La crisis del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), regional Tolima, se generó a partir del conflicto que hubo entre la directora nacional Cristina Plazas y el exdirector regional Carlos Eduardo Buenaventura. Según varios medios de comunicación, la directora acusaba al señor Buenaventura de recibir denuncias acerca de unas campañas políticas en donde él intervenía convenientemente dentro de la Institución aún a su mando, mientras que el exdirector, según un artículo publicado por el periódico El Nuevo Día, acusaba a la directora Plazas de acoso laboral y expresó que a pesar de que la Regional estaba muy bien posicionada, la directora nacional puso en convocatoria su cargo.
A partir de dichas acusaciones, expresadas formalmente a nivel nacional, que iniciaron a circular a mediados del año 2015, se abrieron convocatorias para la elección de un nuevo director regional Tolima. Inicialmente la selección estuvo a cargo de la regional pero, según el medio de comunicación local El Olfato, en una publicación del mes de enero, debido a la intromisión política en dicho proceso, la contratación fue puesta en manos de la dirección nacional en la ciudad de Bogotá. Desde allí se abrió la convocatoria y se conocieron los participantes y posibles seleccionados. En el mes de diciembre se conoció que quien iba a ser el encargado de elegir era el entonces gobernador Luis Carlos Delgado. Sin embargo, la directora nacional del ICBF decidió esperar a la posesión del nuevo gobernador, Óscar Barreto, para que fuera él quien culminara el proceso. Según publicó el medio de comunicación A La Luz Publica en el mes de junio del año pasado, los aspirantes al cargo manifestaron su inconformismo por dicha decisión, pues la elección final iba a ser manipulada políticamente una vez más.
Por lo anterior, al haber sido elegido como nuevo director del ICBF Regional Tolima, el administrador de empresas y funcionario durante 13 años de la institución, Óscar Ríos Salazar se pronunció ante los medios diciendo que no está vinculado con sectores políticos, a pesar de que se le haya relacionado con este tipo de alianzas. En una entrevista publicada por el Nuevo Día, el nuevo director Ríos hace una aclaración sobre la veracidad de las relaciones que tiene con algunos políticos del Tolima, como Emilio Martínez (dirigente Cambio Radical) y con el gobernador Óscar Barreto, a quien afirma haber conocido solo en el proceso de selección para el cargo que ocupa actualmente.
Frente a esta situación el coordinador jurídico de la sede regional Tolima del ICBF, Guillermo Pulido, comentó que para el proceso de nombramiento del nuevo director regional “se hizo la convocatoria de meritocracia por parte del instituto, la cual constó de unas pruebas. Después de las pruebas viene una entrevista, después de la entrevista la directora general presenta la terna al gobernador, y el gobernador de la terna dice fulano de tal […] ya el gobernador dijo que el designado por él era Óscar Ríos”. Para contrastar la información rastreada en los medios y la versión del coordinador del ICBF, al preguntarle acerca del motivo del cambio de director solo quiso decir “políticas de la directora general”, según él “el director es una persona de libre nombramiento y remoción, no está regulado […] no hubo problemas de fondo”.
La publicación Miedo en el ICBF: nuevo congreso da a conocer un dato clave en el que se disfraza la corrupción como un proceso sistemático legal. Esta hace énfasis en que cuando la elección está a manos del gobierno, en este caso el gobernador, es inevitable un objeto de fondo, es decir, una influencia ajena a las normativas estrictas y legales de la institución. Es evidente que la influencia política que existe, no solo en la regional Tolima, sino en algunas otras regiones del país, influye en los mecanismos de los procesos de desarrollo, pues si se dispone de la institución a manos de una alianza política, en consecuencia se manejará un sistema corrupto no demostrable, como hasta ahora se ha conocido a nivel nacional.
