En las sillas que ocupan el presidente de Fedegán, José Feliz Lafaurie y Jorge Bedoya, presidente de la SAC en la Junta Directiva del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), se sentarán Glenis Esther Garrido Cossio, lideresa del Alto Atrato y Leidi Johana Pérez Hurtado, exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Nariño.
Garrido Cossio puede no ser muy conocida en el sector financiero colombiano, pero sí entre los miembros del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), máxime desde mayo de 2023, cuando en calidad de representante legal, recibieron la sentencia que les restableció los derechos territoriales sobre más de 73 mil hectáreas de tierra durante un evento simbólico con Jehnifer Mojica y Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y su jefe antes de ser ministra.
Yuto es la cabecera municipal de Atrato, ubicada a 25 kilómetros de Quibdó, donde Garrido Cossio ha desarrollado su actividad en los últimos años y Cocomopoca es considerado por ellos como un espacio donde se reúnen todos los miembros de las comunidades de la región que tienen sus necesidades básicas insatisfechas.
Pérez Hurtado es ingeniera agrónoma de la Universidad de Nariño; Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Gobernación de Jhon Alexander Rojas, quien inscribió por firmas su movimiento Mi Nariño y acaba de ser nombrado presidente del Partido La fuerza de la paz fundado por Roy Barreras. Ella es una de las fundadoras y representante legal de la organización ambiental Fundación Semillas sin Fronteras (Fundasef 2015) dedicada a apoyar a las poblaciones vulnerables. En 2016, por ejemplo, mediante alianzas productivas, apoyaron a la Asociación de Agricultores La Esperanza Kilómetro 52 dedicada a la producción de yuca.
Ninguna de las dos tiene experiencia financiera. Finagro, sociedad de economía mixta fundada hace 34 años, vigilada por la Superintendencia Financiera es un banco dedicado a prestarles a otras entidades microfinancieras y cooperativas que puedan otorgar créditos baratos a los productores agropecuarios. Tiene 250 empleados y maneja más de 17 billones de pesos en activos.
Con el Decreto 1962 firmado por el Presidente Petro en diciembre pasado se posibilitó el cambio de la composición de la junta directiva de Finagro que definió la representación de las comunidades indígenas, afro y raizales.
Distintos a los voceros de las entidades del gobierno, sobrevivieron como representantes del sector privado Roberto Holguín Fety por Davivienda y Miguel Angel Charria por el BBVA –antiguo Banco Ganadero- ambos accionistas minoritarios de Finagro. Nelly Antonia Velandia ya venía haciendo parte en representación de la Asociación de Usuarios Campesinos.
En estas movidas en la alta dirección de Finagro, lo sorprendente no es la llegada de las lideresas a la Junta, sino la salida de la Junta de pesos pesados de la economía y las finanzas como el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie; el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya y la excodirectora del Banco de la República, María Mercedes Cuellar.
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