La creación de esta dependencia es estratégica para articular los planes y programas en torno a la paz que se encuentran dispersos entre diferentes secretarías; cohesionar los indicadores de plan de desarrollo en el ítem de no violencia y crear una institucionalidad garante de la implementación del acuerdo de paz en los componentes urbanos y en atención a poblaciones victimizadas y excombatientes. Una gran posibilidad de la secretaría se encuentra en posicionar una agenda de paz desde la no violencia (más allá del acuerdo), algo que no fue posible con Fico Gutiérrez, quien siempre desestimó la importancia de la paz.
A continuación, presento los principales retos y posibilidades que tendrá esta nueva dependencia.
Territorialización del acuerdo de paz
A cuatro años de la firma del acuerdo del Teatro Colón, el balance a la implementación es agridulce. Así se puede evidenciar al leer el informe de seguimiento del Instituto Kroc y los dieciséis cuadernos de la implementación publicados recientemente por el Centro de Pensamiento y Diálogo Político del partido Farc; los puntos más rezagados son la reforma rural integral; la participación política y el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. En la política del gobierno nacional llamada “paz con legalidad” el acuerdo pasó a un segundo plano y por eso el apoyo de las administraciones locales es fundamental para avanzar en su implementación; proyectada a 15 años desde el Plan Marco del Conpes 3932 de 2018. Bogotá ya dio un primer paso con la creación de dos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y en Medellín la nueva secretaría tiene el reto de territorializar los componentes del acuerdo que tienen un énfasis urbano.
¿Cuáles son?
Son tres: participación política; reincorporación socioeconómica y víctimas (justicia transicional). El primero crea un conjunto de medidas orientadas a profundizar la participación y reducir los niveles de estigmatización hacia la población reincorporada. El mayor avance en este punto se encuentra en la actualización del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia que asume nuevas funciones y la expedición del Estatuto de Oposición. Sobre el componente de reincorporación, según datos suministrados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para el 31 de mayo del 2020 vivían en Medellín 246 exguerrilleros en proceso de reincorporación, un número que tiende a crecer periódicamente ya que la ciudad es receptora, con ellos, es importante avanzar en una caracterización de sus proyectos productivo; estado de las cooperativas y situaciones de riesgo.
El componente de víctimas resulta siendo el mayor desafío porque implica establecer sinergias con el sistema de justicia transicional conformado por la Comisión de la Verdad; la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Asimismo, robustecer las rutas de atención a las víctimas y a poblaciones que llegan desplazadas huyendo de la gravísima crisis humanitaria que azota regiones como el Bajo Cauca; el Norte y el Nordeste. Situación que en los últimos meses se intensificó dadas las disputas territoriales por el control de rentas ilegales. A estas poblaciones se suman los habitantes de la ciudad víctimas de desplazamientos intraurbanos y fenómenos asociados al reclutamiento. Poner a las víctimas en el centro también implica asumir un gran compromiso con la no violencia y los instrumentos creados desde el acuerdo de paz.
¿Y las posibilidades?
Son muchas y dependen de los canales de diálogo que la secretaría habilite con los sectores sociales y ciudadanos que trabajan por la paz. En Medellín habitan grandes experiencias de liderazgo social en torno a la reconciliación que fueron invisibilizadas en la alcaldía de “Fico” Gutiérrez; un alcalde hostil que prefirió priorizar su agenda política en detrimento del diálogo social. Sin el temor político de agendar el acuerdo a la visión de ciudad (en su faceta de activista Quintero fue un defensor del acuerdo) y propiciar espacios de entendimiento; la mayor posibilidad de la secretaría recaerá en su capacidad para generar las confianzas necesarias y así avanzar en la creación de una política de no violencia de largo aliento; potenciando las experiencias de construcción de paz y atendiendo a partir de un enfoque humano y de garantía de derechos a las víctimas.
¿Y podrá iniciar un proceso de negociación con los combos?
No. Esa es una potestad exclusiva del gobierno nacional y delegada históricamente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ningún alcalde o gobernador tiene la autoridad legal para establecer acercamientos de este tipo ya que es una ruta que se debe iniciar desde el gobierno; sin embargo, la secretaría se puede articular o diseñar programas orientados a reducir los niveles de exposición al reclutamiento; promoviendo espacios de formación y estímulos en zonas de alto riesgo e integrando a las comunidades vulnerables a la narrativa de la no violencia y legitimación institucional (para que no se siga legitimando la ley de los “muchachos”). Es posible reducir la base social de esos grupos y eso se puede lograr con estrategias de intervención social.
A diez meses de iniciar su mandato la política de paz de Quintero va cobrando forma. Si en un primer momento se sintió desenfocada e invisibilizada desde el plan de desarrollo, ahora se puede afirmar que goza de estructura y proyección a mediano plazo. Upegui, quien viene de asesorar al alcalde y asumir su primera experiencia en la función pública, tendrá el enorme reto de convertir a la “capital del no” en la capital de la no violencia, una tarea que no podrá lograr solo, requiere del acompañamiento de los sectores sociales y ciudadanos jugados por la paz. La protección de la “paz chiquita” contenida en el acuerdo y la garantía de la vida de los líderes sociales, los excombatientes y las víctimas nos deben unir en un propósito común que trascienda las discusiones políticas. Con la creación de esa secretaría se da un primer paso en ese sentido y ya depende de muchos dar el siguiente.
