Quienes estuvimos vinculados a esta organización, conocimos de primera mano la forma en que esta compañía sorteó las presiones del conflicto y la forma en que atravesó la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal
Mi historia en Postobon abarcó casi 20 años, desde finales de los años 80 hasta los primeros años de la década del 2000. pero en estos momentos en que la polémica por la supuesta financiación de esta compañía a grupos armados al margen de la ley se encuentra en debate nacional, me veo obligado a contar mi historia y lo que sé.
Para nadie es un secreto el nivel de influencia de grupos armados ilegales en todos los niveles de nuestra sociedad, llámense narcotraficantes, guerrilleros o paramilitares. Postobon no estuvo al margen de esta influencia, al ser una compañía con presencia nacional, sufrió los ataques y atropellos de estos grupos, con más efectos, al momento en que se incrementaban los niveles del conflicto. El conflicto afectó a Postobon principalmente a través de diferentes modalidades de extorsión en las zonas de influencia de estos grupos, en donde los ilegales incineraban los vehículos de reparto y en algunas ocasiones asesinaron a distribuidores y funcionarios de la compañía para presionar el pago de sus extorsiones.
Quizá el pico del conflicto que más afectó a Postobon fue el secuestro de Carlos Upeguí en el año 93, un alto ejecutivo de la Organización Ardila Lülle. En ese momento la compañía se dio cuenta de su vulnerabilidad y la incapacidad del estado para combatir la ilegalidad, y creo yo, propició la rendición de Postobon ante los ilegales.
Previo al secuestro de Upegui, se había incrementado la extorsión a la compañía, los grupos armados, quienes consideraban, que si la compañía se lucraba de un negocio que realizaba en sus zonas de control, lo natural fuera que aportara parte de sus ganancias para la guerra. Fue así como empezaron los cobros sistemáticos que fijaban tarifas de extorsión por cada caja de gaseosa vendida.
Para entender como funcionó la mecánica de extorsión inicial, que derivó en una serie de procedimientos internos de aportes por parte de la compañía, es necesario entender cómo funcionaba el sistema de distribución de gaseosas de Postobon en el país.
La distribución de sus productos hasta los inicios de los años 80 estuvo a cargo de la compañía, es decir, la compañía contrataba directamente empleados que conformaban su fuerza de ventas y distribuían los productos en todo el territorio nacional. Este sistema propio de distribución paso luego a ser a través de vendedores independientes, vinculados mediante un contrato de distribución de productos, es decir, sin vínculo laboral con la compañía, lo cual le permitió modernizar el servicio, mejorarlo y poder tener un mejor control sobre este personal y por lo mismo sobre las ventas y la distribución.
La implementación del sistema de distribución a cargo de estos distribuidores independientes, obligó a implementar un sistema de precios y comisiones por caja vendida, para remunerar de esta manera al vendedor.
Cuando este sistema de distribución estaba operando, vino el recrudecimiento del conflicto de finales del siglo pasado y empezaron las extorsiones. Los ilegales intimidaban a vendedores para el pago de extorsiones, en ocasiones les robaban el dinero producto de las ventas, incineraban los camiones o hasta el mismo inventario de producto que transportaban en los camiones.
Estas acciones se presentaron en todo el país, y la compañía empezó a considerar las mejores opciones para evitar la afectación que esto representaba en las ventas, la participación del mercado y sus ingresos; decide entonces acomodarse a esta situación a cambio de mantener su presencia y sus cifras de mercado. Los funcionarios se vieron obligados - con la conveniente miopía de los directivos la compañía- a reunirse con los líderes paramilitares y guerrilleros, pues no se permitía considerar la disminución de las ventas e ingresos de la zona a cargo por esta coyuntura.
Las prácticas comerciales de Postobon históricamente no han sido las más santas, recordemos que desde los años de sus inicios se han valido de cualquier mecanismo para conservar, mantener y aumentar su participación del mercado, es así como la guerra de las colas desatada en nuestro país en los años setenta termino con la salida del mercado de los competidores más débiles, una serie de pequeñas empresas regionales productoras y comercializadores de gaseosas que fueron absorbidas por los más fuertes, terminando en la realidad de hoy del mercado nacional liderado por solo dos marcas, Postobon y Coca Cola.
CÓMO FUNCIONABA
Existe una figura de incentivo a clientes al interior de la Compañía, que se llama la “Reposición de Producto”, esto consiste en regalar producto a los clientes, ya sea como incentivo por sus compras, fidelización, relaciones públicas o atender algún evento especial. La reposición de producto era tramitada por los vendedores mediante un formato que aprobaba con su firma un supervisor o un gerente general ó un gerente de ventas y en el formato se relacionaban las cantidades que se entregaban como reposición o como comúnmente lo llamaban los vendedores “obsequio”. Esto permitía, que las cantidades de producto relacionadas en este documento, no eran cobradas al vendedor al momento de la liquidación de su venta.
Los dineros para el pago de aportes a los grupos ilegales salían del producto de las ventas que realizaban los vendedores, por ejemplo, si en su inventario llevaba 200 cajas de gaseosas y vendia 150, elaboraba un comprobante de reposición por 50 cajas, cuando llegaba a la planta para la liquidación, le cobraban solo 100 cajas, las otras cincuenta eran descontadas por el comprobante de reposición, de esta manera el dinero entregado a los ilegales salía del producto de las ventas, y vendedores, supervisores y gerentes se encargaban de entregar estos dineros a quienes correspondía.
Estos comprobantes tenían un campo en el que se relacionaban las cantidades de producto obsequiado, y otro campo para observaciones. En el campo de observaciones, en los casos que conocí, se utilizaban notas en clave para saber a qué correspondía, notas como “aporte especial”, simplemente “aporte” o en algunos casos se relacionaba “Plan F”, en clara alusión al grupo guerrillero FARC.
De este mecanismo de pagos a grupos ilegales, tuvieron pleno conocimiento las directivas de la compañía, pues es evidente el control que ejerce esta compañía en sus ingresos y ventas a través de directores nacionales de cada area, que monitoreaban lo que sucedía al interior de cada una de las Plantas desde lo financiero, hasta las ventas; y como los comprobantes de reposición se incrementaban, pues esto afectaba el flujo de efectivo y las ventas de producto. Un papel fundamental en esta etapa la cumplió el jefe nacional de seguridad de Postobon, un mayor retirado llamado Jaime Alonso Castaño Navas, quien se desplazó por todo el país corroborando que los aportes fueran destinados correctamente y tratar de determinar si los aportes correspondían a posibles fraudes de vendedores y empleados.
Este método de legalización de los aportes económicos a grupos armados funcionó por muchos años, principalmente en la segunda década de los años 90, pero como todo lo ilegal no dura mucho, derivo en una serie de fraudes a la compañía, pues algunos vendedores, supervisores y gerentes se valían de este medio, ya que con una sola firma podían acceder a cantidades considerables de efectivo para beneficio propio, escudándose en las presuntas extorsiones, lo cual la compañía advirtió y empezó a diseñar una estrategia que le permitiera mantener un control mas riguroso sobre estos aportes.
Si bien, este mecanismo de financiación de grupos ilegales nació de la extorsión y posteriormente se implementó en todo el país con el conocimiento y aprobación de los directivos de Postobon, la falta de mecanismos de control de estos aportes, y el incremento de los fraudes internos, terminó por generar gran desconfianza en los mismos. Es cuando la compañía decide implementar una nueva estrategia para realizar estos pagos, lo cual -como he dicho- mantiene y reafirma la política institucional de Postobon para la financiación de grupos ilegales. Esto al interior de la compañía fue abiertamente conocido, como un gran secreto a voces.
El nuevo sistema de distribución, implementado al inicio de la década del 2000, fue liderado por altos ejecutivos de esta compañía, y estuvo a cargo de su diseño e implementación el señor Mario Tobón Ríos, Director Nacional de Distribución.
EL nuevo sistema, consideraba la distribución de los productos a cargo de distribuidores mayoristas en las poblaciones de mayor injerencia de los grupos armados. Esto consistía en que a los nuevos distribuidores se les entregaba el mercado de estos territorios, los distribuidores debían tener vehículos de reparto propios para evitar presiones a la compañía y la quema de sus vehículos, y ellos se encargaban de manejar las relaciones con los grupos armados y efectuar los pagos de los aportes por extorsion. El dinero para el pago de los aportes a grupos ilegales, igualmente salía del negocio de la venta de gaseosas, pero le dieron un aire de legalidad ya que se establecieron altas comisiones por caja vendida por estos mayoristas. Por ejemplo, si la caja de gaseosa se vendía en el mercado a 15 mil pesos, al llegar a la planta al distribuidor se le cobraban 9 mil pesos, la diferencia era la utilidad del distribuidor, en la cual se consideraban sus gastos operacionales y los gastos de financiación a grupos ilegales. Esta mecánica de distribución existe hasta el día de hoy, y seguramente en las zonas en las cuales tienen gran influencia los grupos armados ilegales, se siguen haciendo pagos y aportes a los mismos provenientes del negocio de las gaseosas de postobon. Estas estrategias de cooperación de la compañía con los ilegales, fueron más evidentes para los trabajadores, durante la presidencia de la compañía del señor Héctor Fernando García Ardila, quien fue responsable de grandes logros para la compañía tanto en lo financiero, como en las ventas; y quienes conocimos su gran capacidad de control sobre la compañía, no podemos dudar que conocía de las prácticas de financiación y ayuda a grupos ilegales. Nadie al interior de la compañía podría afirmar que esto sucedió a sus espaldas.
Para muchos que pertenecimos a esta organización, sin importar el nivel o el rol desempeñado, fue evidente la política permanente de negociar y aceptar los pagos a los ilegales por parte de postobon, hoy que el debate ha salido a la luz pública, le corresponde a las autoridades, en especial a la Fiscalía General de la Nación, hacer las indagaciones necesarias para corroborar lo dicho, pues si hasta el momento se cuenta solo con simples testimonios de ex paramilitares de Justicia y Paz, creo que este testimonio le indica un camino a seguir a los investigadores.
A las autoridades les bastaría con echar un vistazo a los registros contables de la compañía y de los distribuidores de Postobon en las zonas de alta presencia de grupos subversivos, o a la política de fijación de precios de gaseosas a los distribuidores mayoristas por parte de Postobon, ó al registro contable que esta compañía debe hacer de las cantidades de gaseosas que se venden en el mercado pero no son facturadas bajo la modalidad interna de la “Reposición” u “Obsequio”, o a los registros de caja de las plantas productoras y distribuidoras en las décadas de los noventa y dos mil para observar que ahí existen cuentas que no cuadran.
Tampoco, es necesario que la fiscalía y tribunales se desgaten con indagatorias y versiones de ex jefes guerrilleros y paramilitares; versiones que al provenir de los mismos delincuentes son fácilmente cuestionadas por los acusados. Los investigadores deberían someter a indagatoria a empleados y exempleados de postobon, quienes históricamente, han representado a la misma en las negociaciones de aportes a los ilegales. Sorpresas se llevarían los organismos de investigación y tribunales de justicia, cuando conozcan las versiones de supervisores, jefes de ventas, gerentes de ventas, contadores y auditores de la compañía, que conocieron y ejecutaron esta política ilegal de postobon por orden de sus superiores, y que hoy - por lo menos los que ya no pertenecen a la organización- pueden abiertamente reafirmar y corroborar lo que aquí he denunciado.
Personalmente puedo decir que entregué a nombre de la compañía Postobon, en no menos de cinco oportunidades, dinero en efectivo en sumas que iban entre los dos y tres millones de pesos a un comandante guerrillero llamado Gonzalo, del frente 25 de las FARC, un hombre de edad media, fuerte y de bigote grueso, también a un guerrillero moreno con afro a quien llamaban Mendoza, quien por lo general estaba acompañado de otro guerrillero armado con fusil y que sufría de labio leporino, dinero que provenía del negocio de las gaseosas y que se entregaba con pleno conocimiento de las directivas locales y nacionales de Postobon, y que sirvió para atacar a la población civil, la infraestructura de nuestro país y para causar dolor a muchas familias; algo que nunca compartí, pero por mi condición de empleado y mi vulnerabilidad ante los dos protagonistas de este macabro negocio, tuve que tolerar y admitir como muchos.
