Los 23 tenientes coroneles del Ejército que acaban de pedir el retiro del servicio activo tenían un futuro promisorio y al menos la mitad de ellos Iban a ser promovidos a finales de año a cargos tan importantes como comandantes de batallones o jefes de Estado Mayor de las brigadas adscritas a las ocho divisiones de esa fuerza militar.
Según fuentes de la Inspección Genera de la institución, ninguno de los hombres que solicitaron la baja registraba problemas disciplinarios y al menos 14 estaban en la lista de preseleccionados para ascender al grado de “coronel full”, lo que los dejaba a un paso de cumplir el sueño de todo oficial: llegar a ser general de la república.
¿Por qué pidieron entonces la baja de manera sorpresiva y colectiva? En el cuartel general de las Fuerzas Militares, en el CAN de Bogotá, ya es común oír comentarios de algunos uniformados que no están cómodos con la situación que se vive actualmente en las Fuerzas Armadas.
Algunos de ellos creen que el Ejército colombiano, una de las fuerzas mejor entrenadas y cohesionadas de América Latina, está frenado operacionalmente. Consideran que la apertura indiscriminada a los diálogos y negociaciones con organizaciones armadas e incluso mafiosas, en aras de lograr la paz total, desestimula a las tropas porque no alcanzan a comprender el norte de su nueva misión.
En una reciente actividad académica en la Escuela Superior de Guerra uno de los profesores comentó que el lema institucional de “patria, honor y lealtad” corría el riesgo de desvirtuarse en su esencia. “Todos los que estamos bajo banderas somos leales a nuestros comandantes, pero tenemos dificultad para serlo con civiles que tienen mando, pero no conocen ni la naturaleza ni el espíritu del Ejército”, dijo el expositor.
¿A quiénes se refería? Según algunos de sus alumnos, se trataba de una alusión, entre otros, al ministro de Defensa Iván Velásquez y a funcionarios de alto nivel pero civiles que tienen injerencia en el manejo de la Inteligencia, principal soporte de las instalaciones militares.
Crisis en la zona rural de San Vicente del Caguán entre campesinos y la Policía
Algunos fueron más allá al referirse a Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, un hombre que, aunque no tiene mando sobre las tropas, sí ha incidido en su desempeño al convencer al gobierno de que el “ánimo dialogante” para con quienes habitualmente perturban la convivencia ciudadana está por encima del deber de las Fuerzas Armadas de preservar el orden público.
Eso habría quedado demostrado recientemente cuando el presidente Petro dio la orden de que el Ejército no apoyara a un pequeño destacamento policial que estuvo a punto de ser masacrado por la “guardia campesina” en San Vicente del Caguán.
Dentro del respeto a la norma constitucional que impide a la fuerza pública ser deliberante, algunos oficiales han optado entonces por expresar su inconformidad marchando al retiro. En la Aviación Militar, por ejemplo, han caído mal las decisiones tomadas por el Ministro de Defensa de frenar el proceso de mantenimiento de equipos fundamentales para su operación como los helicópteros rusos que la fuerza utiliza para el transporte de tropas y material de Intendencia. También, que los funcionarios de la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa hubieran sido removidos de sus cargos cuando buscaban garantizar la continuidad de los procesos de mantenimiento.
En la Policía Nacional la situación no parece muy distinta. Para la mayoría de los medios pasó casi desapercibida la noticia del retiro, también por voluntad propia, de 32 oficiales entre tenientes coroneles, mayores y capitanes, que el 9 de marzo decidieron poner fin abruptamente a sus carreras.
Entre ellos estaba la coronel Yeimi Liliana Moreno Medina, quien antes de la elección del presidente Gustavo Petro se había convertido en la primera mujer en comandar una Escuela de Carabineros y se perfilaba para destinos más importantes. Ella y otras de sus compañeras como coronel Claudia Patricia Vargas, se perfilaban para llegar mucho más alto gracias a la coyuntura generada por la intención del presidente Petro que querría pasar a la historia como el primer presidente que designó a una mujer como Directora General de la Policía.
Henry Sanabria, comandante de la Policía Nacional de Colombia
Sin embargo, los avances obtenidos en materia de equidad de género parecen haberse visto opacados por otras políticas desacertadas en materia respeto a derechos de última generación. El general Henry Sanabria, director de la institución y hombre de fe -algo que nadie le cuestiona- parecería estar desgastándose con decisiones de carácter moralista mientras el cuerpo armado ve menguada su disciplina y cohesión.
En espacios que deberían estar destinados a la planeación estratégica en campos sustanciales como la seguridad ciudadana, el alto mando se ha ocupado de discursos normativos que censuran la convivencia entre parejas no casadas. En contraste, no se ha distinguido por tomar decisiones para frenar el fenómeno creciente de la evasión de patrulleros mientras están de servicio.
Según las fuentes consultadas, el general Sanabria y los primeros oficiales de la línea de mando no han sabido gestionar, con medidas eficaces, el inconformismo expresado por oficiales subalternos que se han quejado por la falta de respaldo institucional en situaciones de crisis como la que se vivió con ocasión de la toma de las instalaciones de la petrolera Emerald Energy en el Caquetá.
Oficiales, hombres y mujeres, que trabajan para la Dirección de Protección (DIPRO), formados profesionalmente para brindar seguridad a altos funcionarios, se sienten relegados por otros despachos de gobierno. Le han hecho saber al alto mando que resulta injusto que se vean obligados a estar de brazos cruzados mientras la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que ha copado todos sus espacios, está carcomida por una crisis de corrupción que ha escalado al punto de poner en riesgo la vida de su director, Augusto Rodríguez Ballesteros.
Augusto Rodríguez sufrió un atentado en su casa el pasado 7 de marzo
La inconformidad se advierte también en la Dirección de Policía Judicial e Interpol porque no todos los oficiales allí destacados tienen la formación y conocimientos necesarios en materia de policía e investigación criminal.
A ello se sumaría la inconformidad salarial, el incumplimiento de las promesas sobre “actualización” de recursos para vivienda y el deterioro del servicio de salud. Por estos días el Hospital General no da abasto y las citas médicas son asignadas para varios meses después de la solicitud.
La inconformidad existe, aunque no hay evidencias de lo que en otras épocas se llamaba “ruido de sables”, cuando alguna situación que causaba malestar llegaba hasta la propia cúpula institucional.
Aunque en ambos casos, en el Ejército y en la Policía, los retiros se presentan como voluntarios, el ambiente de sigilo que habitualmente rodea al mundo castrense no ha permitido saber qué tanta incidencia han tenido el Ministerio de Defensa y los comandos de fuerza en los retiros masivos.
¿Podría tratarse también de una depuración dispuesta desde arriba? No se sabe con certeza porque en ocasiones los altos jefes recomiendan los retiros, pero les dan la oportunidad a los afectados de que pidan ellos mismos el retiro para que sus hojas de vida no se vean empañadas.
Algunos funcionarios del Ministerio aseguran que retiros y cambios hacen parte de la “dinámica institucional”, pero los signos propios de una crisis parecerían contradecirlos.
Vea también:
