Diferentes corrientes del pensamiento económico han reconocido la importancia estratégica que tiene la economía campesina en términos de su contribución al crecimiento y desarrollo del sector agropecuario y ambiental en un país, particularmente en lo que concierne a los siguientes aspectos:
- El suministro constante de alimentos para satisfacer las necesidades de autoconsumo de la unidad productiva como tal y las derivadas de la demanda para el consumo interno de la población.
- Es un eslabón importante en la cadena de producción al integrarse en el suministro de materias primas e insumos para abastecer las necesidades del consumo intermedio de las industrias de base local.
- Las racionalidad de sostenibilidad sobre las que se desarrolla la producción en el sentido de vincular prácticas productivas agroecológicas fundamentadas en el conocimiento ancestral de los agroecosistemas que refuerzan la integración entre naturaleza y agricultura dentro de una lógica que propende por la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria, lo que permite apalancar y minimizar condiciones adversas de orden climático, biológicas o de mercado.
- El cuidado y preservación del ecosistema de bosques, páramos, complejos cenagosos y acuíferos fundamentales en la estabilidad y sostenibilidad de la biota propia de cada una de las regiones del país.
No obstante, y a pesar de la importancia de la economía campesina, las condiciones objetivas sobre las que se desarrolla la producción en Colombia evidencian una protuberante desigualdad con respecto al acceso y uso del recurso tierra, pues en la actualidad el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas, lo que por supuesto acrecienta los niveles de pobreza en el campo para esta población rural, siendo este uno de los factores desencadenantes del conflicto agrario.
De otro lado los instrumentos de política pública sectorial privilegian el desarrollo de agronegocios fundamentados en la instalación de monocultivos que en la cadena de valor incluyen la siembra, recolección y procesamiento agroindustrial en grandes extensiones de tierra de cultivos de una sola especie, aplicando los mismos patrones de cultivo, riego, fertilización y recolección; lo que deriva en la producción de grandes cantidades de un solo producto a muy bajo costo, la instalación de megaproyectos hidroeléctricos para la generación de energía en el país y el impulso del Fraking en la explotación de hidrocarburos; lo que sin lugar a dudas profundiza el modelo extractivista en detrimento de la economía campesina.
Este modelo económico fundamentado en los agronegocios como lo es la palma aceitera, ha dado lugar a la expropiación de campesinos, con el fin de obtener terrenos cultivables para suplir en el mercado la demanda mundial de biodiesel y gasolina carburante y por la tanto la sustitución de los cultivos tradicionales que antes desarrollaban las economías campesinas con el consecuente desabastecimiento de productos agrícolas de primera necesidad fundamentales en el consumo de los hogares y menor empleo de la fuerza de trabajo campesina. Es de tal magnitud la expansión de este tipo de economía agraria comercial que el cultivo de la palma ha mantenido un crecimiento sostenido, así por ejemplo a mediados de la década de 1960 existían 18.000 hectáreas en producción al 2007 se contabilizaban más de 270.000 hectáreas en 73 municipios del país distribuidos en cuatro zonas productivas:
- Norte: Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico, Guajira.
- Central: Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar.
- Oriental: Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá.
- Occidental: Nariño.
En el orden internacional, Colombia se ubicó en el cuarto puesto debido a la gran expansión de tierras para la siembra, después de Malasia, Indonesia y Nigeria. El inusitado crecimiento de este cultivo refleja que a 2018 existen 551.810 hectáreas sembradas 430.884 hectáreas de producción y 86.077 hectáreas de desarrollo, distribuidas en la región Caribe, Catatumbo, Santander, Orinoquía, Andes centro y hasta en Tumaco, lo cual ha tenido repercusiones en la pérdida importantes extensiones de bosques (superiores a las 200 has en la Amazonía, región que concentró el 65% de la pérdida boscosa de todo el territorio, según el Ideam).
El efecto neto de esta problemática situación es la reducción del número de hectáreas en poder de los campesinos, la disminución acelerada en la producción de alimentos y una mayor dependencia alimentaria de las importaciones procedentes de otros países. Ahora es mayor la cantidad de alimentos importados que consumimos los colombianos, tales como el maíz, fríjol, avena, lentejas, trigo, cebada, soya, es decir, se ha generado una pérdida de la soberanía alimentaria.
En cuanto al desarrollo de proyectos hidroeléctricos los impactos ambientales y en la economía pesquera, se presentan en dos direcciones:
Según el Instituto Alexander Von Humboldt, los ecosistemas terrestres y acuáticos que presentan inundaciones por la construcción y puesta en marcha de proyectos hidroeléctricos registran cambios en su estructura y funcionalidad, en ese sentido la ejecución de estos proyectos se asocia al cambio y la disminución de servicios ecosistémicos, deforestación, alteración del ciclo hidrológico y modificación y pérdida de hábitats.
El impacto directo sobre las economías pesqueras en las zonas de influencia de proyectos hidroeléctricos, reviste variaciones importantes en el indicador de la unidad de esfuerzo de captura, disminuyendo los rendimientos de la pesca, lo que se expresa en un menor volumen de producción (kg) por unidad de tiempo de captura (horas) y a mediano plazo debido a la pérdida de conectividad hidráulica de las microcuencas principales con los complejos cenagosos, desaparece la abundancia y diversidad de las especies pesqueras de interés comercial lo que puede significar la final extinción de la pesca artesanal tal y como está sucediendo en los municipios de influencia directa aguas abajo del proyecto Hidroeléctrico Ituango (Valdivia, Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia).
En este contexto cabe entonces hacerse las siguientes preguntas:
¿A qué sectores del agro y del capital beneficia la expedición reciente por parte del gobierno de leyes y artículos regulatorios con el objetivo de promover el crecimiento de la productividad y el desarrollo rural?
¿Las prioridades del desarrollo del agro en Colombia privilegian el fortalecimiento de una agricultura que busca maximizar las ganancias de grandes empresarios al implementar la producción a gran escala de monocultivos, concentrando la tierra y el capital a costa de la socavación de recursos como el agua, el suelo y la biodiversidad, paralelo a la expoliación a los campesinos de su principal medio de producción como es la tierra?
