios con diferentes sectores, y el 23 de octubre convocó todas las candidaturas presidenciales para hablar de dicha reforma y la financiación de la educación superior pública, la cita sólo la cumplieron: Jorge Robledo y Francia Márquez; indicio de que un sector de la clase política del país no le da la importancia necesaria a la educación superior y a la ciencia.
Los acuerdos firmados en el 2018, fruto de la organización y movilización pacífica de la comunidad universitaria estarán vigentes hasta el 2022, y gracias a estos las IES se oxigenaron financieramente y lograron seguir aportando al desarrollo del país.
No obstante, el Gobierno de Duque no ha cumplido en su totalidad los acuerdos, por ejemplo, no se construyó una reforma integral al ICETEX, y por ello se conformó la Mesa Alternativa de Reforma al ICETEX (MARI), donde participa ACREES junto a los sectores que se levantaron de una de las mesas con el Gobierno Nacional por falta de garantías y de voluntad política por parte de Duque; la MARI construyó y presentó un Proyecto de Ley que hace parte del paquete de 10 Proyectos de Ley del Comité Nacional de Paro y de la bancada de oposición.
Sumado al incumplimiento anterior, en el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2022 se revive la Financiación Contingente al Ingreso en el ICETEX como forma de pago, lo que condenaría a las personas a estar 20 años o más endeudadas, descontando el 19% de sus salarios.
Los Planes de Alivios que el ICETEX ha implementado, más que aliviar financieramente a sus usuarios, realmente es un mecanismo para recaudar fondos para el pago del préstamo que ostenta esta entidad con el Banco Mundial.
El Gobierno de Duque reduce el presupuesto para ciencia y tecnología y obliga a las Instituciones de Educación Superior a autofinanciarse con el pobre presupuesto que asigna, mientras transfiere al ICETEX $2,8 billones por medio del Programa Generación E, aprobando el CONPES 4055.
Lo anterior refleja la necesidad inmediata por la que la comunidad universitaria debe organizarse y movilizarse al igual que sucedió en el 2018 y explicar al pueblo colombiano las lesivas políticas neoliberales que el Gobierno nacional aplica para marchitar la educación y la ciencia.
*Representante Estudiantil de Pregrado ante el Consejo de Sede – UN Manizales
Organización Colombiana de Estudiantes - OCE
