Si existe algo realmente peligroso para los ciudadanos es tener un gobierno cuyas propuestas de cambio en áreas críticas no sean totalmente transparentes para la opinión pública. Esta situación puede ser el resultado de dos tipos de actuaciones, que a decir verdad no se sabe cuál podría ser más reprochable. La primera sería que quienes manejan el Ejecutivo, el presidente de la República y sus ministros, tengan una agenda oculta, lo cual es inaceptable en una democracia por débil que sea; o la segunda, que se maneje una doble agenda donde el gobierno es el bueno y su partido político manipule dichas propuestas en el Congreso de la República, para incluir los cambios que realmente esperan hacer los dos, el gobierno y su partido. Perverso proceso e imperdonable.
Esas propuestas con temas inicialmente ocultos abundan en este final de este período legislativo que se ha caracterizado por más sombras que luces. Lo que nos dejan estos meses de trabajo del Congreso de la República son demasiados micos escondidos en Proyectos de Ley con cara de ángel, presentados por el gobierno Duque. Para la muestra no uno, sino varios botones: la Ley de las TICS que a pesar de ser loable porque busca cerrar brechas de comunicación en varias regiones del país, contiene un tiro de gracia escondido que beneficia a los canales privados y acaba con la televisión pública. Qué casualidad que fue un canal público el que destapó uno de los episodios más confusos de los graves problemas del Grupo Aval y de Odebrecht, y ahora resulte pertinente acabar con la televisión pública. Otro caso es el proyecto de Ley de Orden Público, tema fundamental por la etapa de inseguridad que viven varias regiones. En este proyecto, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, radicó una proposición que le daba facultades al presidente para revivir órdenes de captura suspendidas contra exguerrilleros que ahora se encuentran en proceso de reincorporación. Hasta la Misión Especial de Paz de la ONU, por medio de un comunicado, expresó su rechazo rotundo a la propuesta y presionó para que no se aprobara. Se evitó un golpe certero al proceso de paz.
Pero esta agenda oculta y perversa no cesa. Para continuar con esta lista de iniciativas ocultas, vale la pena mencionar la de Maria Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, quien trató de modificar con un proyecto la Ley de Víctimas para legalizar el despojo de tierras que se dio por parte de los grupos ilegales dándole prioridad a los derechos de los mal llamados "segundos ocupantes”. La reacción de 12 eurodiputados lo dice todo: expresaron su preocupación por la iniciativa presentada por la senadora porque "podría resultar contrario al buen desarrollo del proceso de paz, toda vez que negaría el legítimo derecho de las víctimas, para en cambio dar prioridad a proyectos agroindustriales e inversiones extranjeras en sectores extractivos, sobre tierras que han sido despojadas en el marco del conflicto armado colombiano".
Para completar un panorama, lleno de hipocresía, hoy se destapa
que en la Ley de Financiamiento, oculta en el globo de la economía naranja
se cuela la “Confianza Inversionista de Uribe”
Y para completar este panorama, lleno de hipocresía, hoy se destapa que en la Ley de Financiamiento, oculta en el globo de la economía naranja se cuela la “Confianza Inversionista de Uribe”, gracias a la cual a la iniciativa privada se le dan toda clase de prebendas cuando al mismo tiempo es evidente la desfinanciación de las arcas del Estado.
Por fortuna, este juego de las dos caras, la una buena y la otra mala, no lo está aceptando el país. Con lo que le ha pasado al Centro Democrático y a su gobierno cuando todo se le cae o le queda hecho a medias, ellos mismos deben obligarse a realizar una profunda reflexión más allá del timonazo que Semana le está pidiendo al presidente Duque. El país no es bobo y no solo la mitad no son uribistas, sino que ¾ de los colombianos no está de acuerdo con el manejo que el presidente Duque le está dando al país. No son palabras ni hechos menores. Y la falta de mermelada no explica esta profunda falta de liderazgo que siente la ciudadanía actualmente. La verdad es este manejo tortuoso, poco transparente, es mucho más costoso para el gobierno y su partido que la supuesta frustración de los congresistas que han entendido que la mermelada ahora se llama puestos.
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