Con la Ley 105 de 1993 sobre contribuciones fiscales fue impuesto el modelo de peajes viales como el principal instrumento de obtención de recursos para el mantenimiento y adecuación de la infraestructura vial en país. Esto supone que, así como hay un deber de pago, los colombianos adquirimos el derecho de circulación sobre unas “excelentes carreteras” equipadas con los servicios básicos en caso de emergencia y necesidad como las ambulancias, grúas y carros-taller. El problema principal radica en que además de no contar con estos servicios, todos los usuarios estamos pagando valores excesivos que no se han visto reflejados en las vías a las que tenemos derecho.
Ese precio de los peajes en Colombia supone una garantía de buen mantenimiento, óptimas condiciones de desarrollo, seguridad y tranquilidad a la hora de viajar por carretera. Pero claro, en el país de los exorcismos al palacio y los corruptos eternos, estas premisas solo benefician a las concesionarias y contratistas mientras las vías nacionales entran en estado crítico por fallas estructurales en sus trazados (Ver caso Chirajara), las difíciles condiciones geológicas de los terrenos, la famosa corrupción y las contradicciones políticas y administrativas entre entes nacionales y municipales.
Esto ha representado un abuso cada vez mayor a los colombianos, los cuales impotentemente ven como suben los precios al creciente número de peajes que, actualmente, ya superan la escandalosa cifra de 140 en todo el territorio nacional. Por ejemplo, a inicios de este año en la región de Urabá (Antioquia) se llevó a cabo un paro cívico por parte de los habitantes de la zona ante la instalación de tres nuevos peajes. Si bien en un principio se contempló la posibilidad de reubicar las casetas y cobrar tarifas diferenciadas, después de las manifestaciones violentas y los líos judiciales, dejaron dos peajes funcionando sin tener en cuenta alguna solución alternativa.
Es inaudito tener que pagar la tercera cifra más alta de peajes de América Latina (después de Uruguay y Perú) por la peor infraestructura vial de todo el continente. En un caso exitoso como el argentino, además de tener tarifas diferenciales —dependiendo del nivel de congestión, hora y tipo del vehículo— no mayores a los 5.000 pesos colombianos, los peajes cobran la circulación de las motocicletas y en la mayoría de los casos están equipados con organismos de socorro para atender cualquier emergencia. Así mismo, la infraestructura vial ha permitido viajar a los argentinos y extranjeros de ese país con una comodidad y seguridad muy lejanas a lo que puede percibirse en las principales carreteras de Colombia.
Esto nos conduce a peajes mal gestionados donde la gente tiene que pagar hoy una inversión de mejoramiento de vías a futuro que hasta el momento no han tenido resultados positivos. Sumado a esto, no se piensa en los impactos a las comunidades rurales y se instrumentaliza estas modalidades de cobro para la valorización de predios y el beneficio de pocos privados. Aquí cabe preguntarse realmente a quién benefician las regalías o que alternativas pueden tener estos impuestos ya que siguen apareciendo las vías agrietadas a pocos metros de los puestos de los peajes, no se dejan pasar cuerpos de bomberos municipales para atender las emergencias y se tienen cierres viales casi eternos por cuenta de los derrumbes y caídas de puentes tal como sucede con la vía entre Bogotá y Villavicencio, irónicamente con los peajes más costosos.
Como resultado final tenemos un país en el que viajar por carretera en un carro es un lujo que, al sumarle el alto precio de la gasolina, las foto-multas imperceptibles en el camino y los gastos extras en las paradas nos hace preferir viajar en avión (cuando el destino permite hacerlo) o quedarse a descubrir los planes bogotanos. Esto no debe desmeritar el hecho que excepcionalmente carreteras como la Autopista del Café (Armenia, Pereira y Manizales) o la vía entre Pereira y Cali tengan unas condiciones muy aceptables, pero, eso no justifica un impuesto que acarrea multas de 8 salarios mínimos-día vigentes por su evasión.
Se necesita un mayor control político y ciudadano de los recursos de los peajes que permitan acercar las distancias entre las concesionarias cerradas y entes de cobro con los millones de usuarios de las vías. Sumado a esto, deben contemplarse soluciones a las comunidades rurales que tienen impuestos adicionales en el transporte de sus productos y por último, el Estado debe cumplir sus funciones de apoyo popular en el que se prevenga el cobro de tarifas excesivas, se promocione el bienestar y se tenga mayores obras de infraestructura vial a las que todos los colombianos tenemos derecho.
