Uno de los temas fundamentales que afectan a toda la Costa Atlántica es el del servicio eléctrico, porque está relacionado directamente con la calidad de vida de la población y con la capacidad del sector productivo. Se cumplen veinte años de la privatización de las siete electrificadoras de sendos departamentos de la Región Caribe por parte del gobierno de la época y en el año 2000 la trasnacional española Unión Fenosa compró la mayoría accionaria de la empresa, obviamente con fines de lucro. Su primera “hazaña” fue la de desmantelar miles de kilómetros de redes de cobre para venderlas en el extranjero y hacer el primer saqueo de un patrimonio público que le había costado años de pagos de sobretasas a los usuarios de la Costa. El monopolio español instaló en su reemplazo redes de aluminio de mala calidad que desmejoran el servicio. También despidió a miles de trabajadores idóneos e instauró la tercerización laboral, otro atentado que va en desmedro de un servicio adecuado.
Ante tamaña afrenta y otros desafueros, el senador polista Jorge Enrique Robledo hizo un debate en el Congreso ¡hace catorce años!, desenmascarando la naturaleza expoliadora de la compañía foránea y denunciando los atropellos y el pésimo servicio para los millones de usuarios, los saqueos y la política antisindical. Solicitó a la Contraloría General de la República que realizara un control excepcional a dicha empresa. En los cinco lustros siguientes, hasta hoy, el senador Robledo ha hecho innumerables debates sobre Electricaribe en la Comisión Quinta del Senado y en las plenarias de la misma corporación, a los que invitó a representantes de los indignados usuarios del norte del país.
Más de una década después del primer debate, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, abrió una investigación especial contra Electricaribe y encontró graves anomalías de inmensa gravedad que caen en la órbita del Código Penal. En primer lugar la trasnacional Gas Natural Fenosa, que surgió de la fusión de Gas Natural y Unión Fenosa, dueña del 85,38% de la empresa, se embolsilló más de 217.000 millones de pesos entre el 2011 y el 2017 del subsidio especial Foes, destinados a los sectores más vulnerables de las llamadas áreas especiales, donde habitan 400.000 familias, dos millones de personas. Según la Contraloría, Electricaribe debe devolver el dinero a sus verdaderos dueños. El ente de control encontró además detrimento patrimonial en los recursos entregados por el Estado para los programas de normalización de redes (Prone) y electrificación rural (Faer) por más de cien mil millones de pesos. Con la devolución de estos recursos se deberían cancelar las deudas infladas que atormentan a más de dos millones de usuarios costeños, una vez depuradas.
El senador Robledo ha venido proponiendo a las fuerzas vivas de la costa que le exijan al Gobierno nacional adelantar las cuantiosas inversiones que se requieren para mejorar la infraestructura obsoleta dejada por los españoles, única forma de mejorar la calidad del servicio eléctrico. La costa debe exigir también que se alivien las deudas infladas de los usuarios y que se modifique la normatividad tarifaria a favor de los usuarios.
