Igual que muchos colombianos que no vienen de la izquierda el exministro de hacienda del gobierno de Cesar Gaviria, el economista Ruddy Hommes, le dio un voto de confianza a las propuestas del candidato Gustavo Petro y cantó su decisión de votar por él, algo que Petro, quien no dudó en aprovechar políticamente con un agradecimiento público con un trino.
Gracias Rudolf Hommes por su apoyo, me gustaría que participara del equipo para trabajar el gran acuerdo nacional para las reformas que necesitamos para convivir en Paz.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2022
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Sin embargo, hoy, y también como muchos, es un duro crítico y lo hace desde su cuenta X desde la cual cuestiona, con información muchas decisiones presidenciales y en especial la reforma a la salud, que anticipa catastrófica.
Segun el ministro de salud, lo que el se propone con el proyecto de salud es igualar a todos por lo bajo. También lo dijo el Papa Noel del Adres van a recortar y dejarnos sin salud a todos, pero por igual!
— Rudolf Hommes (@rudolf_hommes) September 14, 2024
Si bien esto se da en el campo político, en el campo empresarial acaba de entablar, junto a los miembros de la junta directiva y el gerente de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) una dura pelea contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El ex ministro representa los intereses de la familia Parody, uno de los propietarios de este negocio portuario del que son también importantes accionistas la familia Paz (Grupo Harinera del Valle), un puñado de ingenios del Valle agrupados en Ciamsa y minoritariamente la Alcaldía de Buenaventura.
Los miembros de la junta directiva quienes son Ligia del Carmen Córdoba alcaldesa de Buenaventura, Eugenia Ocampo Mejía, Mauricio Cuesta Esguerra, María Carolina Suárez, Rudolf Hommes, Luis Armando Manotas, Jorge Arturo Pinto, Juan Carlos Henao y Rosa Adriana Martínez acordaron interponer una demanda arbitral contra el contrato de la concesión portuaria que busca eliminar una cláusula en el Contrato de Concesión firmado en 1992 que le prohíbe a la sociedad, como administradora del Terminal Marítimo de Buenaventura, operarlo directamente. La sociedad portuaria pide, además del cambio en la cláusula, cerca de 4.000 millones de pesos.
La Sociedad Portuaria lleva años en un proceso con la ANI para buscar eliminar esa cláusula que forma parte del contrato original del contrato. Finalmente, a mediados de 2023 se llegó a la aprobación de ese trámite, la SPRBUN firmó el otrosí, pero la ANI no lo firmó, por lo tanto, la SPRBUN está demandando un silencio administrativo positivo, en el sentido en que se inició el trámite, la agencia no se pronunció en los meses siguientes y ya había enviado el otrosí, por lo cual se entiende modificado el contrato.
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A la modificación de esta cláusula se oponen los pocos terceros operadores que quedan. En el 2022, la Superintendencia de Industria evidenció que, por lo menos desde 2013, la SPRBUN habría aprovechado su rol como administrador de la infraestructura del Puerto de Buenaventura, para implementar un conjunto de comportamientos y estrategias que le permitieran incrementar indebidamente su participación y la de sus empresas afiliadas (ZELSA y TECSA) en las actividades de operación portuaria que se prestan al interior del puerto, afectado a los usuarios y operadores del Puerto de Buenaventura, los cuales se vieron sometidos a restricciones para la movilización de contenedores, obstáculos para realizar el manejo de la carga y el doble cobro de algunos servicios portuarios (pesaje), entre otras afectaciones.
El puerto de Buenaventura lo componen tres terminales portuarias especializadas en transporte de contenedores: Terminal de Contenedores de Buenaventura, Sociedad Portuaria Buenaventura y Sociedad Puerto Industrial Aguadulce), que mueven 17,9 millones de toneladas de carga al año. Además de dos terminales portuarias especializadas en transporte de carga general y a granel (Compas y Grupo Portuario), que mueven 2 millones de toneladas de carga al año. A este pleito contra la ANI se junta el del grupo Ventura en cabeza de Álvaro Rodríguez que no ha tenido hasta ahora un arranque judicial exitoso para los privados.
