Pensar siquiera en cometer una brutalidad igual o peor que la Masacre en las Bananeras ya es una ignominia. Causa horror esa aberrante práctica del gobierno colombiano de mandar a matar a ciudadanos inermes y necesitados durante toda su historia, en especial en estos tiempos del periodo 2002-2018 en Colombia, presidido por el execrable Álvaro Uribe Vélez.
Por eso es que durante la conformación de la JEP se aplazó 3 meses la firma del acuerdo, para y hasta que lograran excluir a presidentes y expresidentes de esta misma jurisdicción especial, con el objetivo que no fueran juzgados caso tal se encontrara alguna anomalía o delito durante sus gobiernos, inclusive la cúpula militar renegocio varios apartados a su favor. Ya se entiende por qué tanta insistencia en presionar a la JEP y estoy seguro de que el gobierno sabía a qué se estaba enfrentando por su actuar delincuencial. Desde ese momento se sentían presionados por lo que se pudiera descubrir y evidenciar con los falsos positivos.
Es decir, que la política de seguridad democrática no fue una política de seguridad para los colombianos, sino una política de exterminio masivo y de litros de sangre o ríos de sangre de ciudadanos colombianos para mostrar cifras de “éxito militar” ante los organismos nacionales e internacionales. Semejante exabrupto solo se les ocurre a ellos y decir que 6402 asesinatos entre los que se encuentran niños, jóvenes y adultos fueron perpetrados por “manzanas podridas” es una rotunda mentira y burla ante el pueblo colombiano porque de seguro hasta la canasta está podrida.
El director de la división de lasAméricas de Human Rights Watch, el abogado José miguel Vivanco, le había criticado los falsos positivos al gobierno de Uribe con Santos como ministro de defensa, los denunciaba ante la negativa del gobierno en insistir que eran “guerrilleros muertos en combate”. Inclusive con Santos ya en la presidencia se le preguntó sobre el informe que compromete a 16 generales con falsos positivos, dijo con contundencia: "que no nos vengan a manchar la institución y que no hay una sola investigación en contra de estos altos oficiales".
Ahora que la JEP publicó que la cifra provisional era de 6.402 casos de colombianos asesinados por militares, ¿qué dirán estos dos individuos?
Ahora bien, si solamente durante los primeros seis años del gobierno de Uribe (2002-2008) se calcula 6402 víctimas asesinadas según la JEP y ese gobierno llegó hasta el 2010 entonces se le deben sumar 2134 víctimas más, es decir, 8536, sumadas al periodo presidencial de Santos (2010-2018) donde todavía se cometían crímenes de civiles, entonces la cifra aumenta aproximadamente a 17072 crímenes de lesa humanidad. Datos que lo confirma un presunto excoronel exiliado Omar Eduardo Rojas.
Estas cifras escabrosas ponen a pensar en las mentiras del gobierno y de la fiscalía general cuando afirmaron que solamente eran 2248 las víctimas o como afirmó Paloma Valencia que eran exageradas, y aun así con solamente una sola víctima es repudiable el hecho que lo hicieran para congraciarse con los organismos internacionales sabiendo que eran vidas humanas que les dolían a sus familiares y lo único que buscaban era oportunidades de empleo que el gobierno no garantiza.
¿Acaso quién se goza del dolor ajeno o no se siente dolor al dispararle a alguien que no te ha hecho daño alguno?, ¿qué estaban pensando esos soldados que les dispararon a los niños? Y peor aún, ¿quién les devuelve la vida a esos seres inocentes que ni con todo el dinero, agasajos, ascensos y reconocimientos que recibieron los que dieron la orden o los que la perpetraron les sacará de sus memorias esos crímenes atroces?
No quiero imaginarme, pero sí quiero pensar si en las próximas elecciones presidenciales queda algún individuo de la mal llamada seguridad democrática, esto empeorará los ciudadanos no tendremos derechos ni en teoría, será un régimen espurio en donde las personas obedecerán o las asesinarán hasta el punto de quedarse sin población civil Colombia y entonces la sociedad política que gobierne les tocará matarse entre ellos por su odio y ambición desmedida,
Aquí se evidencia lo que dijo el Dr. Carlos Climent que muchos exitosos en la política, en los negocios, en la farándula o en cualquier ámbito de la vida cotidiana son sociópatas que se aprovechan de los demás, abusan, roban, engañan, se sienten poseedores de la verdad, mienten con cinismo, son insensibles y abusivos.
Los sociópatas mienten con una facilidad y todo el mundo sufre a su lado y esas personas hacen daño y no tienen sentimientos de culpa. Ellos no aprenden de su propia experiencia y no respetan las normas, ni leyes de una sociedad, ni valores, ni ética, ni tradición familiar y tienen una habilidad para culpar a otros. La corrupción en Colombia llego a niveles enormes por tolerar a muchos sociópatas que han dirigido nuestro país y lo peor es la indiferencia de parte de muchas personas que después olvidan lo sucedido o tienen mala memoria. El capitalismo es el sistema que en su expresión más despiadada es la manifestación de la sociopatía o este en ese sistema encuentra el escenario.
Pero y entonces a quién se culpa, si a pesar de todo tuvieron que ser conscientes de los homicidios.
Quedará la inquietud de si la JEP imputará cargos de arriba hacia abajo como se los imputó a la antigua Farc o de abajo hacia arriba como lo viene haciendo al Estado colombiano, pero sin culpar a quienes en realidad dieron las órdenes y estaban conscientes de los homicidios, es decir, presidentes, ministros, políticos, o a quienes los apoyaron como los empresarios.
De todos modos a todos los que participaron de semejante barbaridad tanto los que recibieron y perpetraron la orden por acción u omisión como generales, coroneles, comandantes, soldados y posteriormente a quienes les tocó investigar como fiscales, jueces penales militares, medicina legal, CTI, entre otros, deben de responder por esos crímenes atroces.
De otro lado, uno se pregunta: ¿cuál fue el papel de los EE. UU. en dichos hechos (sabiendo que ellos financiaron gran parte de los dineros que seguramente fueron a parar al ejército?, ¿acaso no investigaron?, ¿por qué no denunciaron (con tantos soldados norteamericanos que llegaron para esa época)?, ¿se hicieron los de la vista gorda?
Es evidente que la sociopatía está incrustada en el Estado colombiano: corrupción, matanzas, mentiras, narcotráfico, nepotismo, encubrimientos, robos y prácticas vergonzosas estimuladas y protegidas desde las más altas esferas del gobierno.
