Para cualquier científico que quiera estudiar la biodiversidad, Colombia resulta ser un país clave por ser un país tropical con más de 50.000 especies documentadas de animales y vegetales, con un número igualmente considerable de especies marinas y con una inmensa riqueza inexplorada de microorganismos, lo cual ha posicionado a nuestro país como el segundo país megadiverso en el mundo.
Pese a que la Constitución de 1991, la Decisión Andina 391 de 1996 y el Protocolo de Nagoya 2014 establecen que el Estado promoverá la investigación en biodiversidad buscando que los científicos nacionales sean los primeros en entender su entorno biológico, la reglamentación a esas normas ha convertido el proceso de realizar investigación científica en biotecnología en algo complejo, difícil y hasta riesgoso para los investigadores científicos colombianos.
Para abordar el tema, el pasado 22 de octubre la senadora María del Rosario Guerra citó a los ministros de Medio Ambiente y a la ministra de Ciencias a un debate de control político para preguntarles qué estaban haciendo sus respectivas carteras para controlar o mitigar el problema. El ministro Carlos Correa, quien se posesionó en la cartera de Medio Ambiente hace menos de un mes, no parecía estar enterado de los reclamos que la comunidad científica ha hecho desde hace años. Por su lado, la ministra de Ciencias informó a la audiencia sobre las expediciones Bio, que el antiguo Colciencias y hoy MinCiencias están liderando, en las que se investiga para primero identificar la biodiversidad y luego se proyectan investigaciones en diferentes ramas del conocimiento para buscar aplicaciones de su uso.
En resumen, ninguno de los dos ministros respondió a los cuestionamientos sobre la legislación que entorpece el trabajo de los investigadores científicos. En particular, no abordaron la necesidad de reformar los decretos 1375 y 1376 de 2013 (hoy compilados en el decreto 1076 de 2015), pues: por un lado, estos limitan la investigación a unas áreas del conocimiento restringiendo la visión multidisciplinaria que debe tener el estudio de la biodiversidad en cualquier país del mundo; y, por otro lado, los decretos mencionados direccionan la investigación a unas metas trazadas por los políticos desconociendo que el trabajo del científico va buscando respuestas y debe ser abierto a los resultados que encuentre.
No se le puede condicionar pues más que un ejercicio de metas, es un ejercicio de búsqueda de respuestas a unas preguntas formuladas por los investigadores. Tampoco respondieron los ministros sobre la modificación de la Resolución 1348 de 2014 que, al definir las actividades que configuran acceso a recurso genético, establecen la obligación para los científicos de suscribir contratos para investigaciones en temas como ciencia básica de especies nativas (silvestres, domesticadas, cultivadas o escapadas de domesticación), virus, viroides y similares y productos derivados como ADN, ARN, micro y macromoléculas producidas en organismos vivos.
Teniendo en cuenta esta situación, la senadora Guerra les pidió a los ministros más compromiso para solucionar la situación legal, en respuesta el ministro Correa se comprometió a crear unas mesas de trabajo entre los técnicos del Ministerio de Ambiente y los investigadores científicos para discutir la situación que se está presentando. Esperamos que estos escenarios ayuden a crear diálogos que permitan la modificación de los decretos para que los investigadores colombianos cuenten con normas que promuevan la investigación científica en biodiversidad en lugar de restringirla.
Desde AvanCiencia acompañamos a los investigadores científicos al debate y le haremos seguimiento a los compromisos que adquirieron los ministros en este debate de control político hasta lograr que los decretos 1375, 1376 de 2013 sean modificados, así como la Resolución 1348 de 2014.
