Una y mil veces escuchamos decir que los colombianos vamos en el tren del progreso porque se construyen grandes autopistas, aeropuertos que nos conectan con el mundo y porque hasta en los lugares más remotos la gente anda pegada a un teléfono inteligente.
No obstante, una masa enorme de los conciudadanos, a la menor oportunidad, se lanza sobre los bienes del Estado, en una actitud de rapiña, como la que caracteriza a los perros del desierto.
Robar al Estado es la práctica nacional más extendida y está tan naturalizada que pocos se quejan. Esto lo vemos en cada esquina donde cualquiera puede utilizar el espacio público y la red de energía para montar su pequeño “emprendimiento”.
De esa forma no pagan arriendo, ni servicios públicos, como por la recolección de basura. Al interior de casi todas las entidades oficiales, como las oficinas de catastro, las universidades, los hospitales, correos de 4-72 y las alcaldías hay un personal que tiene su puesto de venta de frutas, tintos, chucherías y hasta artículos de dudosa procedencia.
En las afueras, se amontonan entre la mugre y el desorden los que cuidan los vehículos de los funcionarios, los traficantes de influencias o documentos y por supuesto los otros vendedores que roban energía del poste más cercano. Obviamente entran y salen permanentemente porque necesitan utilizar los servicios sanitarios de la entidad o “ver a algún amigo”. Todos llegan cada mañana a cumplir con sus roles; nadie dice nada porque para todos es normal vivir en esa mezcla corrupta donde no se distingue lo que está bien o está mal, entre lo legal y la ilegalidad.
Por su parte, los que están arriba de la pirámide, los dirigentes políticos, gerentes y subgerentes, directores administrativos o los rectores, no se ponen a pelear con la plebe que circula por el edificio, ni a pedir que limpien los asientos o las paredes destartaladas, porque van derecho a sus oficinas a buscar mejores dividendos.
Unos se conforman con ser los burócratas que solo firman los papeles o echan discursos, otros construyen contratos para sus amigos y están los que funcionan pero en tiempos de campañas electorales para garantizar que la maquinaria no se descarrile del cauce normal que traen los partidos tradicionales desde hace doscientos años.
Diseñar las leyes o inventarse los grandes contratos de la Patria es la práctica más tristemente famosa, donde los ratastillas y los abudines utilizan al Estado para robar al propio Estado y a los ciudadanos.
Los ejemplos son muchos, como Agro Ingreso Seguro, Bonos del agua, Odebrecht, Reficar, Hidroituango, Saludcoop etc aunque eso importa poco a los que votan por los mismos de siempre.
Otra de las estrategias de rapiña que utiliza la clase dirigente consiste en desacreditar a las empresas públicas, mediante medidas que conduzcan a la ineptitud, para así poder venderlas a bajo precio a los amigos o familiares prósperos, como sucedió con Telecom, muchas de las entidades de servicios públicos, Ferrocarriles Nacionales y tantas otras. En esa dirección o algo parecido van ahora con 4-72, la empresa que depende del MinTIC.
Paso a explicar este último caso concreto. Aunque los uribistas liquidaron Adpostal, disque para mejorarle sus indicadores de gestión, desde entonces los casos de ineptitud no han faltado, pero todo se agudizó con la insistencia en Twitter del expresidiario, expresidente y excongresista para que se le extendiera el cobro del IVA a todas las mercancías (sin distingo alguno) que llegaran de países no firmantes de un TLC con Colombia. Basicamente China.
El presidente entonces, siguiendo la orden, introdujo en la reforma tributaria dicha idea en el 2021, disque, para recomponer los ingresos del Estado. Lo que no nos explicaron es que del presupuesto nacional sale la plata que utilizan los funcionarios como la vicepresidenta para hacer maromas especulativas en los paraísos fiscales.
Entonces, ahora, cuando usted compra un artículo de dos dólares en China, debe pagar el 19% de su valor a la DIAN, a ello debe sumarle que 4-72 le cobra la suma de $11.000 por el trámite para que le digan a usted cuánto tiene que cancelar.
Lo mejor de todo es que a pesar de pagar con prontitud, no hay garantía de que le entreguen el paquete. Se puede “embolatar” o simplemente lo devuelven al remitente, con lo cual usted pierde su inversión.
Muchos compradores están molestos y quejarse con la Superintendencia de Industria y Comercio es tiempo perdido porque ellos reman para donde rema el Gobierno. Lo cierto es que algo turbio se está moviendo, tanto que hasta German Vargas Lleras anda interesado en el tema y ya ingenuamente algunos ciudadanos han caído en la trampa de pedir que liquiden esa empresa.
Del gobierno ya nada bueno se puede esperar en este tema porque recuerden que estamos en los tiempos del “robo con legalidad” y donde la frase de “el que la hace la paga”, se trasformó en “al que nos ayuda le pagamos” con un puesto más alto, una embajada o consulado, un ministerio o se le designa miembro del Banco de la República.
