Al parecer, el Ingeniero Rodolfo Hernández no está interesado en hacerle oposición al gobierno de Gustavo Petro, con quien compartía el tema central de su campaña que era acabar con la corrupción, campo en el cual Petro tiene credenciales válidas. Tampoco tiene el ingeniero mayor representación en el Congreso (dos representantes en la Cámara, más su fórmula vicepresidencial, y él mismo en el Senado, si decide asistir), así que no tendría manera de ejercer una efectiva oposición política si quisiera hacerlo. Además, ha ofrecido al nuevo presidente su colaboración. Entonces, ¿dónde está ahora la oposición en Colombia?
En la elección presidencial votaron 22,6 millones de ciudadanos.16 millones que podrían haberlo hecho no lo hicieron, porque no se sintieron amenazados, estaban conformes con cualquier resultado o no les importaba. Los 11,2 millones que votaron por Petro, eran claramente la oposición al actual gobierno. Los 6 millones que votaron por Hernández en la primera vuelta, también, aunque tampoco les gustaba Petro. Los 5,5 millones que sumó Hernández en la segunda vuelta fueron principalmente los votos huérfanos de los partidos del Equipo por Colombia que votaron por Federico Gutiérrez y Hernández rechazó oficialmente. Así que, en plata blanca, la oposición no es Hernández sino los partidos que apoyaron al gobierno Duque y que fueron derrotados en la primera vuelta, aunque no todos estarán dispuestos a hacerla.
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El país político, a quien corresponde sacar adelante la agenda gubernamental, quedó lejos de estar partido en dos partes iguales, como parecería haber sucedido con el país nacional
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Lo que sucedió en la elección presidencial fue algo muy simple, que pasa en todas partes: un gobierno impopular es derrotado por la oposición política, que pasa a ser gobierno. Y algunos de quienes apoyaban a ese gobierno pasan a ser oposición. Claramente el Centro Democrático, el Partido Conservador y la Bancada de Dios. El resto, el Partido Liberal, y la U y Cambio Radical, que tienen un origen liberal, no tendrían razones para oponerse y sí muchos intereses por hacer parte del gobierno. Así que el país político, a quien corresponde sacar adelante la agenda gubernamental, quedó lejos de estar partido en dos partes iguales, como parecería haber sucedido con el país nacional, que votó asustado ante la perspectiva de un gobierno totalitario de extrema izquierda que fue un fantasma producto de la imaginación de los estrategas de campaña.
La nueva composición del Congreso tiene para el nuevo gobierno un aspecto positivo y uno negativo, que no lo es tanto para el país. El positivo es que el Pacto Histórico es la fuerza mayoritaria en el Congreso con 20 curules en el Senado y 27 en la Cámara, a lo cual sumaría los Comunes y la Alianza Verde, lo que le permite presentar y debatir con una buena base parlamentaria todas sus iniciativas. Se evitó con el triunfo de Gustavo Petro la situación inédita y casi absurda de un presidente que no tuviera representación en el Congreso, por completo en manos de las fuerzas parlamentarias, que hubiera sido una grave ruptura del equilibrio de poderes.
Lo negativo para el nuevo gobierno, pero positivo para el país, es que con esa bancada no podría aprobar ninguna de sus iniciativas, lo cual lo obliga a la construcción de una coalición con las fuerzas progresistas que quieran suscribir su agenda de cambios, ajustadas por el debate parlamentario. El mejor de los mundos para aclimatar las reformas que se requieren en la sociedad colombiana, de modo que no sean impuestas por una minoría sino fruto de un consenso nacional.
En cuanto al país nacional, el mensaje del presidente electo es la convocatoria de un gran acuerdo sobre políticas públicas que no dan espera. Acuerdo que va mucho más allá del Congreso porque implica vincular a él a muchas otras fuerzas sociales, principalmente al sector empresarial. Dijo Gustavo Petro en su conciliador discurso como ganador que su propósito era fortalecer el capitalismo, para que Colombia salga de una era precapitalista, o sea, un lugar donde no hay una masa crítica de empresas competitivas que generen empleo y bienestar, sino oasis de privilegios, que es lo que produce la inequidad. Cualquier economista estaría de acuerdo con eso. Toca al gobierno y empresarios sentarse a acordar los términos de ese desarrollo, para lo cual ya hay manifestaciones de colaboración de ambas partes. O sea, nada de estatismo empresarial, sino trabajo conjunto, que es la base de la social democracia.
Y le toca al gobierno conquistar a la opinión pública disipando los temores generados por la campaña presidencial, dominada por un estilo dañino, creado en Estados Unidos, de atacar sin misericordia y sin escrúpulos al oponente, para acabar con su reputación, independientemente de si lo que está diciendo es bueno o malo. Character Assassination le llaman a eso. Temores que se disiparán con acciones que envíen señales de tranquilidad a todos los sectores para decirles que se van a respetar los derechos adquiridos, pero que las cosas no van a seguir igual, sino que las vamos a cambiar entre todos para bien de todos.
