Tanto Bogotá como Cali han sido los principales escenarios del estallido social ocurrido en Colombia desde el pasado 28 de abril; que en el caso de la capital se prolonga con asombrosos y heroicos levantamientos de las comunidades de Usme (Yomasa), Kennedy (Portal de las Américas), Suba (Tibabuyes) y la Calle 80, violentamente sometidos por los aparatos sanguinarios de la policía y el Esmad, responsables de las lesiones oculares de decenas de jóvenes, del asesinato de varios líderes y de linchamientos mediáticos y judiciales que han contado con el beneplácito del gobierno distrital de la señora Claudia López.
En la situación concreta de Bogotá, el papel de la alcaldesa Claudia López ha sido tremendamente funesto para el movimiento social y popular. Esta funcionaria fue elegida en octubre del 2019 con amplio apoyo ciudadano que se volcó a respaldar sus discursos moralistas contra la corrupción, que dieron pie a una consulta anticorrupción en el 2018, la cual terminó siendo un chorro de babas y de tonterías sin mayor trascendencia en su lánguido trámite legislativo, pues la esposa de la alcaldesa, senadora Angélica Lozano, le hizo creer al gran público que esa era la fórmula salvadora para la profunda crisis política de la sociedad colombiana. Mentiras. Toda una ridiculez política.
Ese discurso pseudomoralista en realidad fue utilizado por Claudia López para tapar la verdadera almendra de su irrelevante ideología, que no es otra que la nueva versión de “izquierda” del neoliberalismo (de origen obamiano), la cual consiste en hacer unos cambios cosméticos colocando lgtbi, afros, indígenas, habitantes de la calle, en algunos cargos del gobierno, pero eso sí conservando la esencia del paradigma que prioriza el mercado/oferta y la demanda como principal motor del desarrollo capitalista con explotación máxima del trabajo obrero y sideral acumulación de riqueza en unos cuantos ultramillonarios.
Tan pronto se conoció el plan de desarrollo del nuevo gobierno de López rápidamente se detectó que se trataba de otra versión del neoliberalismo que había sido entronizado por el exalcalde Enrique Peñalosa en la administración 2016-2019, como una estrategia regresiva de destrucción de las políticas sociales progresistas de las administraciones de izquierda de la ciudad.
Ese plan de López daba prioridad a la construcción de un nefasto Metro elevado, a la construcción de un ecocida TransMilenio por la Avenida 68, al mantenimiento del fatídico sistema de TransMilenio (que es un gran negociado de 13 poderosas familias de la ciudad con inversiones en Chile y Centroamérica), a la privatización de la salud y al desarrollo de otros proyectos para favorecer al poderoso sistema financiero y bancario asentado en Bogotá.
La frustración de la ciudadanía con esta ruta de pseudodesarrollo fue inmediata. Grandes sectores de la ciudadanía se sintieron traicionados con esta peligrosa deriva de la señora Claudia López. Situación que llevó a muchos líderes y organizaciones a proponer la idea de la revocatoria de su mandato, tal como se había planteado con el gobierno del ultraderechista Enrique Peñalosa, con amplia acogida, claramente saboteada por los órganos electorales.
Pero llegó la pandemia y el quiebre fue fatal. Con un plan de ese perfil era imposible atender los problemas sanitarios generados por el coronavirus y los problemas sociales propiciados por la caída de la economía.
Los contagios se dispararon, los muertos se acumulaban, el hambre azotaba a millones de seres humanos y el desempleo se propagó como una plaga. Aparecieron por millones banderas rojas demandando soluciones.
Desde marzo del 2020, Claudia López peló el cobre y se recostó en los aparatos represivos de la policía y el Esmad para aplastar la inconformidad popular en la ciudad.
Así fue en las masacres de septiembre del 2020, y así ha ocurrido a lo largo de los tres meses del paro cívico que sacude a toda Colombia desde fines de abril del año en curso.
Ciertamente el paro cívico en Bogotá ha sido uno de los procesos de mayor envergadura en el país llevando al bloqueo de la ciudad, al cuestionamiento de las falsas políticas sociales del gobierno distrital, a la denuncia de la acción represiva violenta de la Policía y el Esmad, que se ha cobrado la vida de centenares de ciudadanos y las lesiones oculares de decenas de jóvenes, con el beneplácito implícito de la señora López.
Con la alcaldesa Claudia López (falsa verde y mentirosa progresista), el Estado ha mostrado en toda su crudeza su rostro sanguinario y destructor tal como lo acaba de certificar un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos/CIDH, que ha dejado por el suelo la retórica y la gramática fascista del régimen, donde se debe incluir a Doña Claudia, quien recientemente hizo cambios en las líneas policiales distritales de su gobierno de la mano del pastranismo más hirsuto, del uribista ministro de la Defensa y de la fascista cúpula militar.
El estallido social bogotano bien puede caracterizarse como la más cabal expresión de la lucha de clases, misma que ha colocado en su sito a cada uno de los actores y sujetos de la confrontación social. Su virtud, en este caso, ha sido poner al desnudo la naturaleza protofascista de la alcaldesa y de su gobierno puesto en la línea del frente en compañía del gobierno de Duque y Uribe.
Desde luego la nitidez de la lucha de clases capitalina ha hecho surgir poderosas subjetividades revolucionarias organizadas en puntos de resistencia emblemáticos (Usme, Bosa, Kennedy, Héroes, Suba, universidades, portales y en las rutas de TransMilenio) que han logrado estructurar una gigantesca red de acción popular alternativa con propuestas radicales de cambio para la ciudad que bien se pueden resumir en la exigencia de libertades civiles, la disolución de la Policía Metropolitana y el violento Esmad, el castigo a los agentes policiales responsables de homicidios y lesiones oculares, el reconocimiento de las “primeras líneas” de combate, la expropiación de Transmilenio a los trece pulpos privados que lo explotan (acción que en la práctica ejecuta ya directamente la comunidad, con bloqueos y parálisis de estaciones y articulados del SITP), la suspensión de la construcción del metro elevado, la suspensión del ecocida TransMilenio por la 68, la gratuidad de la educación superior, la renta básica para 1 millón de familias, la financiación de proyectos productivos, la organización de la seguridad alimentaria, la atención gratuita de la salud, la entrega de subsidios de vivienda, la garantía del derecho a la movilidad y la constitución de espacios comunitarios de democracia asamblearia que permita el combate a la corrupción de funcionarios y concejales comprometidos en cadenas de despojo de los bienes públicos.
Las nuevas subjetividades bogotanas son una realidad y la alcaldesa intenta cooptarlos con falsos programas de acción social que son puros paños de agua tibia.
Dichas subjetividades prefieren construir poder popular desde sus espacios soberanos y menos entrar en las lógicas tramposas de diálogos y negociaciones que lo único que persiguen es desmovilizar y sobornar a los líderes, sobre todo a aquellos que no tiene una clara conciencia de clase y una ética comprometida con las comunidades.
Para estas subjetividades y organizaciones alternativas, surgidas al calor del paro y las acciones de masas, bien conviene retomar la propuesta de la Revocatoria del mandato de la alcaldesa, aunque ya sabemos por 30 años de experiencia que este recurso político establecido en la Constitución de 1991 y en la Ley del voto programático es objeto de manipulaciones y sabotajes efectivos de parte de quienes son sometidos al cuestionamiento democrático.
Es por tal razón que resulta más idóneo acudir a la acción directa para expulsar y desalojar del gobierno capitalino a la alcaldesa y su rosca de beneficiarios con la contratación y las infraestructuras burocráticas.
Un paro cívico bien puede plantearse como la principal acción directa que derribe el aparato neoliberal, represivo y policíaco imperante en Bogotá en cabeza de doña Claudia.
La reciente experiencia del paro nacional puede ser un referente clave en la organización de dicho paro en Bogotá, que bien puede despegar el próximo 20 de julio, con ocasión de la presencia de todas las primeras líneas del país en una gran manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá, que el gobierno de Duque pretende bloquear e impedir con amenazas y persecución a los líderes populares de la nación.
Un primer paso en esa dirección puede ser la realización de una gran asamblea popular distrital en una universidad pública para establecer un plan de trabajo que incluya corte de líneas y rutas, plantones, acciones pedagógicas y estrategias comunicacionales, para de esa manera darle forma al paro con la bandera central de la salida de la alcaldesa Claudia López.
Manos a la obra.
