Antes de anunciar su súbito retiro del Congreso, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández ya tenía listo un proyecto de ley de lucha contra la corrupción –su bandera electoral- y quería dejarlo como legado a la legislación colombiana y también como regalo de despedida al presidente Gustavo Petro.
En su preparación se apoyó en tres asesores de alto nivel a los que puso la tarea de monitorear la contratación pública en todo el país, hacer un barrido de los procesos licitatorios en curso y lanzar advertencias sobre eventuales amarres en la adjudicación de los contratos.
Cuando los asesores Jesús Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad de Ingenieros de Santander; Ernesto Matallana, PhD en Derecho, y Félix Jaimes, uno de los creadores del mecanismo de veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, completaron su tarea, Rodolfo Hernández se sentó a ajustar su proyecto.
Rodrigo Fernández,
Hernández radicó el proyecto de ley el 4 de octubre y de inmediato pidió una audiencia privada con el Presidente Petro en la Casa de Nariño para explicarle los aspectos más novedosos de la propuesta. Una semana después, cuando compartieron un café en Casa de Nariño, le explicó al presidente que su intención es frenar la firma de convenios interadministrativos mediante la cual gobernadores y alcaldes se las arreglan para adjudicar contratos con un proponente único. En otras palabras, a dedo.
Le dijo que nada justifica prácticas perversas que se han impuesto en el campo de la contratación por cuenta de empresas comerciales e industriales del Estado y sociedades de economía mixta, creadas por concejos municipales y asambleas departamentales, que usan sus propios códigos de contratación y se hacen intocables ante los órganos de control porque se rigen por el derecho privado.
El texto del proyecto de Rodolfo Hernández está acompañado por cifras que muestran que a través de contratos con ese tipo de entidades algunos departamentos y municipios hicieron contratos con proponente único, es decir, sin hacer concursos reales de oferentes como lo ordenan la ley. Según él, sigue siendo común que los contratos, pese a que se relacionan con el mismo tipo de obras, sean fraccionados o atomizados para inflar su cuantía. En esas circunstancias, el único proponente resulta siendo obviamente el mismo adjudicatario en todos los negocios.
Otro propósito clave del proyecto es el de cerrar el margen de maniobra a organismos de cooperación internacional que utilizan recursos públicos para ejecutar proyectos y contratos. Ese también es un círculo desprovisto de control.
Este es ingeniero asesor también se llama Felix Jaimes
En algo que no es usual en el Presidente, no solo le sacó el tiempo necesario para escuchar a Rodolfo Hernández sino que le dio las gracias y se mostró interesado en conocer los resultados del barrido a la contratación hechos por los asesores del hombre con el que libró un cabeza a cabeza durante la segunda vuelta de la elección presidencial.
Falta ver si su bancada, ahora acéfala, le marchará al proyecto y si las demás apoyan la iniciativa de alguien que ahora está nuevamente en campaña electoral buscando convertirse en gobernador de Santander.
Aunque la lucha contra la corrupción es siempre una prioridad, no está claro hasta donde está dispuesto a jugarse el gobierno por un proyecto de esta naturaleza cuando su agenda legislativa está marcada por otras prioridades, como la reforma tributaria y no ha dado señales claras de compromiso en esta lucha que pasa por confrontar la clase política con la cual Gustavo Petro decidió aliarse, a la manera tradicional, para tramitar sus reformas.
