Rememoro el anunció al país del anterior presidente de la CSJ, Fernando Castillo, en que aseguró que antes de la salida -12 de febrero de 2024- de Francisco Barbosa, tomaría posesión la nueva fiscal, mientras por los pasillos y mentideros judiciales se referían a las supuestas concertadas maniobras orientadas a frenar la elección de la calificada terna enviada oportunamente por el señor presidente, conforme a las reglas del Estado de derecho, sin que la provisionalidad figure entre ellas.
Clientelismo judicial que equivocadamente pensábamos erradicado
Maquiavélico, maquillado entramado que aparentemente desmentía la burda, grosera, imperdonable, provocadora manipulación del Fiscal saliente, que con su acostumbrado aire imperial anticipó que se retiraría dejando por unos meses al frente del degradado por él ente investigador, a la cuestionada vicefiscal Mancera. Desvergonzado, farisaico, mediocre narciso -esclavo de sus intereses- que jamás mereció ocupar el honroso cargo, a pesar de autocalificarse como el ‘líder’ que el país requiere, “defensor a ultranza de las instituciones" que “no va a salir corriendo”, asegurando que “habrá Francisco Barbosa para rato”
Todo al parecer -por lo visto- con la anuencia de la Corte -tribunal sin la autoridad moral superior-, heredera del ‘cartel de la toga’ liderado por Jorge Pretelt, Francisco Javier Ricaurte y José Leónidas Bustos, etc, cuyos fiduciarios le fallaron -también- al país, al dilatar -sin razón- la elección de quien ha de conducir los destinos de la desprestigiada Fiscalía, urgida de una cabeza competente, ecuánime, ajena a pasiones mezquinas, politiqueras, como de las que hizo gala el espécimen en comento, que con creces demostró no haber sido el “hombre más estudiado y culto de su generación, ni el mejor fiscal del planeta tierra”.
Desbordada medianía con agenda política en contravía del interés general de la justicia que reclama el país que, con razón, reforzado con el reciente caso del magistrado, Francisco Farfán, se comprueba la reedición del precitado ‘cartel de la toga’, lo que legítima, válida la protesta popular contra la CSJ, por alargar el régimen del endiosado Barbosa, mediante la interpuesta funcionaria; reproche avalado por plurales fuerzas democráticas y un importante sector de la sociedad civil que a gritos pide la nueva fiscal, máxime cuando la penosa, repudiada dilación se dio en favor de una persona llena de graves, fundadas sindicaciones.
Acoso asumido por la intocable CSJ, como indebido, como un atentado a la autonomía judicial; escudo protector en que se guarecen para soslayar el ímpetu provocado con la calculada, injustificada morosidad en el cumplimiento de su deber, por decir lo menos. Justicia que como rama autónoma del poder público, tiene el deber de soportar la protesta -justa y razonable-, ocasionada por su incuria, la falsa creencia de que las altas cortes tienen garantizado el derecho a trabajar sin control, sin el ojo auscultador de la sociedad
A ignorar el requerimiento de una aclaración, del pedido para que señale cuál es el problema de la terna -declarada por la misma Corte ajustada a derecho- permitiendo -sin ofrecer ninguna explicación- que un funcionario, vergonzosamente discutido, haya hecho el preanuncio de la cocinada prórroga -de hecho- del período en cuerpo ajeno.
Corte que nada ha dicho sobre las gestiones y presiones de las fuerzas oscuras que desde la sombra y distintos frentes, batallan para que la actual estructura de la Fiscalía continúe, infecto foco de corrupción, copado por un sector ideológico que en el pasado la repudió y excusó todo tipo de vejámenes en su contra, como de la justicia; el mismo que impulsó ‘ternas de uno, de amiguetes’ que favorecieran las deudas pendientes con la justicia, ejemplificado por su actual mozo de espadas que auspició, patrocinó, socorrió la preclusión de los delitos que acosan a quien ahora posa como defensor con el hipócrita y vacío alarido: “A LA CORTE SE RESPETA”.
Parcializado Fiscal que como consejero presidencial de su compañero de pupitre, distorsionó -en su defensa- las estadísticas criminales, recibió pagos como ficticio catedrático e investigador de la Universidad Sergio Arboleda, según denuncia (fehaciente) que por escrito fue elevada ante el Ministerio de Educación, por el supervisor académico, Leonardo Espinosa, decano de Derecho, quien reiteró que el revivo, crecido Barbosa, no dictó clases ni efectuó investigación alguna, simplemente cobró millonarias sumas por no hacer nada.
Largueza generosamente compensada con dinero de los contribuyentes, al otorgarle un contrato por más de 2.850 millones de pesos por su apoyo pedagógico a la Fiscalía. Y por si fuera poco, nombró fiscal de extinción de dominio a la detenida hija del rector Rodrigo Noguera, Ana Catalina, esquivando de paso las denuncias públicas que lo señalaban incurso en la posible comisión de varios delitos.
Porque respetamos la Corte, la justicia, estamos interesados en que marchen bien; razón para exigir -con todo derecho- que cumpla la obligación de elegir Fiscal para el período que señala la Constitución, incitando a no callar las prácticas reseñadas, a efecto de que del 56 % de colombianos que no tienen confianza en la anémica justicia como en la desconceptuada Fiscalía, la recuperen, objetivo básico para enfrentar la conflictividad social, para apacentar la paz.
Cruzo los dedos para que la CSJ priorice -con armónica, uniforme óptica- la impostergable elección ,para que no la enrede más con subalternas consideraciones.
