El 26 de septiembre del 2016, cuando Pedro Pablo Cortés se posesionó como gerente del Hospital Luis Ablanque de La Plata en Buenaventura, el alcalde Eliécer Arboleda le hizo firmar 13 cartas de renuncia con fechas posfechadas, también el mismo número de letras de cambio para amarrarlo a su voluntad. Si Cortés decidía actuar con independencia y se la salía de las manos, el alcalde podría retirarlo del cargo a su arbitrio, sin indemnización, ni justa causa, y además quedarse con parte de sus ingresos. Este es un hospital de alto riesgo con un historial de muertos encima.
Tres años atrás, en la tarde del 28 de enero del 2013, después de haberse reunido en el Hotel Intercontinental de Cali con el alcalde Bartolo Valencia —quien terminó destituido—, el concejal de Buenaventura, Stalin Ortíz, fue abaleado. El concejal, quien a su vez era pastor evangélico, llegaba a su casa del barrio Buenos Aires de Cali con un folder de documentos que respaldarían la denuncia que se preparaba a hacer en el Senado de la República en Bogotá. Se trataba de pruebas de nóminas paralelas, contratación irregular, ausencia de informes financieros y la presencia de parientes de políticos pagados por el hospital.
Un ejemplo de ello era que el concejal Hernán Sinisterra tenía trabajando a su ex esposa, Clara Gruesso y, además, el propio Bartolo Valencia había puesto varios de sus familiares en la nómina. Stalin Ortíz había descubierto que el concurso de méritos para escoger director del hospital, a cargo de la Universidad Santiago de Cali, era manipulado por Édison Delgado Martínez, hijo del exsenador liberal y exalcalde de Buenaventura, Edinson Delgado Ruíz. Quería incluso ir más allá y remontarse hasta el 2004 cuando el médico Maximilano Castro intentó manejar con seriedad y transparencia el hospital y terminó saliendo exiliado a España en el 2011, acorralado por las amenazas.
Pedro Pablo Cortés aceptó el cargo con temores y con un antecedente que le daba, desde un inicio, mala espina: le recibía el cargo de gerente del hospital a la esposa de Eliécer, Viviana Oyala, una mujer sin preparación alguna que había estado tres meses como gerente interina. Cortés llegó con un empeño: sacar adelante el hospital, atender bien a los pacientes, salvar vidas. Sin embargo, su propósito no duró más de cuatro meses cuando cansado de la presión que ejercía sobre él el alcalde y su hijo decidió renunciar.
Los rumores de la mala administración de Arboleda en Buenaventura llegaron hasta el Congreso de la República. En la sesión del Senado del 4 de abril, la senadora del Centro Democrático denunció públicamente al alcalde. Hizo alusión a la acusación que lo señala de haber falsificado su diploma de bachiller y además recalcó que manejaba las instituciones municipales como cajas menores. También, habló sobre las amenazas que rodean a Pedro Pablo Cortés. Adicionalmente, la diputada uribista, Juanita Cataño, también denunció que el nuevo gerente posesionado por el alcalde, Silvio Jair Alegría Fernández, nacido en Guacarí era una cuota política de la gobernadora.
El apetito de los políticos por el hospital de Buenaventura tiene una explicación. El presupuesto de $40 mil millones junto a sus 560 empleados la hacen la institución pública más importante de este puerto, donde viven 500.000 habitantes. La mayoría de los pacientes son del Sisben y el servicio que prestan es de pésima calidad. Las deudas se lo están comiendo: en el 2013, año del asesinato de Stalin Ortíz, esta llegaba a los $ 5.952 millones. Ahora, cuatro años después, bordea los $ 20 mil millones.
En octubre de 2016, acorralado y sintiéndose impotente, Pedro Pablo Cortés se presentó en una notaría a contar, en declaración juramentada, la presión a la que estaba sometido por el alcalde Arboleda y su hijo Jorge Eliécer. Este es un joven de 24 años, quien trata con los contratistas, quienes hablan mucho de él, pero soto voce. La semana pasada le fue encontrado en un allanamiento más de 400 millones de pesos.
Sin embargo, su paciencia se agotó el 21 de marzo pasado. Una semana después, tres hombres preguntaban por él en la casa de su mamá, una señora de ochenta años. Cortés hizo la denuncia en la Fiscalía y señaló con nombre propio a Eliécer Arboleda y a su hijo como los autores de la amenaza. Espera en Bogotá protección, mientras los secretos reposan en una notaría.
